Cajas con documentación, escuchas y videos que forman parte de la investigación del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994, y que habían sido desclasificados en 2015 fueron encontrados en virtual estado de abandono en un edificio cuya dirección no puede ser revelada pero que pertenece a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Ello demuestra que, a pesar de lo que muchos sostienen, a nadie le interesa lo ocurrido en la mutual judía. A nadie.
Como sea, el dato fue revelado por diario Perfil, que detalla que se trata de 2000 cajas de papeles y 5000 escuchas en cassettes y videos en VHS, y que la nueva titular de la AFI, Cristina Camaño, tomó esta semana contacto con ese material.
El sitio web de Perfil señala que esa documentación está “en un edificio en el que la falta de mantenimiento y abandono hacen peligrar el estado de las pruebas que aún no terminaron de analizarse”.
Hace 5 años, el decreto 395 dictado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner desclasificó distintos documentos para que puedan ser analizados por la UFI-AMIA, que ahora están en un edificio porteño que, por razones de seguridad, no puede ser develado.
La publicación afirma que accedió a imágenes que muestran que la documentación está en medio de “escombros, basura, vidrios rotos, paredes con humedad, conexiones eléctricas clandestinas y cables averiados”.
Una vez desclasificados, la UFI AMIA -a cargo de Sebastián Basso, Santiago Eyherabide y Roberto Salum- digitalizó parte de esa documentación, pero esa tarea está lejos de estar completa.
Camaño deberá verificar ahora el estado de esas pruebas, analizar si fueron dañadas y, eventualmente, decidir su mudanza a otro lugar en el que estén mejor conservadas y protegidas.
Fernández de Kirchner aportó la documentación de los servicios en marzo de 2015, unos meses después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, por entonces al mando de la Unidad Fiscal AMIA. Nisman acusaba a la mandataria, a otros funcionarios y a dirigentes cercanos al gobierno de encubrir a los autores del atentado a partir de un acuerdo firmado con Irán.
Dos años después, también el expresidente Mauricio Macri firmó un decreto para que se desclasifique información secreta sobre el atentado que dejó 85 muertos.