El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al expresidente Mauricio Macri por espionaje ilegal. El supuesto hallazgo de una computadora con archivos mal borrados indicaría, según Di Lello, que durante la gestión de Macri se habrían espiado correos electrónicos de unos 80 políticos, empresarios y periodistas. Junto a Macri están imputados dos exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia y tres espías.

Ni Macri ni Di Lello son vírgenes en estos temas tan delicados, que ponen en cuestión la acción del Estado democrático y de quienes lo conducen.

Ya como jefe de Gobierno de Buenos Aires y luego de que creara la Policía Metropolitana, Macri fue acusado en 2009 por un presunto espionaje que habría llevado adelante el primer jefe de aquella policía, Jorge Palacios.

El impulsor de la investigación era Norberto Oyarbide, el mismo exjuez federal que renunció sin poder explicar su patrimonio y después de admitir ante las cámaras que durante el kirchnerismo lo habían “apretado del cogote” para que diera de baja sin investigar las causas por enriquecimiento ilícito contra los Kirchner.

Di Lello, exmontonero en su juventud, peronista en la actualidad, que llegó a fiscal con el menemismo, tampoco es un neófito. ¿Sabés quién era el fiscal original de aquella causa por escuchas ilegales contra Macri? Di Lello. En uno de sus dictámentes llegó a pedir el juicio oral de Macri por esta causa.

Pero, en diciembre de 2015, 7 días antes de que un Macri ya elegido presidente asumiera el cargo y seis años después de iniciada la causa, Di Lello pidió el sobreseimiento de Macri. Entre los argumentos que dio entonces, hubo uno muy importante: el fiscal dijo que Macri había sido “ajeno” a la decisión de hacer las escuchas.

Los sótanos donde se mezclan la política, la justicia y los servicios de Inteligencia se aprestan a montar un nuevo capítulo de una larga historia bien, bien, oscura, donde los ciudadanos corremos el riesgo de quedar otra vez a ciegas, sin saber en quién confiar ni en dónde está la verdad.