Finalmente, se confirmó que, en efecto, el que tiene la última palabra en las ya habituales discusiones entre el presidente y su vice, es Alberto Fernández: “Sí Cristina”. Él tiene, tal como manifestó de manera enfática, la lapicera y los cartuchos. Pero no dice dónde los tiene, en qué lugar se los mandó a guardar Cristina.

Tal como hacía en sus épocas de guapo, antes de ser presidente, cuando le pegaba en los bares a los que osaban decirle algo, el presidente volvió a demostrar quién lleva los pantalones bajos, por si la vice quiere suturarle algo, como cuando se reveló como la gran costurera del PJ.

En efecto, nse supo que la discusión acerca de la denominación de los presos, en muchos casos con sentencia, por causas vinculadas a la corrupción no era una mera polémica semántica.

La liberación de lo que la avanzada kirchnerista sobre la justicia llama “presos políticos”, empezó a tomar forma de ley. Lo que hasta ahora parecía una proclama setentista comienza a tomar volumen, justamente en la fortaleza en la que se blindó Cristina Kirchner: el senado. Es un hecho de una gravedad institucional con pocos antecedentes.

En los setentas los presos fueron amnistiados, es decir, no hizo falta forzar las leyes, sino que el efímero presidente Cámpora sencillamente hizo uso de la facultad constitucional del indulto. Se podrá estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que Cámpora estampó su firma y se hizo responsable.

Más allá de la caracterización legal que hoy se pueda hacer de aquellos presos liberados en 1973, lo cierto es que estaban envueltos en un halo de romanticismo revolucionario muy alejado de la estética y, sobre todo de la ética, de Julio De Vido y Amado Boudou, sentenciados ambos por delitos cometidos cuando estaban plácidamente sentados en sus sillones de funcionarios públicos y no en una dura clandestinidad en el monte tucumano.

A diferencia de Cámpora, Alberto Fernández, no parece dispuesto dejar su rúbrica para la posteridad como el presidente que liberó al responsable de los muertos de Once o al lúmpen aventurero que se quiso quedar con la fábrica del dinero de los argentinos, como para evitar inútiles intermediaciones.

Este martes se conoció un proyecto, que en realidad, no es uno, sino que son dos, uno oculto dentro del otro, como las mamushkas rusas, y, claro está, uno más peligroso que el otro.

Las senadoras María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara, comandadas por la presidenta del cuerpo y vicepresidenta de la nación, propusieron la creación de un “control de convencionalidad” para las prisiones preventivas que anula las detenciones cuando el acusado se autoperciba involucrado en una serie de supuestos, como la difusión en los medios de las acusaciones en su contra.

Claramente, se pretende colar una medida persecutoria detrás de la otra. No sólo buscan anular las prisiones preventivas de los funcionarios, sino, lo que es aún más peligroso, controlar el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y el derecho de informar y ser informado.

Dicho de otro modo, se trata de poner una mordaza a la función periodística en las causas por corrupción.

El texto contiene además potenciales elementos que servirían no sólo para dejar sin efecto las prisiones preventivas de los funcionarios. Cuando se habla “verdaderos linchamientos mediáticos que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado” podría anularse la prisión preventiva.

Por más que el proyecto quisiera aplicarse sólo a detenidos por corrupción, cualquier otro preso en las mismas condiciones podría reclamar este recurso para sí, porque la frontera entre un delincuente y otro sólo existe en la imaginación ideologizada de las senadoras.

Cualquier delito que haya tenido difusión en los medios podría encuadrarse en es esta nueva legislación y así se podrían anular, por ejemplo, la detenciones de los rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa porque, tal como acusó el abogado, “hubo un linchamiento mediático”.

Y de paso, también podría recortarse el derecho a informar de todos los medios que han cubierto el caso de Villa Gesell. De ahí a Venezuela, medio paso.

Adelantándose a la posible sanción de una ley la Justicia Federal de Quilmes le acaba de conceder el beneficio de la prisión domiciliaria al ex secretario general de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.

Rápidos para salir en auxilio de los poderosos, los jueces le abrieron las puertas de la cárcel al sindicalista preso desde el 2017 en el penal de Ezeiza por los delitos de asociación ilícita, coacción agravada y extorsión reiterada.

Tal vez sea hora de que salgan a la caza de los medios que difundieron la noticia, tal como proclamó el Jurista Brieva quien ve materializarse su pedido de la conformación de una CONADEP del periodismo.

A la noticia del proyecto de ley para liberar a los presos y censurar a la prensa, ya de por sí enormemente preocupante, se sumó un dato aún más grave. El presidente acaba de saldar la discusión con Cristina Kirchner sobre si se trata o no de presos políticos. Una vez más la discusión se saldó con el “Sí, Cristina” de rigor.

Alberto Fernández presentó bandera blanca y se rindió antes sus propios subordinados que lo desautorizaron una y otra vez. El presidente publicó este martes un video en el que le da la razón a Cristina y se entrega con las manos en alto ante el concepto de lawfare que menea Cristina con el apoyo del Papa.

El mismo Fernández es quien se pone al frente de las senadoras kirchneristas y las acompaña en la denuncia por “la complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores”.

Hay que decirlo con todas las letras: se acaba de iniciar el ataque a la libertad de expresión que tantos temían y que otros tantos no quisieron ver cuando Alberto dijo con todas letras “Cristina y yo somos lo mismo”.