Coincidencia y casualidad no significan los mismo. Hoy se produjeron dos noticias cuya coincidencia no es casualidad. Me refiero a la renuncia de Marcos Galperín a la presidencia de Mercadolibre, una de las empresas argentinas mejor cotizadas y el gran unicornio de origen nacional a nivel global.

Unas horas antes se había anunciado el procesamiento de Javier González Fraga, ex director del Banco Nación (BNA) durante la gestión de Mauricio Macri. Más allá de las declaraciones y de los silencios de los protagonistas es imposible soslayar el nexo entre ambos sucesos. De hecho, en la superficie de las dos causas flota la misma boya: la campaña de Cambiemos.

Pero más abajo, en el fondo, está el anzuelo que espera al verdadero pez gordo que quiere pescar el gobierno: Mauricio Macri. Con estos dos hechos el actual gobierno acaba de lanzar formalmente la contraofensiva judicial.

En este punto no hay grieta interna entre Alberto y Cristina Fernández. Y en este mismo punto cobra sentido la importancia que Alberto le otorga a la semántica.

Mientras Cristina y su tropa propia quieren forzar al presidente a que defina a los presos por causas de corrupción como presos políticos, Alberto se mantiene firme en la afirmación contraria.

Ahora queda claro el por qué: si la persecución judicial que acaba de poner en marcha este gobierno contra la administración anterior terminara con ex funcionarios macristas presos, Alberto tendrá motivos para decir, como dijo siempre, “en mi gobierno no hay presos políticos”, se llamen Boudou o, por caso, Macri.

Pero, además, con un agravante: los jueces que dicten las futuras sentencias contra ex funcionarios macristas serán exactamente los mismos que fallaron contra los exfuncionarios kirchneristas presos.

Como epítome del cinismo, los jueces podrán exhibir su imparcialidad e independencia. Parcialidad e independencia que siempre, claro, coincide con los deseos del poderoso de turno. El problema, como siempre, es la justicia.

Marcos Galperín es el fundador de Mercado Libre. Hoy renunció a la presidencia de la empresa más importante de la Argentina y lo reemplazará el brasileño Stelleo Passos Tolda, que era hasta hoy gerente de operaciones en Brasil.

Hay que seguir con mucha atención este caso en el que se cruzan muchos intereses: políticos, económicos y sindicales. Marcos Galperín hizo público su apoyo al gobierno de Mauricio Macri y encabezó un grupo de empresarios que tenían cierta afinidad con la anterior administración, lo cual lo convirtió en blanco, en principio, del sindicalismo.

Para que se den una idea del volumen del negocio que está en juego: MercadoLibre es la firma de mayor valuación de la Argentina, con una capitalización bursátil superior a los 38.586 millones de dólares.

De acuerdo con la mecánica clásica del kirchnerismo, no sería de extrañar que quisieran matar tres pájaros de un tiro: vengarse por el apoyo a Macri, escarmentar al empresariado y apuntar a un negocio fabuloso de 40 mil millones.

Ya lo quiso hacer Moyano cuando pretendió forzar a Galperin a que entregara la logística, que es el corazón de la empresa, al gremio de camioneros. No fue el único pájaro que sobrevoló al empresario que hoy quieren rapiñar.

El gremio de Comercio y el sindicato de los Bancarios también grazna por su parte: uno quiere el jugoso aporte de los empleados y el otro, una participación de transacciones online de MercadoPago.

Pero además del botín con el que quieren quedarse, la persecución a Galperín sirve para escarmentar a quienes osen acercarse a un gobierno que no sea nacional y popular. Jamás le van a perdonar que fuera elogiado por Macri como un empresario “modelo” y presentado como “ejemplo del talento argentino”.

Un país no puede funcionar sin justicia. Un país no puede funcionar con jueces tarifados. Un país no puede funcionar con jueces no ya extorsionados, sino extorsionables, con jueces que tiene prontuarios más extensos que los acusados a los que deben juzgar.

Porque esos prontuarios que ocultan los jueces son el alimento que nutre a los servicios de inteligencia en una rueda macabra de espionaje e información ilegal para presionar por sentencias, absoluciones, aprietes y persecuciones.

Y esta mecánica se ha mantenido a lo largo de décadas, desde la recuperación de la democracia hasta la fecha, pasando por todos, absolutamente todos los gobiernos. Basta con recordar los nexos del ex Juez Norberto Oyarbide con el negocio de la prostitución, la extorsión en prostíbulos ilegales y los nexos con la policía y los servicios de inteligencia.

Un juez que ocupó, nada menos, la Corte Suprema de Justicia, me refiero a Raúl Zaffaroni, claro, era dueño no de uno sino de cinco prostíbulos que administraba la misma persona. No podría existir el narcotráfico, el tráfico de personas, la explotación sexual y el fabuloso negocio de la prostitución sin una pata dentro de la justicia.

Hoy, que se arma una polémica de proporciones, y con razón, porque una cantante marginal reproduce un cartel callejero de los tantos que ofrecen servicios sexuales a los ojos de fiscales, policías y jueces, hoy todavía hay quienes no les parece escandaloso que un juez supremo sea dueño de departamentos en los que se explotaba sexualmente a las mujeres.

Con una velocidad de adecuación asombrosa, una vez más corren los jueces en auxilio de los poderosos. Si alguien quiere saber qué es el famoso lawfare, no tiene más que seguir atentamente las causas con las que hoy el gobierno lanzó su flamante ministerio para la venganza.