En 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner envió al Congreso Nacional aquel polémico proyecto de ley para expropiar la ex Ciccone Calcográfica —hoy llamada Compañía de Valores Sudamericana SA (CVS)—, se habló de “soberanía monetaria”. Algo similar a lo que se dice ahora con Vincentin, que refiere a la “soberanía alimentaria”.

Como primer paso, el Poder Ejecutivo decidió entonces la intervención “por sesenta días” de la firma, siempre por impulso del entonces vicepresidente Amado Boudou, quien terminó complicado judicialmente por esa trama.

Aparecía entonces la fantasmal sociedad The Old Fund cuyos fondos nunca quedaron claros de dónde provenían. Quien desnudó esa otra trama fue Christian Sanz, director de Tribuna de Periodistas, quien inició otro litigio, esta vez por enriquecimiento ilícito, contra Boudou y este terminó tras las rejas.

Como sea, en esos días, el proyecto de ley que buscaba quedarse con Ciccone argumentaba que la expropiación de la ex Ciccone es “primordial para mantener la soberanía monetaria”.

Incluso enmarcaba la iniciativa en la continuidad del proceso de “recuperación para el Estado de capacidades que son estrictamente de su competencia indelegable e ineludible, como es el caso de la emisión de moneda de curso legal”.

¿Terminará la trama Vicentin como la trama Ciccone? En ese caso, ¿quién terminará preso?