El gobierno de Alberto Fernández dictó el Decreto 213/20 referido a una supuesta apertura / desclasificación de documentación vinculada al atentado a la AMIA que, en nombre de la transparencia institucional, mantiene la saga de 18 años de decretos de “desclasificación” que ahora presenta como “absoluta” (Art. 3°).

El Decreto 213 se fundamenta en la Ley de Inteligencia 25.520/01 y en sus modificaciones de 2015, en particular en el artículo 16 bis, inciso c), que clasifica toda la información obtenida por la Secretaría de Inteligencia dándole distintos grados de secreto.

En el Art. 1° del Decreto, establece “el carácter de público…a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado…incluyendo… la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados”. O sea que solamente permite el acceso y la difusión de todo el material que haya formado parte como prueba en los juicios relativos al atentado a la AMIA y su encubrimiento, y que hayan tenido sentencia.

Al resto de la información documental no se le da carácter “público”, no se la libera de su condición de secreto, ratificando que no será accesible. Nos referimos a las cajas de documentación que están a disposición de la Fiscalía AMIA, que son parte de la causa que tramita en el juzgado de Canicoba Corral, y que no fueron prueba en ningún juicio hasta el día de hoy. Son los 2 km de cajas que logramos rescatar de la privatización impulsada por el gobierno de Macri, privatización que contaba con apoyo de varios senadores K, hoy en el oficialismo.

Cuando el art. 3 declara “la desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado… “, lo que hace es confundir al lector desprevenido. La llamada “desclasificación” sólo servirá para impedir el conocimiento público de los archivos secretos.

Por último, y bordeando el absurdo, el Artículo 5° ordena conformar “una mesa de diálogo” en la cual la AFI, el Ministerio de Justicia, el de Seguridad y el de Relaciones Exteriores “dialogarán” junto a la Fiscalía, las víctimas o querellantes “… a fin de procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal…”. Nos proponen dialogar para sortear los “problemas institucionales que impidan el adecuado acceso al derecho a la verdad y a la información”, según se afirma en el texto y no acerca de cómo comenzar una investigación abriendo los archivos.

El Decreto no explicita plazos para su convocatoria ni cuál es la propuesta del gobierno para resolver “lo que luce contradictorio con los alcances del derecho a la verdad en un Estado democrático”, según sus Considerandos.

La “mesa de diálogo” estará integrada por los mismos organismos que debieran ser investigados por el crimen y su encubrimiento. Es una mesa puesta para conciliar el derecho a la verdad con la no apertura de los documentos secretos. Resulta una clara concesión a las presiones de DAIA / AMIA y la Embajada de Israel para mantener el encuadre de la historia oficial e impedir cualquier investigación seria e integral.

Después de prometer un punto final para los “sótanos de la democracia”, en vez de abrir los archivos y entregarlos a una Comisión Investigadora Independiente, el gobierno se encamina a “dar vuelta la página” y poner punto final a cualquier posible investigación, reafirmando su intención de seguir manipulando el tema del atentado para preservar el sistema judicial e institucional. Es el camino contrario a Memoria, Verdad y Justicia con el que Alberto Fernández prometió poner al país de pie durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.

El nuevo decreto nada cambió en relación a la apertura de los archivos que reclamamos desde hace décadas y que continúan en secreto. Por ello no constituye un paso en la dirección de nuestro reclamo de apertura de archivos y creación de Una Comisión Investigadora del crimen de la AMIA.