Ya en la anterior conferencia de prensa -también un viernes, el pasado 10 de abril-, el presidente había dejado sin responder una pregunta de la agencia Bloomberg, esa vez por la baja cantidad de testeos. Casi un mes después, al habilitar una nueva conferencia de prensa -saludable costumbre-, dio la casualidad que fue otra pregunta de ese mismo medio la que quedó sin contestar, aunque esta vez Alberto Fernández no la pasó por alto, sino que dijo abiertamente que prefería no hablar del tema.

Fue la última pregunta que le hicieron, cuando el periodista de Bloomberg habló sobre la inyección de 1,7 billones de pesos que piensa hacer el gobierno entre abril y junio, para aliviar el impacto económico de la pandemia. Ante la falta de acceso de nuestro país al crédito, quiso saber cómo podría la Argentina conseguir tanto dinero y evitar al mismo tiempo “una gran suba de la inflación”. Sin ocultar cierto fastidio, Alberto Fernández dijo que había discutido mucho sobre que le plantearan el tema económico en medio de esta discusión, “porque la realidad es que hemos hecho un enorme esfuerzo con el ministro Guzmán”, para enfrentar esta crisis “que no es muy distinta a la que vive todo el mundo. Usted me hace esta pregunta en la Argentina, cuando leo yo que en Europa la deuda de la Eurozona creció más de 20 puntos, y países como Italia o Grecia tienen una deuda que ha superado más del 100% del PBI propio. Entonces… yo sé que usted viene de un medio especialista en la economía y ese es su interés, pero hoy prefiero no hablar de eso, hoy tengo otras preocupaciones”.

Pero es que la economía es una cuestión clave en el gestionamiento de esta crisis, que es sanitaria, pero cuyo impacto social es inconmensurable, precisamente por sus consecuencias económicas. Lo plantea Martín Lousteau, al calificar como “inmensamente disruptivo” el fenómeno que nos toca atravesar. Un momento en el que se le dice a las empresas que no pueden abrir, pero al mismo tiempo a la gente que no puede consumir, y pasa lo mismo en todo el mundo a la vez… Agravado para nosotros porque hay que sumar los problemas propios de la Argentina, con una economía que desde hace ocho años crece por debajo de la media mundial: 2011 fue el último año en el que nuestro país amplió su economía a una tasa superior al agregado mundial. Con alzas y bajas, nuestra economía terminó promediando durante todo ese tiempo un crecimiento neutro.

Y es lo que afecta a un gobierno que nunca reveló cuál es su plan económico. Ni siquiera alcanzó a esbozarlo, pues el año pasado no quiso mandar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2020, argumentando que necesitaba conocer antes cuál era el estado de situación del “desastre encontrado”, tales sus palabras. A pesar de que, convengamos, desde las PASO de agosto se sabía que Alberto Fernández reemplazaría a Mauricio Macri en Balcarce 50.

La realidad es que no podía hacer un presupuesto sin saber antes qué sucedería con la deuda, y esa fue la obsesión del Palacio de Hacienda durante todo el inicio de esta gestión.

El punto límite siempre fue el 22 de mayo, fecha en la que se sabrá si la Argentina entra o no en default. Por eso, en condiciones normales -sin Covit-19- tampoco hubiera el gobierno enviado un presupuesto hasta saber si arreglaba o no con los bonistas, a pesar de que según la propuesta original nuestro país no piensa erogar nada sino hasta 2023. Se sabe que Alberto Fernández no quiere ir al default; también que el ala dura de su gobierno no ve con malos ojos esa posibilidad. Por lo primero es que los mercados -aquí y en Wall Street- se han mostrado positivos las últimas semanas, sin tener en cuenta la dureza de la negociación. La incógnita que en principio iba a develarse el viernes pasado se mantendrá ahora hasta el 21 de mayo, y hay incluso quienes no descartan que la Argentina termine pagando con reservas los 500 millones de dólares que vencen el 22/05, pues resulta poco justificable entrar en default por semejante cifra. Se verá. Todos los sectores que a pedido del gobierno salieron a expresar públicamente su apoyo a la reestructuración que encabeza Martín Guzmán, le han sugerido evitar la cesación de pagos. Es lo que opina también el 60% de la gente, según una encuesta de Poliarquía conocida esta semana, en la que apenas un 17% sugiere no pagar.

En el contexto actual, eso sería completar la tormenta perfecta.

La pandemia cambió todo. Está claro que por más que el Congreso vuelva a funcionar, este año no habrá Presupuesto, pues el manejo de los recursos depende ya no solo de un arreglo con nuestros acreedores, sino de la evolución de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, que se sabe serán demoledoras, más allá de que la cuarentena permita mantener la curva aplanada.

En su conferencia de prensa del viernes el presidente volvió a citar otros países, mas evitó criticar a nuestros vecinos, cuestión de no tener que llamar luego a sus colegas para disculparse. Pero volvió a cuestionar experiencias ajenas y para eso le apuntó a Suecia, un ejemplo bien lejano al que criticó, ponderando en cambio a su vecina Noruega, que sí aplicó una cuarentena a diferencia de los suecos. En Suecia los muertos superan los 3.000 y hay 25.000 infectados. Su tasa de mortalidad es de 291 por millón de habitantes, contra los 40 por millón de la elogiada Noruega.

Suecia mantuvo abierto todo y solo cerró universidades y escuelas secundarias, apostando deliberadamente a lo que se conoce como “inmunidad de rebaño”, una estrategia de contagio controlado que le estaría dando resultado pues desde el 21 de abril pasado el índice de contagio es menos de uno, número que permite frenar la expansión del virus. Con todo, la economía no pudo evitar desplomarse y ha tenido una caída incluso mayor a la de vecinos europeos con cuarentenas más severas, pues ello también depende del contexto internacional.

Como sea, sin cuarentena el sistema de salud sueco no desbordó; aquí en cambio debió apelarse a un aislamiento extremo por nuestra precariedad en la materia. Digamos todo.

Alberto Fernández se enoja cuando escucha que lo describen “abrazado a la pandemia”. Los que no lo quieren dicen que la baja mortalidad de la peste lo alienta a persistir con lo que mejor le sale, pues no hay un plan económico para lo que vendrá luego. Cierto es que el presidente mantiene una imagen muy elevada, aunque un estudio de Giacobbe & Asociados le asigna una baja de 7 puntos, producto de la discusión sobre los presos. El mismo trabajo revela que para un 58,5% “lo peor está por venir”; solo un 8,3% piensa que lo peor ya pasó, en tanto que un 58% piensa que la cuarentena debería extenderse hasta junio. Con todo, el dato más inquietante es el que expresa que solo un 18,9% no vio afectados sus ingresos durante el encierro, mientras que casi un tercio de la sociedad  directamente se ha quedado sin ingresos.

Se supone que de esto hablaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la extensa reunión que mantuvieron en Olivos el martes pasado en Olivos. La vicepresidenta, que durante su gestión presidencial vivió la Gripe A, pero solo cerró entonces las escuelas unos días, no era muy proclive a una cuarentena tan estricta -dicen-, pero ahora sí estaría muy de acuerdo con mantenerla, en base a sus diálogos constantes con los intendentes.

Pero el diálogo debe haber excedido a la pandemia, aunque en rigor, nada trascendió a los medios. Ni siquiera una foto. La cuestión judicial no puede haber estado ausente, pues desde el fin de semana que CFK viene insistiendo con el tema, a partir de un reportaje de la jueza Ana María Figueroa en el que dijo haber sido presionada por el gobierno anterior. La exmandataria le puso la cara de Juan Bautista Mahiques a esas presiones, aunque la magistrada no lo había nombrado y luego lo puso a resguardo. Cristina hizo caso omiso y el kirchnerismo avanzó con el tema, pidiendo investigar la denuncia.

La vicepresidenta le apunta al mismo tiempo a la causa del memorándum con Irán, que la involucra y donde habría habido presiones; pero también a Ignacio Mahiques, hermano de Juan Bautista y fiscal que junto a Gerardo Pollicita trabajó en el dictamen por el que CFK fue procesada por “asociación ilícita” en la causa que investiga la adjudicación discrecional de obra pública a Lázaro Báez; y a Horacio Rodríguez Larreta, quien impulsó a Juan Bautista Mahiques como fiscal general de la Ciudad, y al que la vicepresidenta quiere erosionar pues lo ve como eventual candidato opositor en 2023. No como rival de Alberto Fernández, ni mucho menos de ella… sino enfrentando a la “renovación” que espera vaya a encarnar entonces Axel Kicillof, o algún dirigente camporista.