“Nada va bien en un sistema político en que las palabras contradicen los hechos”. Napoleón Bonaparte

Antes de la epidemia, el Ejecutivo había obtenido del H° Aguantadero una delegación de facultades de tal dimensión que, cuando la crisis sanitaria se hizo presente, le permitió gobernar por decreto; a ello se sumó el pánico al contagio que invoca el Legislativo para mantenerse totalmente inactivo pero, eso sí, cobrando íntegramente las dietas de senadores y diputados, centenares de asesores y miles de empleados.

Cuando la sociedad, con el ruido de las cacerolas, exigió a la clase política la misma “solidaridad” que Alberto Fernández nos reclama, sólo obtuvo excusas basadas en falaces argumentos; en consecuencia, seguiremos pagando esa inicua fiesta. En la medida en que no concurren al trabajo y los empleados públicos no gastan en transporte ni en viandas, sus sueldos han aumentado sensiblemente, pero nada parece conmoverlos.

Otra razonable pregunta, dada la necesidad de flexibilizar la ya insoportable cuarentena, cruzada por las expectativas de que la pandemia alcance su pico de contagios en la segunda quincena de mayo, es cómo reaccionará entonces el Gobierno cuando llegue ese momento y haya gastado este recurso de protección social.

El Gobierno optó, razonablemente al principio, por un duro confinamiento que, al mantenerse por ahora sine die, se exageró hasta límites que están llevando, ya sin duda alguna, a una catástrofe económica, inédita en su magnitud. Casi ningún país ha cerrado sus bancos, por el inmenso costo que esa medida tiene sobre la actividad de la sociedad.

El Presidente, como la inmensa mayoría de sus colegas, entre cuidar la salud o la economía ha privilegiado a la primera en desmedro de la otra; pero aquí otros factores impedirán una salida ordenada del confinamiento: la alta inflación, la total carencia de crédito y el riesgo enorme de una corrida bancaria. Esa es la razón por la cual, aunque por la falta de testeo ignoramos en qué situación real nos encontramos ante el Covid-19, seguimos en un virtual corralón financiero, que complicará aún más el futuro del país.

Mientras tanto, el kirchnerismo duro, con la conformidad expresa de Alberto Fernández, avanza con actitudes de neto corte chavista; sus mayores proyectos, al menos por ahora, son el espionaje ideológico de la sociedad, la “importación” de pseudo médicos cubanos, la intención de estatizar los servicios privados de salud, la intervención a la fábrica de respiradores, los controles municipales de precios y, por supuesto, el proyecto de “Impuesto Patria” -¡qué facilidad para encontrar nombres honorables para los delirios totalitarios!-, presentado por Máximo Kirchner y Carlos Heller y, obviamente, patrocinado por Cristina Fernández que, para eso, sí está dispuesta a permitir que el Senado sesione.

Resulta notable que, mientas el primero integra la familia que debería encabezar el ranking de argentinos ricos, el segundo presida el banco del Partido Comunista que, por tratarse de una cooperativa (Banco Credicoop), no paga el impuesto a las ganancias. Aunque resulte pesado, reitero que, si los Kirchner devolvieran lo robado durante sus doce años en el poder, la Argentina podría adquirir con tranquilidad todos los insumos médicos necesarios para dar batalla al virus y, por supuesto, no hubiera necesitado caer nuevamente en default. Pero, claro, estoy pidiendo algo que no sucederá, aunque los pocos bienes que conservan en el país (hoteles, departamentos, cocheras, los US$ 5 millones de Florencia, etc.) sean finalmente decomisados por la tan venal y cobarde Justicia federal.

Un párrafo aparte merece la absurda discriminación que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, impondrá a partir del lunes a los mayores de 70 años, invocando el mayor riesgo frente al Covid-19, que literalmente los pondrá en detención domiciliaria; no se les ha ordenado la colocación de una tobillera electrónica sólo porque no tiene suficientes. Se trata de una población aún muy activa y consciente de ese riesgo y que, por ello, se cuida mucho, como han demostrado los mayores que se han aislado voluntariamente en las parroquias de las villas porque no les resulta posible hacerlo en su hábitat natural, siempre hacinado. Se trata de una medida ética y constitucionalmente reprochable, que avanza sobre nuestras libertades individuales y que debe ser derogada de inmediato.