El periodismo es el registro de la historia en tiempo real. Luego, con el paso del tiempo, se recortan ciertos acontecimientos, se decoran, se los viste de épica o, al contrario, se ocultan ciertos otros hechos, se lo demoniza o, lisa y llanamente, se los desecha.

El tiempo, por otra parte, más tarde o más temprano, no deja testigos vivos que puedan defender los hechos reales con su testimonio. La posteridad nunca le pertenece a sus protagonistas.

Estamos condenados al juicio de un futuro en el que no tendremos voz ni voto. La verdad es efímera.

El populismo, sin embargo, por su misma naturaleza, ha sabido reescribir la historia en el momento mismo en que se produce; es decir, transforma los hechos actuales en acontecimientos históricos; talla la realidad, gris, intrascendente, en un mármol blanco, aunque sintético.

Expresa ideas simples, pedestres, con el tono solemne de las máximas, disfraza las derrotas en victorias, los fracasos en éxitos, la quita de libertades en otorgamiento de derechos y el despojo económico en dádiva.

El viernes hemos podido ser testigos de esta asombrosa alquimia para darle a la hojalata la apariencia del oro. Con un tono épico, encendido y justiciero, Alberto Fernández disfrazó de suba lo que, en realidad es una baja y de aumento lo que en verdad es un ajuste.

Ajuste, la palabra prohibida del peronismo, esa que jamás pronuncia pero siempre aplica, aunque en todos los casos se la atribuye a los otros.

Como un viejo tahúr, cada vez que va mentir en una mano de truco, el presidente dice “Yo nunca miento”. “Yo no puedo mentirle a la gente”, dijo Fernández, antes de ser presidente, durante el debate electoral, mientras decía que no había dicho todo lo que dijo sobre su compañera de fórmula.

“Jamás nos peleamos y nunca más no volveremos a pelear”, pareció ser el sincero mensaje del entonces candidato. “Mírenme a los ojos; yo no miento…”, le dijo en Alemania a un grupo de empresarios agitando el fantasma del default si no aceptaban sus condiciones.

Lo mismo dijo Kicillof antes de mostrar un cuatro de copas y llenarle la cara de billetes a los acreedores, tal como lo había hecho con el club de París en sus tiempos de ministro. “Odio las mentiras”, dijo Alberto también antes de anunciar con voz heroica el ajuste a los haberes de los jubilados como si estuviera proclamando una revolución.

Antes de que la noticia se convierta en otra página gloriosa del peronismo, como la del aguinaldo y las vacaciones de los trabajadores, sería oportuno analizar las medidas a la luz de la verdad, que no siempre coincide con la realidad.

Veamos: detrás del supuesto aumento del 13%, se esconde otra verdad. Y la verdad es que 2.700.000 jubilados percibirán un aumento menor al que les habría correspondido según la fórmula del anterior gobierno. Es decir, recibirán un incremento del 7%, o sea, 2.300 pesos menos, en promedio, que con el cálculo que la gestión Fernández-Fernández derogó.

Tal como informó hoy en Clarín Ismael Bermúdez, esta afirmación no surge de una usina opositora; al contrario, los números fueron analizados por el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), una nucleamiento muy próximo al gobierno actual.

El informe de este centro señala que “considerando la estructura de jubilaciones, el aumento implicaría una reducción del monto de jubilaciones agregadas de unos 5.500 millones de pesos”. Esto, se vista de lo que se vista, se llama ajuste.

Como siempre lo ha hecho el peronismo, cuando la crónica no termina de adecuarse a la historia que pretende escribir para la posteridad, la culpa la tiene el periodismo: “Este es un ejemplo de cómo se desinforma. Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó. Difunden de modo sesgado un informe del CEPA para poder imponer esa falsa idea del ajuste. Que no te engañen!”, twiteó el presidente con el ya clásico ánimo censor contra quienes no se prosternan a los pies de líder indiscutible.

Por otra parte, resulta muy difícil considerar este hecho como un dispositivo independiente de la contraofensiva judicial y de la venganza con la que el gobierno pretende ejemplificar qué les sucede a quienes se le oponen.

La mayor parte del universo de los adultos y adultos mayores han votado en contra de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Una vez más, serán aquellos que no lo acompañen quienes paguen el costo del ajuste: los jubilados, la clase media y el empresariado. Y los porteños, los tan odiados porteños que se mantienen como el puntal visible y orgullo de su antiperonismo.

Comentábamos la semana pasada la ofensiva judicial contra los ex funcionarios de la anterior administración: el procesamiento a Javier González Fraga, ex director del Banco Central y la renuncia de Marcos Galperín a la presidencia de Mercado Libre.

Se trata de la misma ola con la que el presidente peronista quiere arrasar la ciudad de Buenos Aires, bastión del no peronismo: A través del decreto 149/2020 Alberto Fernández le encargó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la revisión de todas las cesiones de Nación a Ciudad.

Los 31 inmuebles traspasados, playas ferroviarias, Paseo del Bajo y viaductos de las líneas San Martín y Mitre serán sometidos a escrutinio.

Con este decreto presidencial queda derogado el decreto 740 firmado por Mauricio Macri, para cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico-financiera y/o extinguir cualquier otra obligación pecuniaria que haya asumido el Estado nacional” con las provincias y la ciudad de Buenos Aires.

El presidente que dice querer terminar con la grieta no hace más que cavar dentro del abismo en el que pretende sepultar cualquier aspiración del sector que no lo acompañó con el voto.

“Yo no miento”, dirá una vez más, mientras reparte las cartas para la próxima mano y le guiña el ojo, sin disimulo, a su compañera de truco. Aunque finjan jugar juegos distintos, ya todos lo saben, están en el mismo equipo.