La plataforma submarina epicontinental perteneciente a la Argentina, con una extensión de 4.725 kilómetros de costas en su litoral marítimo, es la presa codiciada por los “piratas” del norte, y han logrado poseerla, llámese explotarla, exprimirla, extraerle todos sus recursos pesqueros hasta agotarla. Caladero natural de la merluza "hubbsi" y otras especies, excepcional por su extensión, es un reservorio pesquero gigantesco a nivel mundial. Los funcionarios y políticos argentinos, responsables, amañando las leyes o directamente desconociéndolas, alentaron la formación de empresas mixtas entre empresarios españoles y argentinos, tan venales como los funcionarios y que sólo aportaron nombre y lugar físico para las instalaciones. Los “piratas” desembarcaron su tecnología de “primer mundo” y están exprimiendo el mar argentino sin reproche para ellos y para perjuicio de la Argentina. Es perjuicio es, por extensión, a toda la humanidad.
    Este trabajo de investigación tiene el fin dar a conocer al mundo el desastre ecológico provocado por las flotas pesqueras en Argentina qué, en su afán de lucro, depredaron el recurso pese a los reiterados llamados de atención. Dichas flotas fueron subsidiadas por el Banco Mundial al amparo de la EU-FAO-PNUD.  


Descripción: 

    El explosivo aumento de la capacidad de los buques extranjeros que actúan en el mar argentino está provocando la sobreexplotación de su principal especie, la merluza "hubbsi", que ya se encuentra al borde del colapso. El informe del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) de Argentina, dado a conocer el pasado 24 de marzo de 2000, recomendó la prohibición inmediata de la pesca de merluza común o hubbsi durante todo ese año, pues la especie se encontraba al borde de la extinción debido a la sobrepesca. 
    Sólo en 1999 los excesos de capturas alcanzaron las 124.000 toneladas. Entre 1993 y hoy, la biomasa de esta especie disminuyó a niveles alarmantes, motivo de reiteradas vedas lamentablemente discontinuadas; pese a pedidos y acciones concretas de organismos ecológicos internacionales. Como parámetro de máxima tolerancia, los científicos del INIDEP sugieren en el informe capturas inferiores a las 110.000 toneladas para este año. "El problema es que ya se llevan pescadas 55.000 toneladas, los primeros tres meses, y a este ritmo se llegará al tope, a más tardar, dentro de dos meses. Es como si hubiesen salido a pescar todos juntos apurando el exterminio", asegura el informe.
    A su vez, Jorge Dellacasa, asesor de la Subsecretaria de Pesca, dependiente de la cartera de Agricultura, anticipó que políticamente la prioridad es defender el recurso “a muerte” pese a las presiones sociales y las ejercidas por las entidades que agrupan a empresarios y pescadores. Sólo en Mar del Plata unas 20.000 personas viven de la actividad y representa la primera industria, seguida por el turismo, que le reditúa a esta ciudad un millón de dólares norteamericanos diariamente.
    En la problemática pesquera se cruzan dos variantes fundamentales: por un lado, la salud del recurso pesquero actualmente con signos vitales de franca disminución; por el otro, la supervivencia de las personas que dependen económicamente de la pesca, aunque el fin primordial siga siendo la protección del ecosistema marítimo para el Mercosur y el resto del mundo (señal que a las generaciones futuras se les garantice el cuidado de los recursos naturales). La ayuda económica a la gente afectada por la disminución del recurso y la reestructuración de la flota, deberían ser metas de un desarrollo sostenible en la región.  


Acuerdo comunitario

    El 6 de mayo de 1994, luego de dos años de negociaciones, se firmó el Acuerdo Sobre las Relaciones en materia de Pesca entre la Unión Europea (en ese momento todavía Comunidad Económica Europea) y la República Argentina. El Congreso Nacional argentino lo aprobó bajo el número de Ley 24.315. Este acuerdo tenía una vigencia por cinco años, renovables por dos años automáticamente salvo denuncia de alguna de las partes. Argentina denunció oportunamente al acuerdo y este dejó de regir a partir del 28 de mayo de 1999.
    En su artículo 5º, inciso 3, se describe el meollo de la cuestión: “La Comunidad, en el marco de su política de reestructuración de la flota, facilitará la incorporación de buques comunitarios a empresas constituidas o que se constituyan en Argentina. A este fin, la Argentina en el marco de su política de renovación tecnológica en materia pesquera, facilitará la transferencia de los permisos de pesca vigentes y expedirá los nuevos permisos que correspondan en virtud del presente acuerdo”. 
    La modernización de la flota: Con relación al objetivo planteado en el acuerdo de “renovar la flota Argentina”, podemos observar que la antigüedad promedio de los buques comunitarios cuyo proyecto fue aprobado por la Comisión Mixta es de 18 años, lo cual, con relación a una flota fresquera cuya antigüedad promedio es de 23 años, no representó un gran avance ni podría justificar de por sí la firma de este acuerdo.   
  

Hechos de corrupión

    En la Argentina se conoce al sector administrativo de la Secretaria de pesca como “la cueva”. Bajo el mandato del Secretario de Agricultura ganadería y Pesca (SAGPyA) ing. Felipe Solá se llevo a cabo la vulneración del Acuerdo Pesquero Comunitario, durante el primer mandato del presidente Carlos Menem. 
    “La cueva”, hoy como ayer, trabaja a full con alrededor de 100 personas. Nelida Videla Sanchez fue la responsable de la Dirección Nacional de Pesca, Jorge Quincke, el Director Nacional de Pesca, era el responsable por la irresolución de 4000 sumarios, muchos iniciados hacía 20 años como pudo comprobarse.
    1-Horacio Monsalvo, segundo de Quincke, era el encargado de fiscalizar la base del sistema de control satelital –Monpesat- y a quien se señaló como uno de los responsables por la caída del sistema. El incidente del cese del control satelital, comenzó cuando en una carta enviada a la SAGPyA la empresa española Saincel Sistemas Navales, adjudicataria del servicio de control satelital, anunció la interrupción de las prestaciones por “falta de pago... ausencia de propuestas concretas... e incumplimiento de compromisos”. A partir del primero de octubre de 1999, el sistema dejó de funcionar. La deuda ascendía a un millón de dólares, en tres años nunca le habían pagado a la empresa. Al comienzo del contrato los equipos habían quedado frenados por varios meses en la Aduana. Representantes de la empresa española dijeron que faltaba voluntad de la secretaría para ingresarlos. Ante el cese del control Monpesat (monitoreo satelital) unos 400 buques, que eran monitoreados, continuaron pescando sin ningún tipo de control oficial. Monsalvo informó que los buques saldrían a navegar con el equipo satelital fuera de servicio. Asimismo reconoció que había muchos más permisos de pesca que los que “debería haber”. Las vedas y zonas de pesca diferenciadas por tipo de flotas no fueron adecuadamente controladas ni respetadas. Varios buques industriales fueron denunciados a fines del 1999 y principios del 2000 por pescar al norte del paralelo 48, la zona reservada a la flota fresquera. Para más datos:    
1- Diario La nación,“El Gobierno busca transparencia en el sector pesquero”, 05 de enero de 2000 
2- Entrevista con Juan Carlos Villalonga de Greenpeace, op cit. 
3- Diario La nación, “ La Pesca , ante un panorama incierto”, 11 de noviembre de 1999.   
4- Diario La nación, “La pesca marítima, sin ningún control oficial” 20 de octubre de 1999. 
5- Diario La nación, “La pesca ante un panorama incierto” op cit. 

Los funcionarios han cambiado de escritorio o mantienen sus segundas líneas, recaudando como siempre

    La marginalidad relativa de la actividad, le confirió un carácter hermético al sector pesquero. Esto posibilitó que lo relativo a la pesca se manejara casi en secreto, respecto del resto de la sociedad. Ni siquiera el Estado en su conjunto sabía lo que ocurría con la pesca, más allá de los organismos gubernamentales específicos. La actividad pesquera fue, desde siempre, una incógnita social que estuvo reservada sólo para aquellos que se vinculaban directamente con ella. Esta “ausencia de la cuestión pesquera” explica en parte la falta de visión que tuvieron las autoridades respecto a la necesidad de estrategias de crecimiento claras. Nadie explica ni se responsabiliza por el desoimiento de las llamadas de alarma, manifestadas por los científicos respecto a la sobreexplotación, desde diez años atrás. El INIDEP nunca publicó sus resultados en manos del poderoso director Dr. Fernando Georgiadis, que manejaba la información personalmente, acomodándola a cada oportunidad que le fuera ventajosa. Tampoco existieron incentivos por parte de la prensa para investigar qué ocurría. Dado el lugar que ocupaba la pesca en el ideario de la sociedad, el impacto de noticias sobre la problemática pesquera, no llegaba a conmover al ciudadano común.
    La prensa comenzó a publicar notas respecto de la situación pesquera recién a partir de 1997, cuando la crisis se vislumbrada y comenzó a tener el potencial de “escándalo”.
    Un doble objetivo gubernamental (aumentar las exportaciones para aumentar el prestigio del gobierno) tuvo como consecuencia la duplicación del esfuerzo pesquero en el Mar Argentino y el establecimiento, en 1997, del récord de exportaciones de productos pesqueros por un valor de 1000 millones de dólares. Lamentablemente se marcó el punto de partida del vertiginoso descenso en el nivel de las capturas. No hubo una política de promoción responsable de las exportaciones, el boom exportador desembocó, en el transcurso de un año, en la mayor crisis del sector pesquero de la historia en la Argentina.
    Al aumentarse indiscriminadamente el esfuerzo de capacidad sobre la pesquería, sin contar con un marco legal general, se fomentó el descontrol. No se visualizaron las consecuencias sociales que acarrearía en el futuro.
    En el trabajo: “Una teoría económica de la Democracia” de Anthony Downs se pregunta si es posible distinguir entre el error de un actor racional y el comportamiento normal de uno irracional. La aparente irracionalidad que se manifestó a partir de la falta de una política de Estado fue en realidad el resultado de una política específica del actor gubernamental. Análoga a aquella atribuida a los actores privados por la teoría económica.
    El caso de la merluza demuestra la existencia de una racionalidad propia e inherente al proceso político, similar a la atribuida a los actores privados en el sentido de que se articula a partir de incentivos específicos. Esta situación es coherente con la teoría de Downs que se basa en la premisa de que el objetivo principal de un gobierno es el de maximizar su apoyo político a través de los votos, y no el de buscar el bienestar general. 
    La literatura sobre la regulación de los recursos naturales no siempre distingue la diferencia entre el análisis de los procesos políticos y del mercado. Esto ocurre por no reconocer que el sector político opera "externalizando" los costos. 
    La lógica política, que es de corto plazo, se encuentra en conflicto directo con aquella necesaria para la conservación de los recursos y el desarrollo sustentable, de largo plazo. Esta contradicción fundamental, intrínseca a los diferentes ámbitos, dificulta el desarrollo de políticas coherentes y responsables. Asimismo, este dilema reproduce la misma lógica que el juego de “la tragedia de los comunes” explicada en el inicio: una contradicción entre lo que es individualmente ventajoso y aquello que es socialmente correcto.  
    “Ir al colapso de la especie es una política pesquera, porque hacerlo diluye las culpas” según Juan Carlos Villalonga, Director de la Campaña de Pesca de Greenpeace Argentina.
    Esta espiral de crisis que se generó equivale a un círculo vicioso descendiente que se agrava con cada retraso de la decisión de aplicar la Ley y quitar del mar Argentino a la flota que pesca ilegalmente. El resultado es  una situación de crisis continua que desemboca en el colapso del recurso.  
    El espiral de crisis es complejo porque abarca a todos los actores e involucra una dimensión temporal. A medida que el gobierno posterga su decisión de fondo (por ejemplo, quitar del  caladero a los buques ilegales y reordenando el tamaño de la flota), la crisis empeora porque el sector sigue sobredimensionado por la triangulación de permisos, pero cada vez se pesca menos.  
    Desde el punto de vista privado, se ha dicho que es perfectamente racional tratar de seguir pescando al máximo posible hoy. En Canadá, con el colapso del bacalao en 1992, el gobierno declaró una veda, pero además destinó dos mil millones de dólares para hacer frente a la crisis social que generó el colapso, que en ese caso ascendía a 40.000 desempleados. En la Argentina, el anuncio del cierre del caladero no estuvo acompañado por un plan de reestructuración, ni por fondos económicos que acompañaran la decisión y le confirieran un carácter estratégico, ni por ninguna otra medida que significara una preocupación por el futuro del sector pesquero. En este contexto, aumentó aún más la racionalidad de los actores privados para oponerse a estas medidas aisladas. 
    La señal que el gobierno envió durante 1999, era que no tenían la menor idea sobre qué hacer ante el colapso inminente. Al decidir no absorber los costos políticos de tomar una decisión acertada, se pospuso la decisión que debería llegar, y que determinaría costos políticos aún mayores. Este espiral de crisis se mantiene aún hoy cuando aún no se han tomado medidas estructurales y el caladero se dirige hacia el colapso. Con el modelo de estos incentivos políticos, es posible predecir que esta situación se extenderá hasta fines del 2006 o comienzos del 2007, hasta finalizar con el colapso definitivo del recurso. En ese caso, y sin otros incentivos que se interpongan en el camino y que impulsen modelos sustentables de desarrollo, es posible (y esperable) la continuidad  de este modelo de explotación irracional hacia otras especies, replicando el caso de la merluza con otros peces, como nos ocurre hoy con el  calamar.
    Las presiones políticas que ejercieron sobre el Estado Argentino los sectores que debían ser regulados, le generaron mayores incentivos políticos para mantener a la industria sobre-dimensionada, no ejercer controles  necesarios para organizar las capturas de modo eficiente y sustentable para el futuro.
    En el caso Argentino pareciera ser aún más crítico ya que el abordaje de la crisis durante 1999 se presentó como una extensión del caos, que imperaba en ese momento, la desinformación y la incertidumbre que imperó en el sector a lo largo de los 30 años anteriores.
    ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron con la depredación de la merluza? Resulta claro que en corto plazo perderemos todos, pierde la sociedad en su conjunto, y se pierde la oportunidad de desarrollo y de empleo. Sin embargo, es parte de la ironía de este caso quienes más se han perjudicado (y se perjudicarán) por la depredación, han sido en gran parte los responsables. Por esta razón, este caso es un ejemplo de lo descripto como la “tragedia de los comunes” en el que los incentivos individuales difieren de la situación socialmente deseable.  
    Funcionarios y políticos pasaron por alto durante una década, las advertencias y recomendaciones científicas sobre cuál debería ser la explotación óptima del recurso. Siempre existió la necesidad de organizar a la industria pesquera, de establecer reglas claras para su crecimiento, y de hacerlo en torno al principio de desarrollo sustentable y el uso racional del recurso. Al llegar la crisis, tanto el Estado como el sector pesquero comprendieron de repente que el interés por la preservación del recurso trascendía el ámbito científico o el mero reclamo de ambientalistas.  
    Esta cuestión se debería convertir en realpolitik, a la hora de enfrentar las consecuencias del mar vacío. Debe ser alertada la comunidad Internacional dada la necesidad  impostergable de encarar los temas de desarrollo desde una perspectiva de explotación racional y de desarrollo sustentable.
    Asimismo, el concepto de “desarrollo sustentable” y el del bienestar para las “generaciones futuras” es abrazado por todos los actores sociales hoy en día, especialmente por aquellos que, irónicamente, hacen más daño al medio ambiente y a las generaciones futuras. Esta idea también ha sido plasmada en el artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en 1994. A pesar del extenso contenido discursivo, el compromiso general que existe con las futuras generaciones es aún incipiente. Para lograr cambios sustantivos en la manera en la que se enfocan las cuestiones ambientales las generaciones actuales deben ser revalorizadas, porque cuidar de las generaciones futuras presenta necesariamente un esfuerzo adicional y siempre es menos cuantificable que cuidarnos a nosotros mismos.  
    Este error de enfoque debería contemplar a las cuestiones ambientales, incluso para las generaciones presentes. El caso de la depredación de la merluza  mostrará durante los próximos años, el impacto negativo que tuvo el no atender estas cuestiones.  
    En la medida en que se perciba que estas cuestiones son verdaderamente importantes e impostergables desde el punto de vista social y económico, existirán mayores incentivos para encararlas con un compromiso político verdadero que asegure el futuro pesquero a nuestro amada Argentina (1).  


Aplicar las leyes inaplicadas es la premisa

    Una política pesquera sustentable debe ser la suma de acciones concatenadas, partiendo del reconocimiento de los procesos interdependientes que deberán abordarse directamente, por ser vinculados a temáticas abarcadoras de índole económica, social y política. La falta de una política transparente ha llevado a que la situación pesquera y medioambiental por la que atraviesa la Argentina   sea crítica.  La numerosa flota española, nunca ociosa, itinerante por todos los mares del mundo en busca de caladeros, sin escrúpulos en la forma de lograrlos. Históricos depredadores; en la década del `80, fueron expulsados de las costas de Canadá, con la intervención de la Armada que llegó a embestir, con sus buques, las rampas de popa de los pesqueros, inutilizándolos. Fue la forma expeditiva de despedir a los “piratas” españoles y no se llegó a un conflicto mayor por mediar la membresía del pacto de la OTAN. De otros caladeros, una vez agotados, se fueron dejando en su partida ciudades fantasma y daños en el ecosistema, difícil de revertir. Es una cuestión de estado para el Reino de España mantener su flota pesquera activa. Mientras los conservacionistas de reconocidas “ONG” reclaman al presidente Rodríguez Zapatero, que España lidere la recuperación de los ecosistemas marinos, debido a la influencia de la flota pesquera española en Europa y en todos los océanos del mundo.


Permiso para depredar: subsidiado por el Banco Mundial-FAO  

    Los subsidios a las empresas pesqueras deben ser completamente eliminados, con la excepción de aquellos destinados al desmantelamiento de barcos y a la reconversión profesional de  pescadores. El estudio de Science (www.sciencemag.org) reproducido ampliamente en la prensa de hoy, advierte que si el actual modelo de explotación pesquera continúa, dentro de 40 años todos los stocks pesqueros se habrán colapsado. Pero esa es la situación actual para el 38% de los stocks comerciales de todo el mundo, cuya abundancia ha disminuido en más del 90%. Todavía en peor situación se encuentran un 7% de los stocks, que están comercialmente extinguidos al haberse eliminado hasta un 100% de sus efectivos. Prácticamente todas las pesquerías restantes se encuentran en situación de sobreexplotación, habiendo perdido ya más del 50% de su biomasa y acercándose rápidamente a la situación de colapso. 
    “España tiene una enorme responsabilidad en el tema pesquero. La flota de este país representa la mitad de la de toda la Unión Europea. Los armadores españoles poseen, además, buques con bandera no española e incluso no comunitaria. El lobby pesquero español tiene una enorme capacidad de influir en las posiciones que este país traslada a la Comisión Europea , el Parlamento Europeo y Consejo de Ministros de Pesca de la UE. Y añade: España es, en la mayoría de los casos, la responsable de que Europa no tome medidas más avanzadas que permitan evitar el colapso de las pesquerías y actuar para la recuperación de los stocks. Los armadores españoles se ven con frecuencia implicados en actividades de pesca pirata y sus barcos son arrestados por actividades de pesca ilegal.  Es hora de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero reconsidere esta actitud y convierta a España en el país que lidere internacionalmente la recuperación de los caladeros y la reconversión de la actividad pesquera hacia una pesca verdaderamente sostenible e impulse la creación de grandes reservas marinas, que permiten la recuperación de la biodiversidad y aumentan la productividad pesquera”, ha publicado el sitio Agroterra hace unos meses al respecto.  
    La Unión Europea subsidió con U$S 300.000.000 a empresas "piratas", a la vez que Argentina, triangulando permisos, permitiendo pescar ilegalmente especies para las que no estaban autorizadas. La Unión Europea también benefició su propio caladero por la reducción de la sobrepesca. Estas acciones obligan a la reparación del daño y al procesamiento penal de los responsables.
    En 1986, un informe del INIDEP presentó un estudio del período 1966-1983, que fue concluyente; la explotación del recurso merluza común se encontraba próxima a su máximo rendimiento sostenible y que existía un sobredimensionamiento de la flota. 
    Los mayores excesos de capturas se dieron a partir de 1995, cuando la captura real superó en un 47 por ciento a la máxima permisible. Ese porcentaje fue del 50 por ciento en 1996 y del 48 por ciento en 1997. En los últimos años, la producción se ha reducido notablemente como consecuencia de la crisis del caladero por la cantidad de buques ilegales que operan en él. 
    Las 250.000 toneladas desembarcadas en el primer trimestre de 1997 ya equivalían al 63 por ciento de la captura máxima permitida. A fin de año los desembarcos superaron en un 50 por ciento a la recomendada.  Los ejemplares juveniles fueron sometidos a una gran presión, ya que se estima que al menos 40 por ciento de las capturas afectó a ejemplares de talla pequeña. La pesca prematura representa una amenaza para el ciclo biológico de la merluza, ya que compromete su sustentabilidad futura, así como las posibilidades de recuperar el stock, que se ha reducido a menos de la mitad en los últimos años.  
    Los indicadores biológicos mostraban que el estado del recurso era grave y muy alto la probabilidad de colapso. Ante este panorama, el INIDEP señaló que para garantizar la sustentabilidad del recurso no se debían pescar mas de 289.000 toneladas de merluza durante el año 1998, el mínimo recomendado en toda la década. Sin embargo, en 1998 se pescaron más de 415.000 toneladas.  
    En 1999 la pesquería se encontraba compuesta principalmente por ejemplares juveniles (que aún no habían desovado una vez), por lo que su captura implicaba la ruptura de la descendencia y la caída de la biomasa en los años siguientes.  
    Los datos técnicos que alertaban sobre la posibilidad de colapso eran coincidentes. El impacto era la baja de un grupo de peces denominado "biomasa reproductiva virgen", son los peces que se conservan como reserva reproductiva año tras año.

Roberto V Maturana
Oficial de la Marina Mercante-Investigador

(1) Para comprender este problema es necesario tener en cuenta que hoy escasea en el mundo el recurso pesquero, y lo que sobra son buques pesqueros e inversores en pesca. Justamente por ello, y para evitar la sobrepesca, la Unión Europea ha decidido la eliminación de 2.986 barcos pesqueros italianos, 1.326 españoles, 962 franceses, 736 daneses, 714 británicos, 355 griegos, 287 holandeses y 180 holandeses.