Las señales que el gobierno argentino envía a la comunidad financiera internacional y la falta de trato negociador con los acreedores ponen al descubierto la falta de un programa económico que sea capaz de convencer al mundo que el país hará sustentable el pago de sus obligaciones.

Si bien es cierto que la exposición del ministro Guzmán en el Congreso Nacional, tuvo más política que sustentabilidad técnica, los modos y el trato dispensado a los acreedores revela también una crisis a nivel diplomático.

Nadie sería capaz de maltratar -al punto de limitar con la provocación y el insulto-, a un acreedor, ni aún cuando se tenga la razón.

¿Por qué el rechazo a la oferta del gobierno argentino? Muy simple, porque se trata de una oferta que lesiona los intereses de los acreedores.

Si la Argentina no puede cumplir con sus obligaciones hoy, y necesita más tiempo para hacerlo, lo primero que debe hacer es conceder algún tipo de mejora respecto de la situación actual.

En lugar de lanzar una bravuconada como “no van a cobrar” o “acepte una quita significativa de sus acreencias”, el gobierno debiera negociar con razonabilidad y no con tamaña demostración de una fuerza que no se tiene.

Por otra parte, el gobierno no puede anunciar que recién va a tener superávit fiscal en 2023 porque eso equivale a decirle a los acreedores que no van a tener qué cobrar hasta ese momento.

¿A quién se le puede ocurrir obligar a un acreedor a aceptar una propuesta de renegociación que no contemple el pago siquiera de una porción de los intereses y del capital?

Los bonos cotizan a una paridad que se encuentra en la mitad de su valor de mercado. Si la propuesta argentina es a efectuar una quita que los lleve a los 25% y 20% o tal vez menos, los inversores estarán más dispuestos a vendérselos a los fondos buitres que a quedarse con un nuevo bono argentino, a mediano plazo.

Para los inversores, esto significa librarse de un pasivo que tendría alta volatilidad y una incertidumbre de repago altísima.

Para la Argentina, sería tener que enfrentar nuevamente a los fondos buitres en los tribunales de Nueva York, algo que da por tierra con los deseos de los políticos de turno y deja al país fuera del radar de los inversores.