En las últimas horas, Juan Sebastián Destéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos, concurrió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia donde intentó despegarse de las versiones de otros agentes como uno de los protagonistas de las supuestas maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por el organismo en el Gobierno pasado de Mauricio Macri.

El ex agente Destéfano, que la semana pasada había rechazado la convocatoria por consejo de su abogado -según él mismo reflejó en una nota que remitió a la comisión- esta vez acató la intimación de los legisladores que le habían anticipado que lo denunciarían si se ausentaba sin una excusa válida y se presentó acompañado por dos letrados.

El exjefe del área de Jurídicos de la AFI presentó un escrito de cinco carillas, que le pidieron que leyera en voz alta, con el que buscó despegarse de las declaraciones de otros agentes y exagentes que lo ubicaron en un lugar protagónico dentro de la estructura que desarrolló y encubrió las supuestas maniobras de espionaje ilegal que también investiga la justicia.

Tras adelantar que no se sometería a preguntas de los legisladores del oficialismo y la oposición, Destéfano leyó el escrito en el que sostuvo que su área dependía de la dirección de la AFI, a cargo de Gustavo Arribas, mientras que las cuestiones operacionales estaban bajo la órbita de la subdirectora Silvia Majdalani, y aseguró que se limitó a elevar informes que a él le llegaban desde las otras áreas de la agencia, según pudo reconstruir la agencia de noticias Télam de fuentes parlamentarias.

En una parte de su exposición, en la que describió sus funciones en la AFI, cuestionó las declaraciones que el ex jefe operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, dio ante la comisión bicameral y la justicia en las que lo sindicó como un actor fundamental en el armado de la documentación que se utilizó para intentar dar apariencia legal al espionaje realizado sobre el Instituto Patria y sobre el domicilio de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2018.

En la causa judicial que tramita en Lomas de Zamora, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide aseguraron que efectivamente los acusados de realizar espionaje ilegal "intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales".

En otra de las declaraciones ocurridas en el marco de la Bicameral, el agente de Contrainteligencia Andrés Bertolini había remarcado que durante el gobierno de Cambiemos el área encabezada por Destéfano había crecido de manera desproporcionada hasta crear una suerte de "agencia dentro de la agencia" que tenía exclusividad en el vínculo con la justicia, hacía escuchas telefónicas, llevaba causas y tenía un área operativa.

Destéfano cuestionó esas declaraciones, señaló a su otrora colega José Padilla como quien supuestamente manejaba el vínculo con los jueces y se mostró molesto por la convocatoria al Congreso tras señalar que hay causas judiciales abiertas en las que podría ser citado, oportunidad en la que estaría dispuesto a hacer un amplio descargo.

Para el martes próximo la comisión planea continuar con la convocatoria de exagentes de inteligencia del área de Jurídicos de la AFI entre los que se encuentran quien fuera señalado como "sr. Martiré" y Bernanrdo Migues, el exempleado del juzgado del fallecido Claudio Bonadio, de quien se sospecha que habría coordinado la elaboración de los documentos confeccionados para dar apariencia de legalidad al espionaje contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En simultáneo, la comisión ya comenzó a trabajar en la auditoría de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia y está previsto que el equipo que trabaja en ello presente un primer informe preliminar en las próximas semanas.

Tres abogados y dos informáticos conforman el equipo que por estos días se encuentra analizando todas las intercepciones telefónicas realizadas por pedido de la AFI vía precausas y todas las solicitadas por jueces en el marco de causas judiciales en los que tuvo alguna intervención la central de espías.