La discusión que se generó dentro del Gobierno de Alberto Fernández en los últimos días respecto a que si hay o no en la Argentina presos políticos tal vez parezca estéril en una primera mirada. Sin embargo, se trata de una cuestión no menor en el devenir nacional. Y por el peso de la propia historia trágica del país, se puede tornar un juego demasiado peligroso.

Desde la perspectiva del presente, dicho debate puede hasta parecer obsceno. Tan sólo la idea de considerar como presos políticos a los ex ministros Julio de Vido y Amado Boudou, y al presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, es ciertamente ridícula. El ex Ministro de Planificación llegó a estar imputado en 11 causas, siendo investigado por desvío de fondos, lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito. Los procesos más emblemáticos son la tragedia de Once –donde fue condenado a más de 5 años de prisión, Skanska, Odebrecht, Río Turbio, y Cuadernos, entre otros. El caso del ex vicepresidente es aún peor: además de estar condenado en la causa Ciccone por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, enfrenta la tramitación de una investigación por enriquecimiento ilícito, que tiene en Mar del Plata un importante tramo. Aunque hay que reconocer que dicha causa no ha mostrado demasiados avances en los últimos tiempos. Y el empresario patagónico Lázaro Báez está detenido por la llamada “Ruta del Dinero K”, procesado por lavado de activos y recientemente por asociación ilícita fiscal en la ciudad de Bahía Blanca.

La definición más aceptada cuando se habla de “preso político”, es “toda persona que es encarcelada por sus convicciones políticas y no por un delito tipificado, convirtiéndose sus ideas en una amenaza para el sistema político establecido”. En la Argentina, el término en cuestión remite inevitablemente a la década del 70. Y en concreto, a un hecho ocurrido durante el período comprendido entre 1971 y 1973, que pudo haber cambiado la historia del país. La evocación de aquellos episodios comportan no pocos riesgos para el presente.

El 28 de mayo de 1971 el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, a través de su Ministro de Justicia Jaime Perriaux, dispuso la creación de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (CAFEPE). La misma se puso en funcionamiento el 7 de julio de ese mismo año, y estaba compuesta por tres salas con tres miembros en cada una de ellas. Los magistrados designados fueron Ernesto Ure, Juan Carlos Díaz Reynolds, Carlos Malbrán, César Black, Eduardo Munilla Lacasa, Jaime Smart, Tomás Barrera Aguirre, Jorge Vicente Quiroga y Mario Fernández Badesich. Luego ingresó en reemplazo de Barrera Aguirre, el Dr. Esteban Vergara.

La competencia de la Cámara, establecida en la Ley 19053, se extendía sobre los delitos de “índole federal que se cometan en el territorio nacional y lesionen principios básicos de nuestra organización constitucional, y que tienen por objeto lograr una ruptura violenta del sistema institucional argentino”. Aquellos eran tiempos de violencia política, donde el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y Montoneros, entre otros, eran los protagonistas casi excluyentes de la vida diaria del país. Dichas organizaciones armadas llamaban al flamante fuero antisubversivo, “Camarón”, o directamente “Cámara del Terror”. Pero lo cierto es que, como dice el periodista y ex titular de la SIDE en tiempos del ex presidente Carlos Menem, Juan Bautista “Tata” Yofre, autor de un gran libro sobre el tema, llamado “Volver a matar”, “de lo que se trataba era de pelear a la violencia revolucionaria con la ley en la mano”.    

El 27 de mayo de 1973, dos días después de asumido el efímero gobierno de Héctor Cámpora, el Congreso vota y aprueba las leyes 20.508 y 20.510. La primera, llamada “De amnistía”, otorgaba la libertad a los llamados “presos políticos”, que en verdad ya habían salido de las cárceles por la fuerza en las últimas horas del 25. Al caer la noche de aquel día, las cuatro manzanas que rodeaban al penal de Villa Devoto estaban atestadas de gente. Ya para las 22 hs, se estimaba que la muchedumbre llegaba a los 50.000. Para la 1 de la madrugada del 26, los presos estaban todos en libertad. El total de prisioneros indultados en todo el país fue de 371, entre los cuales se encontraba un francés acusado de narcotráfico y algunos miembros de la derecha peronista. La mayoría de los detenidos, 175, estaban alojados en el penal de Devoto. La segunda ley, la 20.510, disolvió la Cámara Federal Penal creada dos años antes.

Pocos días después del triunfo de Cámpora, el 11 de marzo de 1973, los miembros de la Cámara Federal comenzaron a sufrir amenazas de muerte. Una de los cantos de aquel entonces era “El Tío Presidente, libertad a los combatientes”-a Cámpora se lo apodaba Tío-. Las crónicas de la época son elocuentes: desde el entorno del presidente electo, se les pidió a los jueces “aflojar un poco en las investigaciones subversivas”. Hubo un hecho que ilustra a la perfección el nuevo escenario: cuando el cadáver del guerrillero Fernández Palmeiro, asesino del contraalmirante Hermes Quijada, entró en la morgue, el jefe de Policía de entonces, Alberto Cáceres, informó a la Cámara Federal que “por orden de Cámpora debía suspenderse la autopsia”. La situación para los camaristas era insostenible.

El domingo 28 de abril de 1974, mientras se dirigía a la cancha a ver a Boca, el Juez Jorge Quiroga fue ametrallado de 14 balazos en pleno centro de Buenos Aires, por miembros del ERP, muriendo horas más tarde en el hospital. El resto de los ex integrantes de la Cámara fueron objeto de amenazas, persecuciones y atentados. Apenas disuelta, según relata Yofre, “todos sus integrantes fueron dejados cesantes y privados de sus derechos previsionales. El archivo fue descuartizado al enviarse los expedientes a los tribunales de los lugares donde se habían registrado los delitos”.

Algunas de las causas más resonantes que tramitaron en la CAFEPE fueron la famosa fuga del Penal de Rawson por parte de los principales cabecillas de la guerrilla, ocurrida el 15 de agosto de 1972; la detención de Roberto “el negro” Quieto, prominente integrante de las FAR (Fuerzas Armas Revolucionarias), el 7 de julio de 1971; el copamiento de la subcomisaría de Villa Mariano Moreno, en la provincia de Tucumán, el 26 de julio de aquel año, donde se detuvo a Fernando Vaca Narvaja; la fuga del penal de Villa Urquiza, ordenada por Roberto Santucho, jefe del ERP, en septiembre de 1971, donde murieron 5 policías, y en la cual se procesó a diversos guerrilleros por los delitos de asociación ilícita, robo y hurto calificado, tenencia de armas de guerra y explosivos; otras causas también tuvieron como imputados a miembros de la derecha peronista, como Norma Kennedy, Alejandro Giovenco y Juan Carlos Gómez, entre muchos otros. En todos los casos, las etapas procesales se ajustaron a derecho: hubo indagatorias, procesamientos, careos, y sentencias.

Luego de la disolución de la Cámara, que había sido creada luego de la toma de la localidad de Garín por parte de las FAR en julio de 1970, y de la amnistía de mayo de 1973, la violencia recrudeció: el 6 de septiembre de 1973 se produjo el ataque al Comando de Sanidad del Ejército en Capital Federal, donde falleció el Teniente Coronel Raúl Juan Duarte Ardoy. El 19 de enero de 1974 el ERP intentó copar el Regimiento 10 de Caballería Blindada en la ciudad de Azul, donde fue acribillado el Coronel Camilo Arturo Gay y secuestrado Jorge Roberto Ibarzábal, mantenido cautivo durante 10 meses bajo tortura para luego ser asesinado. El 11 de agosto del mismo año se produjo el salvaje copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, provincia de Córdoba, donde perdió la vida el policía Marcelino Cuello y fue secuestrado el Mayor Argentino del Valle Larrabure, quien luego de 372 días de cautiverio y sometido a torturas y vejámenes en una cárcel del pueblo, es finalmente asesinado. Su hijo, Arturo Larrabure, aún batalla en los Tribunales para que dicho crimen sea declarado de lesa humanidad, tema del cual este medio se ocupará próximamente. Los asesinos de Larrabure figuran en el Parque de la Memoria.

Además, el 1 de diciembre de 1974 fueron asesinados a balazos por comando del ERP en Tucumán el capitán Humberto Viola y su hijita de 3 años, María Cristina. Un año después, el 23 de diciembre de 1975, también el ERP atacó el Batallón 601 “Domingo Viejobueno” de Monte Chingolo. Finalmente, el 5 de octubre de 1975, Montoneros intentó tomar el Regimiento de Infantería de Monte 29, donde murieron 10 conscriptos, quienes en octubre de 2019 fueron homenajeados por el ex presidente Mauricio Macri. Y no hay que olvidarse de la masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973, en ocasión del regreso definitivo de Juan Domingo Perón al país.

Si bien las cifras difieren, según algunas estimaciones, entre ellos de la Embajada de EEUU en la Argentina, se registraron en el país entre 1973 y 1976 más de 2000 muertes por violencia política. El 30 de julio de 1975, el prestigioso diario “Buenos Aires Herald”, que fue el único que se atrevió en plena dictadura a denunciar casos de desaparición de personas, informó desde sus páginas que en lo que iba de aquel año se habían registrado 245 asesinatos. El 19 de marzo de 1976, el diario La Opinión, de Jacobo Timerman, afirmaba que entre el 11 y el 18 de marzo se había producido 1 muerto cada cinco horas y cada tres horas detonaba alguna bomba en el país. Por su parte, el Centro de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) tiene documentados 1094 casos de personas asesinadas por el terrorismo.

Ninguna época es igual a la otra. Las circunstancias que las rodean y definen siempre son distintas. Pero nunca está de más darle una mirada a la historia reciente. Si bien muchos de los considerados en aquellos tiempos como “combatientes” habían sido condenados durante un gobierno de facto, lo fueron a través del funcionamiento de una Cámara Federal que se ajustaba a derecho. La mayoría de los incluidos en la Amnistía de 1973 tampoco eran “presos políticos”.

La discusión actual no deja de ser un escalón más en la larga etapa de la revolución que cree protagonizar el kirchnerismo, en especial desde la muerte de Néstor Kirchner. Desde la asunción de Mauricio Macri, imaginaron una resistencia como la protagonizada por el peronismo entre 1955 y 1973. El canto “Macri basura, vos sos la dictadura” iba claramente en ese sentido. Hoy, de regreso en el poder, intentan reeditar un debate que hace apenas 47 años derivó en tragedia.

Tal vez algunos debieran tomar nota de ello. Pablo Portaluppi