Encorsetado por la crisis económica y aunque sea de corto plazo una medida muy impopular, el gobierno de Alberto Fernández necesita desindexar la economía, es decir, tratar de que los salarios, las jubilaciones y el gasto público no estén ajustados en función de la inflación. Esto implica entonces restringir un conjunto de demandas económicas para alcanzar un superávit fiscal primario y de este modo facilitar la negociación tanto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que está muy avanzada, como con los acreedores privados, que está recién comenzando.

En este contexto de tantas limitaciones, se produce un efecto colateral muy importante y es que el gobierno nacional trata de contener y moldear las demandas de muchos actores sociales que integran el Frente de Todos, pero que hasta hace poco eran muy activos y militantes, especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri, denunciando, incluso antes de la crisis de abril del 2018, políticas que supuestamente los perjudicaban. Este es, en particular, el caso de los gremios docentes. Así como con el ajuste a los jubilados no hubo hasta ahora ningún tipo de reacción coordinada ni remotamente parecida a lo ocurrido en diciembre del 2017, cuando se debatió la nueva fórmula de actualización de los haberes del sistema de seguridad social (solo hubo una presentación de un amparo colectivo), algo parecido ocurre con la súbita domesticación de dirigentes sindicales que hasta recientemente estaban a la vanguardia de la defensa de los derechos de los trabajadores.

En este sentido, llama mucho la atención, por el tenor y la naturaleza de la declaración, lo expresado por el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky, para quien el método de indexar los salarios genera inercia inflacionaria. “Este esquema de cláusula gatillo claramente es indexatorio, la cláusula gatillo en estas condiciones genera esa dinámica inflacionaria con la que siempre vamos a ir corriendo desde atrás", decía el lunes pasado.

Más allá de ser una verdad de Perogrullo, lo llamativo es que lo diga un dirigente sindical que apenas hace dos años atrás, durante la gestión de Cambiemos, peleaba una paritaria que incluya esta cláusula, recurso que ha permitido, en los últimos años, actualizar por lo menos parcialmente los salarios para que no pierdan respecto de la inflación. Para muchos, se trata de un giro esperable de un líder que está claramente alineado con lo expresado por el presidente Fernández. Además, esta disciplina verticalista es parte de la cultura peronista, aunque vale la pena recordar que Yasky en rigor viene de una tradición de izquierda más dura, vinculada al Partido Comunista. La dinámica de la gestión suele en los gobiernos peronistas generar rupturas, pero en los inicios el diverso universo que compone ese movimiento suele alinearse detrás del Presidente. Más tarde aparecen generalmente los típicos desgajamientos, tanto por izquierda, (como lo fue “el grupo de los 8” en la época de Carlos Menem), como por derecha (como el caso de Sergio Massa en relación con CFK en el 2013). Pero en los inicios de un gobierno el peronismo suele mantenerse unido.

El gran interrogante es si el pragmatismo y el acompañamiento que muestran ahora estos sectores, en particular los otrora más radicalizados como la CTA de Yasky, va a implicar a futuro, con este gobierno o con otros, posturas similares, consistentes y coherentes con las que tienen ahora. Vale decir, ¿la cláusula gatillo genera inercia inflacionaria siempre, incluso cuando un gobierno no peronista esté eventualmente en el poder? Porque si es así, esta definición, tan contundente, realista y precisa de parte de Yasky, podría convertirse en un punto de inflexión. En efecto, esta conversión casi “ortodoxa” podría en el futuro contribuir a que se generen condiciones más apropiadas para luchar contra la inflación: está súbita maduración de líderes sindicales que con sus demandas hasta hace meses alimentaba y perpetuaba los regímenes de alta inflación, podría ahora ayudar a derrotarla.

El principal interrogante entonces es el siguiente: ¿vamos hacia una política de contención de demandas para tratar de doblegar a la inflación en Argentina, que se combinarán con otras políticas fiscales y monetarias que el gobierno se está comprometiendo a adoptar en el marco del acuerdo con el FMI? Si es que resulta exitosa la negociación de la deuda, ¿comenzará entonces una política de estabilización que implique un acuerdo social que modere la puja distributiva?

Si esto es así, la notable definición de Yasky adquirirá una trascendencia muy significativa. Sólo el tiempo dirá si se trata de una cambio táctico, coyuntural y transitorio, o bien un reposicionamiento estratégico, permanente y con consecuencias de larga duración. Pero en el caso que ocurra esto último, si en efecto se constituye en un principio nuevo de una dirigencia sindical aggiornada que, finalmente, advirtió el desastroso efecto que tiene la inflación en la inversión, la creación de empleo y la distribución del ingreso, se trataría de un hecho histórico determinante.

Esta defensa de la estabilidad macroeconómica como un objetivo vital para la clase trabajadora no tiene muchos precedentes en Argentina. Excepto durante el gobierno de Carlos Menem, donde hubo un período de apoyo a la estabilidad monetaria y algunos líderes sindicales defendían la convertibilidad, entre 1945 y el 2020 siempre los partidos populares, incluyendo al radicalismo, tendieron a ser pro inflacionarios. Es preciso reconocer que lo mismo ocurrió con los gobiernos militares y que antes de la irrupción del peronismo, también hubo debates intensos sobre la cuestión de la estabilidad monetaria y el ingreso de los trabajadores (aunque en esa época la inflación no era un problema significativo).

Por ejemplo, quiénes sí plantearon con rigurosidad la necesidad de defender el valor de la moneda para efectivamente evitar que se debilite el poder de compra de los salarios eran los sectores de la izquierda democrática, sobre todo el Partido Socialista argentino de Juan B. Justo. Este médico y diputado nacional fue un defensor a ultranza del “patrón oro”, un mecanismo relativamente similar a la convertibilidad que evitaba devaluaciones y, en consecuencia, caídas abruptas en el ingreso de los trabajadores. En una de sus publicaciones, La Moneda explicaba las causas de la inflación y rechazaba cualquier política inflacionista: en América Latina la moneda es “una inagotable fuente de recursos, para estos gobernantes que, como los príncipes de la Edad Media, sistemáticamente la falsifican”. Y "si por ignorancia, por delirio de progreso, o por pillería, un gobierno emite papel en exceso, sobreviene la depreciación del billete". Desde su punto de vista, la inflación es responsabilidad del gobierno y era vista como “una forma de robo”, era la enemiga de los trabajadores ya que “al disminuir el valor real de unidad de moneda, los precios en general suben, [y] quienes pierden son los vendedores de las cosas cuyos precios suben más despacio, y no hay cosa que en este caso suba tan despacio como el trabajo humano…”

Esta referencia histórica vale la pena porque emparenta a Yasky con el gran Juan B. Justo y con su comentario se inscribe dentro de esta tendencia de fortalecer el valor de la moneda, que posiciona a los sectores populares luchando contra la inflación y defendiendo la estabilidad monetaria. Sería un hecho histórico muy positivo que los sectores populares abandonen su énfasis en demandas sectoriales que a menudo alimentan los regímenes de alta inflación para adoptar una agenda de prioridades más amplía que ponga énfasis en la estabilidad como pre requisito de un modelo de desarrollo dinámico, inclusivo, equitativo y sustentable. Ojalá que Hugo Yasky haya comprendido la importancia de sus declaraciones y esté dispuesto a sostener un debate serio y abierto sobre las múltiples beneficios de un entorno macroeconómico estable.