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En medio de la polémica por el intento del Gobierno de expropiar Vicentin, que parece haber quedado allá lejos, el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, decretó hace unos días la intervención del puerto de Reconquista en el marco de una serie de investigaciones por supuestas irregularidades en el manejo de la terminal utilizada por la cerealera.
Es curioso, porque ello ocurrió poco después de que Tribuna de Periodistas se preguntara si el verdadero interés de la expropiación no serían esos mismos muelles, siempre proclives para el narcotráfico.
“El interés en esas estratégicas dársenas portuarias podría ser otro: allí están ubicados los grandes laboratorios procesadores de droga que llegan desde Bolivia. Son puntos neurálgicos que la DEA catalogó como zona roja de ingreso y egreso de cocaína. Principalmente los puertos de Rosario, San Lorenzo y San Martín”, publicó este portal el 22 de junio, bajo firma de su director, Christian Sanz.
Una semana después, se conoció el DNU 574/20, el cual fue oficializado en el Boletín Oficial, y donde Perotti decretó la intervención del Ente Portuario por 180 días, y designó a Martín Deltin como su interventor, tras señalar que la terminal se encuentra inactiva desde el año 2004.
«La Terminal A, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004», explica el texto, y agrega que la situación significa «un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual».
Conocida la noticia, el directorio de Vicentin emitió un comunicado criticando la resolución, al especificar que la medida del gobernador santafesino genera «sospechas e imputaciones sumamente injuriantes e incluso algunas calumniosas sin aportar una sola prueba y sin haber formulado una sola denuncia».
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