El próximo lunes 16 de marzo se llevará cabo la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que comenzará a definir si se confirma o se revoca el procesamiento del Fiscal Carlos Stornelli en la causa por presunto espionaje ilegal que instruye el Juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. El Tribunal estará nuevamente conformado por sus dos integrantes permanentes, Alejandro Tazza y Eduardo Jimenez, y el Juez Federal de Necochea, Bernardo Bibel, quien fuera especialmente convocado. Se trata de la misma integración que tuvo la Cámara cuando debió resolver sobre la competencia de Ramos Padilla en dicha causa. Pero hay cuestiones inherentes al proceso que merecen ser subrayadas.

Según pudo averiguar este medio, el extenso expediente tramitado en Dolores nunca fue girado en su totalidad a Mar del Plata, sino que lo hizo por tramos. Concretamente, los cuerpos que involucran a Stornelli, y al periodista Daniel Santoro, otro de los procesados en la causa, aún no fueron remitidos a la Jurisdicción, cuando faltan apenas 10 días para la audiencia.  

Además, cabe recordar que el Juez Bernardo Bibel había sido severamente cuestionado el 3 de abril de 2019 en una presentación que hiciera el Fiscal subrogante en Bahía Blanca, Gabriel González Da Silva, por “estar sospechado de beneficiar a los imputados” en una causa derivada de la llamada “Ruta del Dinero K”, que tiene como principal procesado al presunto testaferro kirchnerista Lázaro Báez. El escrito fue presentado justamente ante la Alzada marplatense, en el que directamente se solicitó que Bibel sea apartado de aquella instrucción. Como ya se dijera desde este espacio, no sólo Bibel no fue apartado del caso, sino que además el 30 de diciembre último, a pocas horas del comienzo de la feria judicial y 20 días después de asumido el nuevo gobierno del kirchnerismo, resolvió dictar la falta de mérito para los imputados, entre ellos el dirigente K Roberto Porcaro, uno de los tantos querellantes aceptados por Ramos Padilla en la causa por espionaje, por considerar insuficientes las pruebas aportadas por la Fiscalía. Amén de ello, integró la Cámara en la resolución sobre la competencia de Ramos Padilla.

Altas fuentes judiciales de la ciudad le dijeron a este medio que el Presidente del Tribunal, Alejandro Tazza, estaría haciendo intensas “gestiones” para que Bibel sea definitivamente confirmado como el tercer integrante del cuerpo, pese a que también para ese codiciado puesto tienen chances dos nombres cercanos al kirchnerismo: Julio Gonzalo Miranda y Roberto Boico. Miranda fue designado por la ex mandataria y actual Vicepresidenta Cristina Kirchner como Fiscal General ante el TOF de Santa Cruz el 1 de junio de 2015, mientras que Boico se desempeñó como abogado defensor de Cristina en la causa por el memorándum con Irán y, según publicara el periodista Nicolás Wiñazki en agosto de 2015, también revistió como empleado jerárquico del ex vicepresidente Amado Boudou en el Senado y es un hombre muy allegado a Eduardo Barcesat, abogado de las Madres de Plaza de Mayo.

Tanto Miranda como Boico también aspiran a ocupar la titularidad del Juzgado Federal 1 de Mar del Plata, que se encuentra subrogado desde 2015, integrando una de las casi 100 ternas de aspirantes a magistrados cuyos pliegos el flamante Gobierno decidió retirar para su revisión. El otro concursante es Federico Hooft, hijo del Juez Pedro Hooft, perseguido por el kirchnerismo desde el año 2006, y que sumó en los últimos meses un nuevo capítulo en este interminable proceso.

Un poco de historia

A esta altura de los acontecimientos, hay que recordar que quien debió dictaminar sobre la competencia de Alejo Ramos Padilla en la causa por espionaje es Daniel Adler, Fiscal ante la Cámara y titular de la filial local de la agrupación judicial K Justicia Legítima, que también integra-y en la cual ostenta un cargo– Alejo Ramos Padilla. Pero quien finalmente intervino fue su par ante el Tribunal Oral Federal, Juan Manuel Pettigiani, debido a que Adler se excusó. Las razones de esta excusación están relacionadas directamente con la causa por la que Bibel es cuestionado.

Debido a la falta de avances en la investigación conexa a “La Ruta del dinero K”, el Fiscal José María Campagnoli, quien fuera uno de los primeros denunciantes de Lázaro Báez, presentó una denuncia en la cual imputó a los funcionarios judiciales intervinientes en la pesquisa radicada en Necochea. También involucró a Adler, “por la irregular tramitación de la causa en claro beneficio de los imputados”. Ante un nuevo impulso del expediente, el Fiscal de Justicia Legítima se excusó de intervenir al advertir que se encontraba implicado en la causa. Lo mismo hizo Ramos Padilla, quien fuera designado para instruir el sumario abierto a partir de la denuncia de Campagnoli. La razón alegada fue por “compartir con los imputados diversos espacios profesionales”. Más allá de las suspicacias que genera este argumento, lo concreto es que por las mismas razones, el Fiscal Daniel Adler se excusó de intervenir en la competencia del magistrado en la actual causa de espionaje. Por lo que la pregunta surge espontánea: ¿Debió Bernardo Bibel integrar la Cámara para resolver sobre aquella cuestión?. El interrogante se traslada a su nueva participación en la decisión que debe tomar el Tribunal sobre el procesamiento de Carlos Stornelli. “Bibel es un juez mudo”, asegura con un dejo de ironía una fuente judicial local. Y agrega: “Hace lo que manda Tazza”.

Stornelli apeló el procesamiento que le dictara Alejo Ramos Padilla el último 18 de diciembre. En su apelación, presentada antes del comienzo de la feria de verano, de 177 páginas y representado por la Dra. Raquel Pérez Iglesias, el representante del Ministerio Público califica a la decisión del juez como “arbitraria, sesgada, y sin asidero probatorio”. Uno de los aspectos donde hace hincapié el Fiscal es que el juez no ha cumplido con lo ordenado por la Cámara marplatense para que defina el objeto procesal y el lugar de comisión de los hechos.

El 13 de mayo de 2019, el Tribunal de Alzada dispuso que el Juzgado Federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla, quien instruye la causa desde los primeros días de febrero del año pasado, “continúe provisoriamente a cargo del conocimiento y la investigación de las actuaciones principales”. En el escrito de 35 páginas, la Cámara insiste en que no está claro aún el lugar de comisión del delito, es decir, la actividad delictiva que da origen al nacimiento de una investigación.  Y a su vez, le solicita al Juez de grado, es decir a Ramos Padilla, que “establezca rápidamente, y con la debida precisión, en qué lugar se habría conformado la organización criminal”, asegurando que “el universo procesal que sustenta esta causa no se encuentra debidamente delimitado todavía”. Cabe decir que el magistrado de Dolores, habiendo transcurrido casi 10 meses de lo que le ordenaran sus superiores, aún no definió el fondo de la cuestión.

El 22 de mayo, siempre de 2019, Juan Manuel Pettigiani presentó un recurso ante Casación cuestionando la decisión de la Cámara. Previamente, el 26 de abril había dictaminado que las actuaciones debían trasladarse a Comodoro Py. En su presentación ante el máximo tribunal penal de la Nación, el Fiscal había dicho que “el Juzgado de Dolores resulta incompetente por cuestiones de territorio”, haciendo mención a que “la primera regla para determinar el Juez Natural es aquella que señala el lugar geográfico donde se desplegaran las conductas presuntamente delictivas, y en el caso investigado, surge claramente que las conductas atribuidas y descriptas en los diferentes actos procesales se habrían cometido en Capital Federal, una jurisdicción ajena al Dr. Ramos Padilla”. Por otro lado, descalificó el fallo de la Cámara como acto jurisdiccional válido por omitir el tratamiento de cuestiones esenciales, tales como las hipótesis delictivas investigadas. “Estamos ante una sentencia arbitraria y ante una incorrecta aplicación del derecho”, sentenció. Concluyendo su presentación mencionando las “garantías constitucionales de las personas privadas de su libertad, ya que la Cámara denegó la excarcelación de las mismas, pero sin tener en claro aún el objeto procesal y el lugar donde se habrían configurado los hechos delictivos”. Finalmente, el 27 de junio Casación rechazó el recurso interpuesto por Pettigiani.

Dolores: ¿Ensayo de la reforma judicial?

El caso ya es conocido. El falso abogado Marcelo D´Alessio, fue denunciado a fines de enero de 2019 por extorsión por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien afirmó que D´Alessio lo extorsionó en nombre del Fiscal Federal Carlos Stornelli, que llevaba adelante en ese entonces la investigación de los “cuadernos” de la corrupción durante la era k. La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal a cargo de Alejo Ramos Padilla alegando que la reunión dónde se habría llevado a cabo la extorsión ocurrió en la ciudad de Pinamar, cuya jurisdicción depende de Dolores. El magistrado decidió procesar al extorsionador, junto a los ex policías bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Anibal Degastaldi, y al ex espía “Rolo” Barreiro, entre otros, por “asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal”. Este tramo de la investigación estaría por ser elevada a juicio oral.

“La sanción de la Ley del Arrepentido 27304 y la percepción de que cualquier cosa es válida para avanzar en la investigación dentro de un proceso judicial por corrupción y de este modo responder a los reclamos de justicia, han ampliado el campo de acción de los agentes de inteligencia, generando una relación estrecha de mutua colaboración con miembros de los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales….La utilización paralela de los servicios de inteligencia para el éxito en causas judiciales y las relaciones estrechas y de mutua colaboración que se han comprobado entre miembros del poder judicial y de los ministerios públicos fiscales con los “servicios” puede generar una afectación muy grave al Estado de Derecho”.

Estas palabras fueron escritas por Alejo Ramos Padilla en los autos de procesamiento de D´Alessio el 25 de febrero de 2019, y parece anticiparse en más de 1 año a la estrategia judicial urdida por el kirchnerismo en su regreso al poder. En su discurso de inauguración del 138 período de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente Alberto Fernández, en ocasión de anunciar la reforma judicial que el Gobierno propicia, aseguró que “venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia, y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”.

Un importante funcionario judicial de Mar del Plata siembra una gran duda respecto a las intenciones oficiales: “Me parece bárbaro que quieran transparentar la Justicia Federal, limpiándola de la influencia de los espías. Lo que me parece contradictorio y me genera inquietud es que hayan nombrado a Mena (Juan Martín) como segundo en Justicia”, afirma el hombre. El argumento se basa en que Juan Martín Mena fue designado durante 2015, último año de la gestión de Cristina Kirchner, como número 2 de la AFI -Agencia Federal de Inteligencia-, en tiempos de Oscar Parrilli, y a quien le atribuyen la autoría intelectual del proyecto de reforma jubilatoria de los jueces y fiscales que ya tiene media sanción de Diputados, y que tanto ruido causó. Mena, oriundo de Balcarce, es muy conocido en los pasillos judiciales marplatenses. De hecho, como ya consignara este medio, el viceministro de Justicia habría estado de visita por Mar del Plata haciendo “lobby” en la Cámara Federal local para que ratifiquen la competencia de Ramos Padilla en la causa espionaje. “Si lo hizo cuando ni siquiera el kirchnerismo había ganado las PASO, imagínate ahora”, asegura la misma fuente.

Ramos Padilla ha sostenido que su investigación se centra en “la actividad de una organización criminal paraestatal con permanencia en el tiempo, llevando adelante múltiples planes delictivos de diversa índole, vinculados al espionaje ilegal en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico”. Dicha pesquisa siempre estuvo sospechada de actuar como una especie de “contra-causa” de la de los cuadernos, que procuró Stornelli y que ya fue elevada a juicio oral. Pese a ello, una fuente judicial de Bahía Blanca afirma que “la eventual confirmación del procesamiento de Stornelli no va a influir en el TOF, pero sin duda le da fuerza a la defensa de los imputados para decir que fueron presionados. No perjudica el trámite, pero sí los cimientos de la causa en sí”. Pablo Portaluppi.