Mientras un año atrás, la economía se debatía en la peor crisis de su historia, la sociedad veía empobrecer aceleradamente su nivel de vida, los bancos se enfrentaban con la desconfianza de miles de ahorristas atrapados por el corralito y el gobierno de Eduardo Duhalde no encontraba la fórmula para ordenar el descontrol, un importante holding financiero internacional fugaba del país más de 100 millones de dólares.

    Se trata del HSBC Group que, violando todas las normas legales que reglamentaban las transferencias al exterior, depositó la suma en cuentas bancarias en el extranjero. Así, el grupo británico no sufrió, como el resto de los argentinos, los traumas que produjo el default.

    El monto involucrado pertenece a La Buenos Aires Seguros, controlada por el HSBC Group, y fue transferido al exterior con el pretexto de proteger los activos de la compañía. Y lo hizo sin tener en cuenta dos impedimentos: la Ley de Emergencia Económica, que prohibía giros de capital al exterior; y el Reglamento de la Actividad Aseguradora que sólo permitía a las empresas invertir en otros países hasta 50 por ciento de sus tenencias monetarias.

    Lejos de respetar ambas normas y sin solicitar permiso, el grupo británico decidió poner a buen resguardo el dinero que La Buenos Aires debería destinar para cubrir la acreditación de capitales mínimos y cobertura de compromiso con asegurados y reaseguradores.

    Haciendo referencia al "actual contexto económico del país", La Buenos Aires Seguros abrió cuentas en bancos extranjeros, tal como la propia aseguradora admite en una nota enviada a la Superintendencia de Seguros a fines de mayo del 2002.

    Firmada por su entonces gerente general Alfredo Larripa, y avalada por los gerentes Carlos Guevara y Jorge D’Urbano, la carta reconoce que la empresa de seguros retiró de la Argentina 100 millones de dólares para "resuardarlos de la volatilidad del mercado".

    El memorandum dirigido al titular de la Superintendencia de Seguros, Claudio Moroni, también afirma que el HSBC buscó con la fuga de sus fondos “proteger los derechos de los asegurados".

    Pero más allá de justificaciones que podrían tomarse como válidas a la hora de defender los ahorros, lo cierto es que La Buenos Aires podría ser investigada por la Justicia por esta decisión.

    Conviene recordar que a mediados del 2002 la justicia federal inició una investigación para determinar qué grupos financieros se llevaron sus depósitos al exterior a pesar de la prohibición que imponía el corralito.

    En el caso aquí analizado, la maniobra quedó al descubierto luego de conocerse una carta enviada el 30 de mayo del 2002 por La Buenos Aires Seguros (empresa del HSBC) a la Superintendencia de Seguros de la Nación, para solicitar una excepción a las normas que restringen el giro de divisas al exterior. El único problema, es que pidió la autorización, luego de haber sacado el dinero de la Argentina. Es decir, La Buenos Aires primero se llevó la plata y luego pidió permiso.

    Se trataría de una evidente violación al reglamento asegurador, que permite depositar fondos en cuentas bancarias extranjeras, sólo hasta el 25 por ciento del capital mínimo de la aseguradora.

    También dispone el reglamento que las aseguradoras patrimoniales -como La Buenos Aires-, sólo pueden depositar en el exterior el 10 por ciento del dinero que administren en concepto de deudas con asegurados y reaseguradores, y compromisos técnicos. Lejos de cumplir con ambas reglamentaciones, el HSBC depositó todo el dinero de La Buenos Aires en cuentas no identificadas de bancos radicados en países desconocidos. Y, una vez que colocó el dinero a buen resguardo, recién se lo comunicó al Gobierno a través de una insólita misiva donde pidió autorización para hacer algo que ya había hecho.

    Insólitamente, Moroni dio curso a la petición de La Buenos Aires luego de que el Servicio Jurídico de la Superintendencia de Seguros estimó conveniente hacer lugar al tratamiento de excepción solicitado, como fundamentó Teresa Valle de Rosa, gerente jurídico del organismo. Eso sí, la Superintendencia lo hizo con una condición: que La Buenos Aires acredite el compromiso del HSBC a informar sobre el estado de las inversiones y su libre disponibilidad. También que, ante un eventual pedido de las autoridades nacionales se comprometiera a repatriar los fondos, a fin de hacer frente a eventuales pagos.

    Llama la atención la ingenuidad de las autoridades, que confían que una entidad que se llevó todos sus fondos al exterior, sin reparar en las normas del país, acepte mansamente regresarlo, cuando se lo pidan.

Angel Rama