El acuerdo para la reconstrucción de Europa reafirma el grado de integración del Viejo Continente en medio de la pandemia de coronavirus, a pesar de las diferencias que existen con países dominados por el nacionalismo o el euroescepticismo.

El Plan de Recuperación de la Unión Europea (UE), logrado el martes en Bruselas, debe ser ratificado por los distintos congresos y luego por el Parlamento Europeo, con el fin de ayudar a los 27 países del bloque perjudicados por la Covid-19.

La UE destinará un fondo de 750.000 millones de euros, conformado por 390.000 millones de subvenciones o garantías, o sea la ayuda que reclamaban los países del sur del bloque, liderados por España e Italia, a los que se le agregarán unos 360.000 millones en préstamos a bajo interés.

El pacto para hacer frente a la peste iniciada en diciembre en un mercado de animales de la ciudad de Wuhan, China, es el mayor plan de financiación de la historia de UE, creada el primero de noviembre de 1993, mediante el Tratado de Maastrich.

El bloque comunitario prevé una recesión de "proporciones históricas" debido a la pandemia, ya que la economía de la zona euro se contraerá un 7,7% del PBI, tras crecer 1,2% en 2019, informó a principios de mayo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

El acuerdo fortalece su legitimidad en las élites tradicionales, pero está lejos de contentar a las sociedades europeas cada vez más proclives al nacionalismo y el euroescepticismo”

Los llamados países "frugales" o "austeros", formados por Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, a los que se le sumó también Finlandia, lograron que se recorte el volumen de ayuda por la pandemia.

Sin embargo, el acuerdo aumentará los descuentos que tienen estos países en su contribución al presupuesto de la UE, por aportar más de lo que reciben, según informes de prensa.

De acuerdo al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, Italia recibirá casi 209.000 millones de euros, mientras que España contará con 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 serán en ayudas directas.

"El acuerdo fortalece su legitimidad en las élites tradicionales, pero está lejos de contentar a las sociedades europeas cada vez más proclives al nacionalismo y el euroescepticismo", dijo a Télam Ariel González Levaggi, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Para este analista, es importante recalcar que el pacto fue respaldado "a pesar de las diferencias existentes en el bloque, tanto a nivel económico como políticas, especialmente con los gobiernos populistas de la Polonia de (el presidente Andrzej) Duda y la Hungría de (Viktor) Orban".

Por su parte, el analista Andrés Matías Schelp, licenciado en Ciencia Políticas de la Universidad de Buenos Aires, opinó que el "contexto hiper-institucionalizado que ha construido la UE ha servido para mitigar las tensiones entre los diferentes bloques negociadores".

"Este grado de integración (formado por el peso económico de la UE, o los beneficios que perciben los estados miembros del bloque) no existe hoy en día en otras regiones", señaló Schelp.

En tanto, el analista Gustavo Cardozo, de la Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay, señaló a la agencia de noticias Télam que el acuerdo está destinado a los países con más problemas económicos, entre ellos España e Italia, que "son también los que más inmigrantes reciben de África del Norte".

"Esta circunstancia, precisamente, los ubica en una situación de recibir paquetes económicos para atender esa problemática en particular", afirmó.

La aprobación del acuerdo de reconstrucción fue considerada una victoria diplomática para la jefa del Gobierno alemán, Angela Merkel.

Durante la cumbre de líderes europeos, se postergó la aprobación de una clausula para imponer sanciones en caso de que se cometen infracciones en el Estado de derecho, a la que se opusieron Polonia y Hungría.

La Comisión Europea ha iniciado una serie de expedientes contra los gobiernos de Orban y del presidente polaco Duda, por violar supuestamente las leyes de la UE, socavando la independencia judicial y los derechos de las minorías.

A mediados de septiembre de 2018, el Parlamento europeo aprobó abrir un procedimiento de sanciones contra Hungría, a raíz de la política migratoria de este país europeo, que criminaliza la ayuda a inmigrantes ilegales.

Sin embargo, la cumbre más larga de la UE en dos décadas, que demandó cinco días ininterrumpidos de exhaustas negociaciones, estuvo centrada casi por completo en el coronavirus, que ha contagiado a 3.170.382 personas y matado a más de 209.000 en el continente, desde que se registrara el primer caso en Francia, el 15 de febrero, según la OMS.

Quizá la frase que resume el encuentro comunitario la pronunció la presidenta de la Comisión Europea, la médica alemana Ursula von der Leyen: "Han sido más de 90 horas, pero valió la pena".