El populismo consiste en trabajar políticamente para conquistar mentes y corazones de algunos ciudadanos supuestamente desplazados, resolviendo algunos problemas menores de su subsistencia y explotando el anhelo de rápidos cambios de quienes jamás obtienen representatividad suficiente para decidir por sí mismos la orientación que desearían darle a dichos cambios.

Los políticos profesionales que integran un gobierno populista apelan siempre a su capacidad “natural” (¿) para atender cuestiones de “urgencia y necesidad”, tomando por asalto la capacidad productiva de algunos supuestos ricos a quienes se somete casi siempre a regímenes contributivos “transitorios y excepcionales” (sic), que se instalan luego definitivamente en el tiempo a través de leyes que terminan siendo consideradas fundamentales para el beneficio de la sociedad.

Una entelequia que destierra, además, cualquier posibilidad de recurrir a ideas contrarias a su dictadura conceptual, acusándolas de ser proposiciones que afectarían a un gran número de individuos carecientes, para lo cual usan encuestas de dudosa fiabilidad amañadas por instituciones y profesionales que terminan operando a su favor.

El constitucionalista británico Albert Dicey advertía a fines del siglo XIX que en aquellos países donde el derecho a la libertad individual es un derecho desprendido de los principios de la Constitución, brota inmediatamente la idea antitética de que este derecho es susceptible de ser suspendido o suprimido ante determinadas circunstancias excepcionales, olvidando que dicha libertad individual es inherente al derecho común de un país y no debería ser arrollada jamás.

Los populistas detestan, por supuesto, estos conceptos, que chocan con una “presunción generalizada” (sic) de que siempre debería asegurarse una vida digna y de bienestar a todos los ciudadanos (frase tentadora que nadie puede discutir como principio).

Lo que omiten decir, claro está, es que, en la obtención de este logro, no deberían ponerse de lado los intereses individuales de quienes se esfuerzan diariamente para no sumarse a aquellos que deciden entregarse al “dolce far niente”, esperando que el gobierno de turno atienda sus carencias, sin exigirse a sí mismos nada excepcional en retribución.

Es inimaginable una sociedad en la que puedan sostenerse ciertas metas individuales de libertad y progreso individual cuando se las termina sepultando bajo una maraña de leyes que pretenden asegurar artificiosamente esa vida digna a la que se alude demagógicamente.

Por otro lado, ¿cómo es posible “sujetar” a quienes forman parte de la dirigencia de organizaciones de tercero y cuarto grado que manejan estas declamadas “necesidades populares”?

¿De qué manera se acotan las extralimitaciones tan caras a la probada idiosincrasia de sus principales directivos?

La apatía de muchos ciudadanos ha permitido la extensión de estas ideas propias de una “democracia de masas”, afectando la supervivencia de una sociedad auténticamente libre.

El avance del Estado Benefactor nos recuerda a esta altura, una cita autoritaria del emperador romano Marco Claudio Tácito, quien sostenía que en cuestiones de gran entidad sólo deben decidir unos pocos; por lo que quienes piensan de manera diversa, terminan siendo víctimas de sus imposiciones.

Esto ha terminado produciendo también el fracaso de gobiernos que no pueden controlar –entre otras cosas-, la inflación consiguiente por falta de productividad, creando condiciones ideales para un estancamiento económico producido por la descapitalización privada, merced a la instalación de programas de nacionalización doctrinaria e ineficiente.

El peronismo todo –y especialmente el kirchnerista-, sabe mucho de estas cuestiones. Y, sobre todo, cómo “venderlas” para que sean atractivas e inciten a muchos ciudadanos a votarlos.

Sin embargo, parecerían estar en estos días frente a un dilema que no figuró nunca en su libro de bitácora: pocos fondos públicos disponibles para ejecutar ideas que atrasan 50 o más años.

Last but not least: todo lo antedicho puede explicar también la conducta política de Cristina Fernández, que integra su círculo de dirigentes “amigos” con gobernadores de la talla de Insfran, Capitanich, Zamora y la “hermana” Alicia –por dar un solo ejemplo-, quienes replican a la perfección una parte detestable del credo populista: donde las dan, las toman.

Una Vicepresidente que busca ampliar el terreno de su poder territorial con Axel Kicillof, asignándole un papel preponderante para el futuro: lograr que se encarame algún día a la Presidencia de la Nación, manteniéndose ella como un Rasputin (¿Rasputina?) entre las sombras; hasta que la Argentina se convierta en una sucursal “distinguida” del populismo internacional, habiendo destruido la esencia de lo que fue alguna vez: una nación libre y emprendedora.

A buen entendedor pocas palabras.