A pesar de las restricciones que el propio Gobierno Nacional impulsó para los nombramientos en el Estado, a través del Decreto 132/2020 publicado el último 11 de febrero, día a día aparecen nuevas designaciones en el Boletín Oficial.

Durante el último día hábil de esta semana, es decir el pasado 9 de abril, se publicaron dos nuevos nombramientos con la particularidad de que ambas operan con retroactividad a fechas anteriores al 11 de febrero. La primera de ellas corresponde al Decreto 350/2020, en el cual se establece que “dase por designada, a partir del 1 de febrero de 2020, en el cargo de Subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas a María Cecilia Larivera”. Dicho Ministerio está comandado por Gabriel Katopodis, Intendente de San Martín en uso de licencia.

El restante nombramiento pertenece a la Secretaría de Comunicación y Prensa, a cargo de Juan Pablo Biondi, amigo personal del Presidente Alberto Fernández. Allí se designa, mediante el Decreto 353, a Mario César Huck como Director Nacional de Comunicación Internacional, con fecha 19 de diciembre de 2019 y por el término de 180 días. Una curiosidad es que, justo en momentos en que se está pidiendo a la clase política un gesto para bajar los gastos, dicha Dirección está dentro de la órbita de la Subsecretaría de Comunicación y Prensa que a su vez funciona dentro de la Secretaría del mismo nombre.

Mario Huck ya supo transitar los pasillos del Estado Nacional, ya que aparece como contratado en el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Decisión Administrativa 229 del año 2006, pero recién publicada en el Boletín Oficial tres años después, el 11 de mayo de 2009. En aquella Decisión Administrativa también aparece un nombre conocido: Edgardo Mocca, ex panelista del programa ultrakirchnerista “6,7,8”. Así mismo, Huck estuvo a cargo del Programa de Agentes Concientizadores (SIC) dependiente de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Pilar, durante la gestión del dirigente de Cambiemos Nicolás Ducoté.

En el Decreto que restringió los nombramientos en el Estado por el plazo de 180 días, quedaron exceptuados la AFIP, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En su texto, afirma “la necesidad de establecer criterios para la asignación de los recursos necesarios para una efectiva gestión, funcionamiento y cumplimiento de las políticas públicas”.

Otro caso llamativo es la designación como Titular de la Agencia de la ciudad de Tres Arroyos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -más conocido como PAMI- de Facundo Elgart, quien reemplaza en el cargo a Carlos Rodera, quien provenía de la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Su nombramiento fue publicado en el Boletín Institucional de la obra social de los jubilados el pasado 7 de abril. La curiosidad de esta designación es que Facundo Elgart es profesor de Educación Física y árbitro de fútbol, además de ser un reconocido militante de La Cámpora y delegado de SUTEBA, el sindicato docente que lidera Roberto Baradel.

En Tres Arroyos, Elgart es recordado por un escándalo en el que se vio envuelto como referí en un partido de un torneo regional de futbol entre Ferro y Alvarado en el año 2010. La Agencia del Instituto para Jubilados y Pensionados de la ciudad depende de la Seccional Bahía Blanca, a cargo de Paola Buedo. En el contexto actual signado por la pandemia de coronavirus, cuya letalidad crece entre la población adulta, el rol que cumple el PAMI pasa a ser fundamental.

Con un presupuesto superior a los $200.000 millones, más de 5 millones de afiliados y casi 650 sucursales en todo el país, el PAMI es la obra social más grande de América Latina. Recientemente estuvo involucrado en la convalidación de sobreprecios para la compra de alcohol en gel, al igual que el Ministerio de Desarrollo Social. Su titular es Luana Volnovich.

Por otro lado, amparado en el Decreto 287/2020, que habilita al Estado a efectuar adquisiciones directas de bienes, servicios y equipamientos “sin sujeción al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional”, en el Boletín Oficial del último 8 de abril, el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de la ciudad de Cañuelas aparece solicitando diversos productos. La construcción y puesta a punto de dicho nosocomio mereció un informe de este medio.

En la sección Suministros, el Hospital requiere la adquisición directa de productos médicos descartables de uso general y de alto costo, como así también medicamentos con carácter de urgente y antisépticos y desinfectantes en gran volumen. De acuerdo a lo que ocurrió, como ya se señaló, en Desarrollo Social, donde se convalidaron sobreprecios en la compra de diversos productos, cualquier contratación directa que se haga desde el Estado durante el período actual de emergencia genera todo tipo de suspicacias.

En diciembre de 2019, el Congreso había aprobado el Ley de Emergencia Económica, llamada de “Solidaridad social y reactivación productiva”, que le otorga al Ejecutivo amplios poderes para reasignar partidas presupuestarias y modificar impuestos, además de poder administrar a discreción cuestiones en materia social y sanitaria, entre otras cosas. Sobre dicha ley, el 12 de marzo emitió el Decreto 260 que declaró la emergencia sanitaria por el lapso de 1 año. Y a su vez, el 287 que habilitó las contrataciones directas, vino a modificar el correspondiente a la emergencia sanitaria.

Previo a todo ello, cabe recordar que al momento de asumir el pasado 10 de diciembre, el Presidente Alberto Fernández decidió no darle tratamiento parlamentario al Proyecto de Presupuesto elaborado por el Gobierno saliente, por lo que de este modo ya quedaba habilitado, al prorrogar el último ejercicio aprobado, correspondiente al año 2018,  para actualizar y reasignar partidas a discreción. Pablo Portaluppi.