La carta que enviaron “todos” los acreedores externos al ministro Guzmán exhortándolo de manera concluyente a terminar la negociación de la deuda, consiste ni más ni menos que en un ultimátum para la Argentina. La misiva firmada por todo el universo acreedor contiene y reitera todas las exigencias que venían pidiendo los tres grandes grupos de bonistas.

La propuesta de los acreedores implica un ahorro de unos 35.000 millones de dólares en un plazo de 9 años a una tasa de interés promedio de 3,4%. Los intereses de los nuevos bonos según la propuesta se comienzan a computar desde el próximo 4 de septiembre y el primer vencimiento de ellos se abonará el 30 de julio del año próximo.

La propuesta podría resumirse en los siguientes términos: Se ofrecerá a los titulares un menú de cinco (5) nuevas series de nuevos denominados en dólares y cinco (5) nuevas series de Nuevos Bonos denominados en euros. Los nuevos Bonos ofrecidos a cambio de Bonos de Cambio se emitirán bajo la escritura firmada en 2005, y todos los Nuevos Bonos ofrecidos a cambio de Bonos Globales serán emitidos bajo el Contrato 2016, con las modificaciones descritas en el Anexo III, diseñado para abordar ciertas preocupaciones de los tenedores de bonos, al mismo tiempo que permanecen fiel y de acuerdo con el diseño de la arquitectura financiera internacional para la deuda soberana que ha sido respaldada por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales y el G-20.

La Argentina no podrá hacer mejores concesiones a los tenedores de bonos en dólares bajo jurisdicción local. Los Nuevos Bonos estarán sujetos a amortización, con el capital a pagar en cuotas semestrales. La amortización comenzará en 2025.

Los acreedores se reservan la cláusula de mejora de derechos en caso de que el gobierno ofreciera mejores condiciones futuras a otros acreedores, una cláusula conocida como “RUFO” (Rights Upon Futures Offer) que es materialmente idéntico a la disposición de Derechos sobre Ofertas Futuras establecida en el folleto informativo con fecha 21 de abril de 2020.

Finalmente, los acreedores exigen que “en la fecha de entrada en vigencia, Argentina pagará todas las tarifas de asesoría legal y financiera y gastos del Ad Hoc Argentine Bondholder Group, el Comité de Acreedores de la Argentina y del Grupo de Titulares de Bonos de Cambio”. Es decir, hay que pagar hasta los gastos de los abogados de los acreedores.