Como sucede con los pacientes con enfermedades de base que se contagian coronavirus, la pandemia de Covid-19 agudizó aún más la compleja situación social, laboral y económica que padecen los sectores más postergados de la sociedad en la Argentina.
Allí donde los recursos de por sí eran escasos, las fuentes de empleo acotadas y las condiciones de vida definitivamente habían empeorado en los últimos años producto de la crisis por la que transitaba y transita el país, hoy mucho más que antes reina la angustia, se vive con miedo e incertidumbre.
En este contexto, el gobierno nacional, junto con administraciones provinciales y municipales, dispuso aumentar la presencia territorial de asistentes sociales en zonas vulnerables, de igual modo que reforzar las entregas de bolsones de alimentos y de elementos de seguridad e higiene.
Según pudo averiguar la agencia Noticias Argentinas de fuentes cercanas a este tipo de operativos de contención, algunas barriadas del Conurbano bonaerense, en donde por ejemplo aún se cocina a leña porque los vecinos no disponen de conexiones de gas, la situación social se ha convertido en una suerte de "olla a presión" en medio de la cuarentena obligatoria.
Después de la polémica generada por los sobreprecios en la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, el titular de esa cartera, Daniel Arroyo, participó esta semana del lanzamiento del programa "El barrio cuida al barrio", en Lomas de Zamora, en el sur del Gran Buenos Aires.
La iniciativa busca articular y organizar la provisión de elementos sanitarios y asistencia social entre el Estado nacional, municipios y movimientos populares, prestando especial atención a los grupos de riesgo en lugares complejos del Conurbano donde conviven familias enteras en pequeñas casas precarias.
Los vecinos también intentan colaborar y ayudarse entre ellos, por ejemplo, desinfectando las áreas comunes de los asentamientos y confeccionando tapabocas, en medio de la cuarentena obligatoria que se estableció hace un mes en la Argentina en busca de evitar una rápida propagación del Covid-19.
Sin embargo, resulta indispensable el auxilio del Estado, sobre todo para mantener contenida a la gente y de esa manera tratar de prevenir eventuales actos de rebeldía social, en momentos de una parálisis laboral prácticamente total a causa de las medidas de confinamiento.
Ocurre que los changarines, jornaleros y/o cartoneros no están autorizados para salir de sus casas y circular; sus actividades no son consideradas tareas esenciales en este contexto de emergencia sanitaria: "No hay permiso para cartonear", se lamentan quienes viven rigurosamente al día.
Al igual que los asistentes sociales del Estado o miembros de organizaciones populares, los "curas villeros" también cumplen por estos días una tarea significativa en las primeras líneas de contención de las preocupaciones y la aflicción de la gente en barriadas transformadas en "ollas a presión".
Carta al presidente Fernández
El comedor de la fundación que lidera el padre Francisco "Paco" Olivera en la Isla Maciel, en Avellaneda, permanece cerrado debido a la cuarentena, pero continúa abasteciendo a las familias que solían recurrir a él, gracias a donaciones de personas y, sobre todo, de organismos públicos.
Lo mismo sucede con el comedor que montó Olivera en Libertad, en el oeste del Gran Buenos Aires, en donde se desempeña ahora el sacerdote, del Grupo Curas en Opción por los Pobres, tras haber sido expulsado de la diócesis de Avellaneda.
Días atrás, se conoció que una mujer de la villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores, que trabajaba realizando tareas de limpieza en el Senado de la Nación, falleció por coronavirus y en ese asentamiento los vecinos se organizaron para desinfectar con agua y lavandina áreas comunes.
En este sentido, la intervención de un sacerdote resultó clave para que personal de Gendarmería Nacional desplegado en la villa permitiera que esa labor se llevara adelante, con un bidón de 200 litros amarrado a un carro de cartonero y motorizado gracias a la colaboración de un herrero del lugar.
Un pastor también estuvo presente en la reunión que celebraron asistentes sociales con vecinos de la villa La Cava de Lomas de Zamora, a quienes prometieron reforzar las entregas de alimentos en respuesta a una carta que pobladores de ese barrio escribieron para solicitarle ayuda al presidente Alberto Fernández: dijeron necesitar 3.000 bolsones de comida.
Articulando tareas con la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete -presidida por Fernando "Chino" Navarro-, el Ministerio de Desarrollo Social prevé incrementar la cantidad de alimentos que se distribuyen en zonas vulnerables de 8.000 a 11.000 kilos, para llevar ese volumen a 15.000 kilos el mes próximo, según supo Noticias Argentinas.
"La situación en los barrios populares es muy angustiante", advirtió el movimiento Barrios de Pie que lidera Daniel Menéndez, subsecretario de la Economía Social y Desarrollo Local, tras una una jornada solidaria con 2.000 ollas populares montadas en distintos sitios del país.
En medio de esta situación, un grupo de legisladores porteños del Frente de Todos le envió al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, un documento con propuestas para ampliar las medidas de prevención en las villas de la Capital Federal: según calcularon, cerca de 73.000 familias residen en 57 barrios populares aquí.
Como sucede con el coronavirus, que afecta con mayor agresividad a pacientes con enfermedades de base, en un país que ya venía tratando de salir de una crisis considerable, las zonas más vulnerables de la población se han visto especialmente dañadas por la pandemia y la parálisis que generó, como se esperaba, la cuarentena obligatoria.
El Gobierno, tan dogmático como pragmático en este sentido, viene destinando tiempo y cada vez mayores recursos para mantener contenidos a esos sectores, sabiendo que si el aislamiento se prolongan, como da la sensación que ocurrirá, es probable que se avecinen tiempos incluso más difíciles. Emiliano Rodríguez