Un nuevo proyecto de Ley se encuentra en ciernes pululando entre distintas senadoras nacionales, todas ellas con estrecha cercanía con la vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación Cristina Fernández.

Se trata de las senadoras María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara, quienes, salvo la primera, todas pertenecían al bloque K.

Esta iniciativa propone limitar al periodismo a informar datos sobre causas de corrupción, incluso aquellos que aparecen en el propio expediente de la causa que se investigue, es decir, impediría, de ser aprobada, que la prensa ejerza el trabajo de informador.

Si no se trata de una censura directa ¿Cómo podría denominarse?

Según el paper, "la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución".

Lo que se explica en el párrafo antes citado es que, si subjetivamente el acusado –o los acusados- comprende que hubo una condena previa por parte de los medios, la prisión preventiva debería quedar anulada, aunque la información aportada cuente con elementos que aparecen en el expediente, o más allá de que en los medios se publiquen incluso documentos, fotos o videos, como el de los Bolsos de José López o el que se difundió de La Rosadita.

Sin embargo, en el mismo texto aparecen menciones aún más sintomáticas respecto de la intolerancia por parte de estas legisladoras. Es que, también podría pedirse la excarcelación por la "deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido o de un arrepentido".

Es dable rememorar que la figura del arrepentido fue clave en la causa de los Cuadernos de la Corrupción K, la cual, es dable destacar, fue iniciada por el periodismo, puntualmente por Diego Cabot del Diario La Nación.

Como si lo antes mencionado fuera poco, el proyecto niega la probabilidad de apelar los fallos en los que quede nula la prisión preventiva. Sin embargo, si se niega la excarcelación el acusado podrá apelar dicha medida.

Muchos podrán pensar que todo esto se trata de la victimización de los medios ante la censura del Gobierno de turno. No obstante, no es la prensa quien se llevará la peor parte del chasco, sino la misma sociedad, aquella que no podrá ser informada de forma fehaciente y elocuente y a la cual se le ocultará información, no adrede, es dable mencionarlo.

Desde Tribuna de Periodistas ya se han publicado varios artículos sobre cómo el oficialismo busca desarticular y dejar sin herramientas al periodismo, el obstáculo para quien quiera corromperse.

No hay que alarmarse, simplemente estar atentos y entender las señales, lo que se viene, probablemente, sea entretenido... o no.