En el discurso de apertura de las sesiones parlamentarias, el Presidente Fernández dijo que necesitaba “que la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros”. También reconoció que se instaló “en el imaginario público una realidad que no existe… Gobernar no es mentir ni es ocultarle la verdad al pueblo”.

Es difícil encontrar una introducción más adecuada para hablar de 26 años de impunidad en la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA.

El discurso del Presidente introdujo en la agenda política del 2020 la necesidad de esclarecer el atentado a la AMIA y lo asoció tangencialmente con “los sótanos de la democracia”.

Hasta hoy, el Estado hizo lo indecible para no investigar este crimen de terrorismo de Estado cometido al amparo de su institucionalidad democrática.

El presidente anunció una nueva desclasificación de testimonios de agentes de inteligencia y documentos secretos. En realidad, es lo que viene sucediendo desde hace 17 años a través de una decena de decretos presidenciales que ya ordenaron la desclasificación de documentación y la autorización a los ex agentes de la SIDE para que declararan libremente en dos juicios orales. Se hizo diciendo que ello iba ayudar a investigar y esclarecer el atentado y se repitió hasta el cansancio. (Cfr. Informe de la Fiscalía en “El proceso de desclasificación de información reservada o secreta del atentado del 1994 y su encubrimiento”, Páginas 6 a 26).

Sin embargo, hasta hoy no podemos acceder a esa documentación. Fue puesta en manos de la Fiscalía AMIA que tampoco mostró interés en esos archivos, porque toda su energía está puesta en una acusación internacional en la que nadie cree y sólo se sostiene para satisfacer los intereses geopolíticos internacionales.

Aquello que se presentó como “desclasificación” de los archivos secretos resultó en lo opuesto a lo que se propuso ser. Resultó en un bloqueo a su apertura, investigación y conocimiento público. No aportó a la investigación judicial del atentado ni al estudio, conocimiento y esclarecimiento político integral del mismo. ¿Por qué sería distinto ahora?

Repetir las mismas palabras y las mismas acciones no será un aporte para esclarecer el más importante crimen de Estado cometido en el período democrático. Para ello, es imprescindible cambiar el rumbo.

Se trata de comenzar una investigación que, de gobierno en gobierno y pese a sus promesas, se viene negando deliberadamente desde hace 26 años. O peor aún: se desplaza el objeto de una investigación exclusivamente hacia “el encubrimiento”, como si esto fuera ajeno a los tres Poderes del Estado.

Los testimonios de los ex espías de la SIDE en los juicios, que el Presidente dice que quiere desclasificar, revelaron la trama de encubrimiento del Estado nacional y hasta su posible participación criminal en la producción del atentado. Entonces: ¿quién si no una Comisión Independiente va a investigar el crimen, cuando es de público conocimiento que el Poder Judicial y el Ejecutivo se aliaron para su encubrimiento, para la fabricación de pistas falsas, y que lo hicieron con la complicidad del Poder Legislativo y al amparo de las relaciones internacionales?

Para cambiar el camino que nos trajo hasta acá, terminar con los enredos y comenzar una investigación hay que abrir los archivos y no restringir su acceso manipulando la palabra “desclasificar”, que sólo sirve para impedir su conocimiento.

Abrir los archivos de AMIA es ponerlos en la misma categoría de acceso que el Estado ya dio a archivos de la dictadura y de la guerra de Malvinas, quitándoles la categoría de secreto de Estado.

Así, las medidas que el Presidente dispuso para reconocer 26 años de falta de Verdad y Justicia en el atentado son insuficientes y hasta inconducentes a la hora de transparentar la acción del Estado y abandonar la hipocresía que reprochó a su dirección política.

Para que se cumpla con su sueño y “que la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros” como señaló en su discurso, el Presidente de la Nación tiene una oportunidad que queremos que considere: la de facilitar la formación de una Comisión Investigadora Independiente del Estado, una Comisión de la Verdad, integrada por personalidades de diferentes ámbitos de la vida nacional y familiares de las víctimas, con representación parlamentaria y acceso irrestricto a los archivos aún secretos.

Para eso ya le solicitamos una audiencia. Lo hicimos para presentarle el proyecto que contó con el patrocinio de los principales bloques políticos del oficialismo y la oposición, pero que sigue sin poder articularse por la falta de una decisión política de las máximas autoridades del país.

El ataque a la AMIA es una herida abierta en la sociedad argentina, una larga grieta que pone en cuestionamiento la legitimidad institucional y su credibilidad social.

Compartimos su idea: “Sin memoria, verdad y justicia la Argentina no se puede poner realmente de pie”. Para ello, es necesario sacarse las máscaras, dejar de poner el atentado al servicio de la política de los aliados y acreedores internacionales y facilitar que se forme una Comisión investigadora del crimen de la AMIA.