Como se viene señalando insistentemente desde este espacio, la justicia federal de Mar del Plata, con su gran zona de influencia, fue uno de los grandes focos de resistencia kirchnerista durante el gobierno de Mauricio Macri. Y en la actualidad, con el kirchnerismo nuevamente en el poder, comienza a realinearse en bloque y sin fisuras. Tres de los cuatro Fiscales Federales de la ciudad, Daniel Adler, Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik, apoyan la postulación del Juez Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, el mismo cargo que ostentó hasta 2017 Alejandra Gils Carbó, y que el macrismo no supo usufructuar a su favor.

La jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones marplatense es muy amplia: abarca las localidades de Dolores, Necochea, Azul, Balcarce, PInamar, Mar Chiquita, y Tandil. Durante 2019, dicho Tribunal estuvo como nunca antes en el centro de todas las miradas a partir de la instrucción de la causa por presunto espionaje ilegal que tramita el Juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, de la que este medio se ocupó extensamente durante varios artículos, donde está procesado el Fiscal de Comodoro Py Carlos Stornelli, entre otros. La Cámara debió resolver el año pasado cuestiones de alta sensibilidad como la competencia de Ramos Padilla en la mencionada causa y la declaración de rebeldía de Stornelli. En ambos casos, ratificó lo actuado en primera instancia.

Luego de la renuncia de Jorge Ferro en marzo de 2018, cercado por denuncias de tráfico de influencias, trata de personas y lavado de activos a partir de su vínculo con Alejandro Ferrarello, operador judicial y presunto dueño del ex prostíbulo Madaho´s, y cuya causa penal aún no tiene juez instructor, el Tribunal de Alzada marplatense quedó integrado por los Jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez. Desde entonces, para la mayoría de las cuestiones que les tocó resolver, no debieron recurrir a un tercer magistrado. Sin embargo, para decidir la competencia de Ramos Padilla, integró la Cámara el Juez Federal de Necochea Bernardo Bibel. Se trata del mismo magistrado que había sido severamente cuestionado  por “estar sospechado de beneficiar a los imputados” de una causa derivada de la llamada “Ruta del Dinero K”, más conocida como “Sitio 0 de Quequén”, tema del que este medio ya se ocupó. Pese a ello, el magistrado no se excusó y votó sobre la cuestión, ratificando la competencia de su colega de Dolores. Además, en su momento, el propio Ramos Padilla, en una resolución judicial, admitió compartir con Bibel “diversos espacios profesionales”.

El Fiscal que solicitó a la Cámara de Mar del Plata el apartamiento del Juez de Necochea de la causa mencionada, donde se investiga la adjudicación directa el 14 de febrero de 2013 por el lapso de 35 años a un grupo de empresas denominado “Sitio 0 de Quequén S.A.”, para la construcción de un elevador de granos en el Puerto de Quequén, fue Gabriel González Da Silva. Se trata del mismo funcionario que pidió investigar el tumultuoso paso de Alejo Ramos Padilla en la ciudad de Bahía Blanca como magistrado subrogante, en la segunda mitad de 2015. En el expediente de Necochea, según el Fiscal, “se omitió realizar el proceso de licitación correspondiente, e incumpliendo con los reglamentos del Consorcio Portuario Regional, otorgándose la concesión de forma directa y en muy pocos días”.

No sólo Bibel no fue apartado del caso, sino que además el 30 de diciembre último, a pocas horas del comienzo de la feria judicial y 20 días después de asumido el nuevo gobierno kirchnerista, resolvió dictar la falta de mérito para los imputados, por considerar insuficientes las pruebas aportadas por la Fiscalía. Por su parte, vale agregar también que la causa donde se investiga a Ramos Padilla en Bahía por abuso de autoridad y amenazas, y por un presunto encubrimiento a Lázaro Báez, no registró ningún movimiento de importancia desde agosto del año pasado, justo después del triunfo en las PASO del actual Presidente, Alberto Fernández. A comienzos de julio el Juez Walter López Da Silva había empezado en forma frenética a tomar declaración a los funcionarios judiciales supuestamente maltratados por el magistrado de Dolores.

La Cámara marplatense ya había quedado bajo sospecha cuando el 6 de abril de 2017 resolvió la nulidad de todo lo actuado en los allanamientos a las casas de cambio y cuevas financieras,  debido a "graves inexactitudes de la transcripción de las escuchas telefónicas". Dichos allanamientos ocurrieron el 19 de septiembre de 2016, cuando la Fiscal Laura Mazzaferri y el Juez Federal Santiago Inchausti dispusieron 48 allanamientos simultáneos en Mar del Plata, y otros 4 en la ciudad de Buenos Aires. En aquella oportunidad, la Cámara también fue integrada por Bernardo Bibel. Se trata de la causa 21675 del año 2014, ya que la misma es un desprendimiento de otros allanamientos llevados a cabo en octubre de aquel año, a partir de una instrucción de la PROCELAC (Lavado de Activos), a cargo por entonces del hoy procesado Carlos Gonella.

Sin embargo, en una reciente resolución del 12 de noviembre último, la Cámara, integrada por Alejandro Tazza y Eduardo Jimenez, resolvió el apartamiento de la causa del Juez Santiago Inchausti, a partir de las denuncias de un abogado de un particular damnificado, aduciendo que en los allanamientos se habrían cometido diversas irregularidades, como confusión de domicilios, prohibición de salir del inmueble sobre el cual no pesaba ninguna orden de inspección, e inclusive privación de libertad de las personas y secuestro de todos los celulares.

Luego de los allanamientos de 2016, el magistrado procesó a 25 imputados por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero e intermediación financiera, entre ellos a Oscar Rigano y Juan Carlos García Navarro, titulares de “Jonestur”, involucrada en el tramo marplatense de la causa “Cuadernos”, ya con pedido de elevación a juicio por parte de Carlos Stornelli. La situación de dicho Fiscal es uno de los grandes temas que deberá resolver en lo inmediato la Cámara de Mar del Plata. Aunque diversas fuentes consultadas, en su mayoría abogados marplatenses, no dudaron en afirmar que el procesamiento sería confirmado. Aunque hay que aclarar que en este caso sólo se trata de opiniones.

El representante del Ministerio Público fue procesado el último 18 de diciembre por Alejo Ramos Padilla en la causa por presunto espionaje ilegal. En su apelación, presentada antes del comienzo de la feria de verano, de 177 páginas y representado por la Dra. Raquel Pérez Iglesias, Stornelli califica a la decisión de Ramos Padilla como arbitraria, sesgada, y sin asidero probatorio. Uno de los aspectos donde hace hincapié el Fiscal es que el juez no ha cumplido con lo ordenado por la Cámara marplatense para que defina el objeto procesal y el lugar de comisión de los hechos.

El 13 de mayo de 2019, el Tribunal de Alzada, con las firmas de Tazza, Jimenez y Bibel,  dispuso que el Juzgado Federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla, quien instruye la causa desde los primeros días de febrero, “continúe provisoriamente a cargo del conocimiento y la investigación de las actuaciones principales”. En el escrito de 35 páginas, la Cámara insiste en que no está claro aún el lugar de comisión del delito, es decir, la actividad delictiva que da origen al nacimiento de una investigación.  Y a su vez, le solicita al Juez de grado, es decir a Ramos Padilla, que “establezca rápidamente, y con la debida precisión, en qué lugar se habría conformado la organización criminal”, asegurando que “el universo procesal que sustenta esta causa no se encuentra debidamente delimitado todavía”.

Dos altas fuentes, una de la AFIP nacional y otra judicial, le aseguraron a este medio que Juan Martín Mena, ex número 2 de la AFI  –Agencia Federal de Inteligencia-, habría estado de visita por Mar del Plata previo a la decisión de la Cámara, haciendo “lobby” para que no le saquen la causa a Ramos Padilla, aunque este hecho no pudo ser debidamente confirmado. Mena, oriundo de Balcarce, es el actual Secretario de Justicia de la Nación, cargo para el que sonó el propio Alejandro Tazza, con quien mantiene una muy buena relación. De hecho, desde la propia Cámara le supieron decir a este medio en 2016 que “Mena es un muy buen muchacho. Se dicen muchas cosas de él que no son ciertas”.   

Desde la mencionada renuncia de Jorge Ferro al Tribunal, hace ya casi dos años, aún no fue elegido ningún juez para cubrir dicha vacante. Como así tampoco fue cubierta la titularidad del Juzgado Federal 1 de Mar del Plata, que se encuentra subrogado desde el año 2015, cuando quien era su titular, Alejandro Castellanos, fuera designado el 25 de septiembre de aquel año por la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, como vocal de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Salta. En la ciudad hay cuatro juzgados federales, cuyos titulares son Santiago Inchausti, Santiago Martín, y Alfredo López, recordado por haber dicho que Mar del Plata era un feudo de Justicia Legítima, la agrupación judicial K, cuya “carta de presentación”, una solicitada publicada en los diarios, fue firmada, entre otros, por el camarista Eduardo Jimenez, y cuyo Jefe en la ciudad es el Fiscal Daniel Adler.

Uno de los hombres que suena fuerte, aunque no el único, para ocupar el Juzgado vacante es Roberto Boico, abogado defensor de Cristina Kirchner en la causa por el memorándum con Irán, donde la vicepresidenta tiene dictada prisión preventiva. El 26 de febrero de 2015, un mes después de la muerte de Alberto Nisman, el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia contra la ex presidenta por aquel pacto con el país árabe del malogrado fiscal en tiempo récord.

El mismo Rafecas que hoy los fiscales Adler, Mazzaferri y Czizik apoyan para quedar a cargo de la Procuración. Pablo Portaluppi