La falta de control de los presupuestos provinciales vuelve a poner sobre la mesa, la inviabilidad de muchos estados que no pueden valerse de sus propios recursos. De esta manera, las provincias vuelven a poner en peligro la salud financiera de la Nación, tal como ocurriera en otras tantas oportunidades, a lo largo de la historia.

Sin tapujos, las provincias “se comieron” todos los recursos disponibles y están al borde de la quiebra. Todavía la situación no está desmadrada. Todavía la Providencia no quiso que se emitían las “cuasimonedas” y con ello estafaran a medio país y falsificaran moneda, en clara violación a la Constitución, para luego tener que ser rescatadas por todos los contribuyentes.

Otra vez, los políticos llevando a la quiebra al resto del país. Para muestra vale algunos casos donde hay provincias que sólo alcanzan a cubrir el 20 por ciento de sus gastos con recursos propios y el resto son giros desde el gobierno federal.

Hay provincias con índices de pobreza y mortalidad infantil similares a los de países africanos y cuyos gobernadores construyen estadios de fútbol o autódromos multimillonarios, cargando sus problemas financieros al resto del país. El intrincado reparto de los recursos coparticipables y la cesión de facultades recaudatorias a la Nación, transformó la relación financiera en una dependencia casi excluyente del dinero nacional.

El descontrol fiscal y financiero, a pesar de los millones de pesos que se giraron desde Buenos Aires, llevó a muchas provincias a tomar deuda a tasas impagables. Por caso, la provincia de Buenos Aires deberá hacer frente a un vencimiento de un bono de 750 millones de dólares colocado a una tasa de 10 ⅞, una rentabilidad multimillonaria para un préstamo en moneda extranjera.

Al riesgo país, hay que colocarle el riesgo provincial. Esos bonos provinciales, aun con garantías de recursos coparticipables y/o de regalías hidrocarburíferas, mineras o hidroeléctricas, están calificados por las agencias de riesgo crediticio con las peores notas, lo que impide que fueran adquiridos por bancos, grandes fondos de inversión o de pensión.

Esos títulos fueron adquiridos por inversores con un apetito voraz por el riesgo, en busca de altísimos rendimientos y que no van a dudar de llevar su reclamo a los tribunales extranjeros, a menos que la Nación rescate esos bonos. Eso fue lo que ocurrió en el último default cuando la Nación tuvo que rescatar toda la deuda provincial cuyo pasivo ascendía a unos 24.000 millones de dólares y hubo que meterlo en la negociación global.

Finalmente, a los acreedores se les cambió la deuda original por un bono (BOGAR 2018) y se les licuó el monto original a 16.000 millones de dólares. El rescate a cinco provincias por 5.650 millones de pesos sirve sólo para evitar el default inmediato. La estructura de gastos de los estados provinciales está desbordada y no cuentan con recursos propios para financiarlos. El auxilio financiero sólo evitó el colapso, a expensas de los contribuyentes asfixiados a impuestazos.

El problema no está solucionado porque la Nación le va a cobrar diariamente de su coparticipación este auxilio financiero. De los 5.650 millones de pesos, 2.000 millones de pesos fueron al Chaco donde el gobernador Jorge Capitanich le tendió la alfombra roja al Presidente Fernández.

Chaco, que se jacta de no tener desempleo, no tiene dinero para pagar sus gastos. Capitanich, el mismo que rompía los diarios en las conferencias de prensa cuando era jefe de gabinete de CFK, pide socorro.

Al igual que en el fin de la Convertibilidad, las provincias llevaron a la quiebra a la Nación. ¿20 años después ocurrirá lo mismo?