Para la justicia el año calendario comenzó el 10 de diciembre de 2019, cuando el presidente Alberto Fernández señaló los principales puntos de su política judicial. Esa perspectiva fue ratificada ante la asamblea legislativa el 1 de marzo de 2020. El aroma que envolvía a los tribunales olía a reformas estructurales.

Fusiones de fueros, cambios en los procedimientos y la lupa sobre la Corte Suprema eran los temas de conversación. Sin embargo, la discusión entre las alas más reformistas y las más conservadores del sistema de justicia de golpe cambió. Cuando el Ejecutivo impulsó la reforma jubilatoria, se transformaron también las percepciones en la justicia.

Poner bajo la lupa el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial le ha provocado al gobierno de Alberto Fernández un efecto no querido y probablemente siquiera imaginado. Repentinamente quienes integran la administración de justicia se aferraron a la cláusula de la Constitución que establece la intangibilidad de las remuneraciones y empezaron a defender la autonomía judicial. 

Ello quiere decir que a los funcionarios los dejó de preocupar la pertinencia de la reforma anunciada el 10 de diciembre y se aglutinaron para defender sus ingresos monetarios. Así, la transformación que esperan amplios sectores sociales y que trascienden la grieta, porque la mayoría reclama jueces y fiscales probos, se topa con nuevos escollos.

En este reagrupamiento de los judiciales los llevó a posponer la discusión más importante en términos democráticos. A saber: ¿Qué hacemos con Comodoro Py? ¿Cómo hacemos para que la corte dicte sentencias en tiempos razonables? ¿Qué hacer para que los juicios no duren 20 años? ¿Se pueden designar jueces rápido y sin sospechas de amiguismo?

Irónicamente, algunos sectores que podrían haber sido aliados naturales para discutir una reforma, se van a convertir en enemigos acérrimos o en testigos indiferentes, porque creen que es más importante privilegiar el bolsillo.

Basta para ello repasar las declaraciones oficiales de algunos representantes de los agrupamientos más representativos de magistrados. El fiscal federal Carlos Rívolo dijo que “estábamos dispuestos a colaborar pero jamás nos escucharon”. Fue más estridente el llanto del camarista Miguel Ángel Caminos en una entrevista con el colega Andrés Fidanza “me estoy yendo...no puedo cambiar así como así mi tren de vida”. 

Pero en la misma lógica se inscribieron las posiciones de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que argumentó que “el Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional”.

De la Federación Argentina de la Magistratura y la Unión de empleados de Justicia de la Nación que sostuvo que “agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 % de las causas judiciales del país”.

O de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación que afirmó que “la solidaridad que la etapa demanda, en modo alguno puede ser un justificativo para cercenar derechos” y de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación que señaló “las graves consecuencias que ha provocado dicho proyecto normativo en el sistema de Justicia producto de la abrumadora presentación de renuncias de los integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos Nacionales y Federales".

Las voces fueron muy claras y en alguna medida son compatibles con el silencio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con la queja del Procurador General interino Eduardo Casal que planteó ante el Senado de la Nación una suerte de riesgo de “vaciamiento” por una posible ola de renuncias.

Aunque el juego está abierto, la crisis económica en sí puede llegar dilatar las reformas institucionales que muchos argentinos piden a gritos. Esa demora pudo haber hallado un aliado inesperado en la modificación del régimen de jubilaciones. No obstante, si efectivamente esta ley fuese sancionada y se efectivizan las renuncias anunciadas por sectores de la justicia, la dirigencia política tendría una oportunidad mágica. Por un lado llevar adelante una renovación de las caras de la justicia. Por el otro, establecer un sistema de concursos rápidos y transparentes en el Consejo de la Magistratura.

Veremos si la dirigencia tiene la virtud de saber enfrentar los vientos de la fortuna, como señalaba Nicolas Maquiavelo.