Los presos de las cárceles argentinas están en estado de alerta por el flagelo global del coronavirus. Temen que el contagio del Covid-19 llegue tras los muros cuando se aproxime el invierno argentino.

La superpoblación de varios establecimientos y el derruido sistema sanitario penitenciario puede ser un factor funcional a la propagación de un virus que ya mató a más de 5000 personas en todo el mundo.

La información de los motines en las penitenciarías italianas que dejaron 6 muertos también activó las alarmas en las autoridades nacionales y provinciales. No quieren que se repita una situación similar en nuestro país.

Esta semana, se limitaron los ingresos de visitas y personal judicial con síntomas gripales en las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense. La misma medida se tomó en los establecimientos dependientes del Servicio Federal. La decisión generó malestar entre los reclusos que reclaman mejor infraestructura sanitaria. No quieren quedar más aislados de lo que están. La respuesta oficial no se hizo esperar.

En concordancia con las disposiciones del Ministerio de Salud Nacional, las autoridades carcelarias bonaerenses sumaron 50 mil unidades de jabón blanco para el lavado de manos y ropa; 40 mil barbijos; 40 mil cajas de ibuprofeno; alcohol en gel para los pasillos, comedores y lugares de ingreso. También 120 termómetros infrarrojos similares a los utilizados en los aeropuertos.

Para los presos no es una medida suficiente e insisten con que la superpoblación carcelaria puede ser peligrosa para un contexto desfavorable.

A24.com hizo un relevamiento por distintas unidades carcelarias y todos los internos consultados (en forma directa o mediante sus abogados) fueron taxativos y contundentes.

“Entendemos que se tienen que tomar medidas para terminar con la cantidad de internos hacinados en los pabellones. Queremos seguir teniendo visitas y poder recibir a nuestras familias. Entendemos lo del coronavirus, pero acá no nos dan alcohol en gel, no tenemos remedios y cuando venga el invierno esto va a ser un desastre”, contó Juan José (nombre que usó al ser consultado) detenido en la Unidad 9 de La Plata desde hace más de tres años por robo a mano armada.

Esa cárcel es una de las que tiene mayor sobrepoblación de internos. Allí comenzó una huelga de hambre pacífica a fin de 2019. Quizás por eso las autoridades pusieron el foco en este lugar antes de que sea demasiado tarde.

Actualmente hay 46 mil detenidos en las 57 cárceles bonaerenses, una población que excede la capacidad de los penales, estimada en 21 mil lugares por la Comisión Provincial por la Memoria, aunque desde el Servicio Penitenciario reconocieron un número mayor de plazas: 28 mil.

De acuerdo a cómo se tome la capacidad mencionada por las dos fuentes la situación es preocupante: hay entre un 65% y un 120% de reclusos hacinados.

En tanto, voceros del Servicio Penitenciario Federal explicaron a A24.com que mantienen la misma rutina en sus unidades de todo el país, pero reconocieron que aumentaron la rigurosidad de determinados controles a las visitas y a las historias clínicas de los presos, especialmente de los que tienen salidas transitorias y regresan al encierro tras varios días. “En caso de que regresen con fiebre o algún síntoma será evaluado cada preso de manera particular”, completaron.

En las cárceles federales la situación sanitaria y de hacinamiento también se repite. En el año 2014 se superó la barrera de los 10.000 reclusos. Desde ahí, la cifra nunca dejó de aumentar. En 2018 se sumaron 1.500 presos y en 2019 más de 1300. La población carcelaria federal ya supera las 15.000 personas frente a las 9.249 registradas hace 10 años.

“Sabemos que lo que viene puede ser tremendo. No queremos quedar expuestos a un invierno letal con el virus que nos termine de matar a todos. Si el coronavirus entra a cualquier cárcel del país la situación va a ser imparable”, relató Gabriel detenido por narcotráfico en la cárcel federal de Marcos Paz.

Para evitar protestas o futuros motines, desde el servicio penitenciario bonaerense aclararon que le hicieron saber a todos los reclusos que en cada Unidad Penal o Alcaidía se cuenta con un sector de sanidad en el que se podría disponer aislamiento ante un eventual caso sospechoso, previo a un traslado a un centro de mayor complejidad.

Mientras tanto, el procurador Julio Conte Grand analiza la posibilidad de solicitar arrestos domiciliarios para los mayores de 65 años que estén presos. “Vamos a analizar que la decisión sea procesalmente posible y es un tema que debemos evaluar junto a los defensores, jueces y fiscales”, revelaron desde la procuración bonaerense. La cantidad de casos en estudio son 644, apenas el 1.25% del total de la población carcelaria.

Tanto en el gobierno nacional como en el bonaerense saben que la medida es polémica y que podría generar descontento social, pero si el virus llega tras los muros van a optar por proteger a los presos en riesgo, y sobre todo impedir motines violentos.