Este lunes, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide solicitaron el procesamiento de los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuesto espionaje ilegal sobre el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria en 2018, informaron fuentes judiciales.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, que tienen delegada la investigación, presentaron el dictamen ante el juez federal Juan Pablo Auge, que en los próximos días deberá resolver la situación procesal de los acusados.

Fuentes con acceso al expediente revelaron a la agencia de noticias Télam que los fiscales también reclamaron que sea procesado el agente y ex director operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, en el marco del expediente por el cual ya se encuentra procesado el ex espía Alan Ruiz, sindicado como quien coordinaba los operativos ilegales.

Para los investigadores, los acusados violaron la ley de inteligencia al ordenar y realizar tareas de espionaje ilegal, pero además cometieron el delito de falsedad ideológica cuando intentaron ocultar las maniobras a través de la producción de documentos falsos, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a su accionar.

En un extenso dictamen del que aún no trascendieron detalles, los fiscales sostuvieron que los documentos -tanto los producidos para los circuitos internos de la AFI, como los enviados al Congreso y a la justicia- fueron parte del intento de ocultar el espionaje ilegal.

Según pudo saber esta agencia, de acuerdo con la investigación, la orden de realizar tareas de espionaje, que Ruiz trasladó al grupo de espías que operaba en la "calle", apuntaba a vigilar e informar si en ambos domicilios ingresaban o salían "bolsos", y no a advertir riesgos ante un eventual ataque terrorista, como se intentó decir en un primer momento.

Fuentes judiciales dijeron que, según la investigación, esa orden llegaba directamente de Silvia Majdalani.

Ruiz, quien en el mundo de los espías era conocido por el alias de Augusto Rovero, “coordinó durante el año 2018, al menos, desde el mes de mayo y hasta diciembre de ese año, junto a otras personas, un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia de la AFI, dedicada a realizar tareas de inteligencia y espionajes ilegales”, sostuvo el juez Auge cuando procesó al ex espía.

Las tareas de espionaje ilegal “consistían en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidaria, social, sindical y/o cultural”, según surge del expediente.

De lo aportado a la investigación por un testigo de identidad reservada, se pudo reconstruir que la orden que Ruiz había dado era la de “detectar si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación y/o dinero, como así también si en esos dos domicilios recibían ese tipo de objetos o se desarrollaban esas actividades”.

La “vigilancia” se hacía de día, desde un auto ubicado en las inmediaciones de los blancos a espiar –uno de ellos detectado el 6 de agosto de 2018 por personas que frecuentaban el Instituto Patria- desde donde los espías podían verlo todo.

Por las noches se utilizaban “autos de técnica” que tiene cámaras indetectables y que quedaban estacionados y sin ocupantes.

El 9 de agosto de 2018, Arribas y Majdalani “suscribieron conjuntamente la Nota con sello de identificación de la AFI N° 8201 que fue presentada ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Control y Actividades de Inteligencia” con la que buscaron justificar las actividades desarrolladas por los espías descubiertos.

Desde la AFI de Cambiemos se intentó justificar el espionaje ilegal bajo el pretexto de haber desplegado tareas para desarrollar “vigilancia perimetral”, en el marco de una causa por alarmas de atentado, radicada en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena, quien debió excusarse de intervenir en este expediente.

Esta investigación se inició por una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que ese organismo, durante la gestión Cambiemos adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite y que pudo haber sido utilizado para fines ilegales.