La prudencia del primer Procurador de Ginebra, Yves Bertossa, cargo que congrega las funciones cantonales de fiscal y juez de instrucción, y la ausencia de persecución penal contra el actual Rey Emérito de España, abonan la hipótesis que con los datos filtrados en la prensa, y tras las verificaciones de rigor, no hay ahora elementos suficientes para imputarlo de cualquier delito, al menos en Suiza. De momento, las autoridades judiciales de los dos países mantienen silencio.

El resumen de lo conocido públicamente muestra que Juan Carlos dispuso de dos cuentas en Ginebra, una abierta en el 2003 en el Credit Suisse, bajo cobertura de la fundación de Liechtenstein, Zagatka, organizada por su primo lejano, Alvaro de Orleans; y otra posterior en el banco Mirabaud, a nombre de la sociedad panameña Lucum, creada en 2008. En ambas ocasiones el anteúltimo Soberano de España, que abdicara el 18 de junio de 2014 en favor de su hijo Felipe, documentó ser dueño de los fondos. Los fiduciarios locales con poder de administración de las cuentas, el gestor Arturo Fasana, y el abogado Dante Canónica, fueron mandatados por el amo de los haberes. Bancos y mediadores sabían concienzudamente quien era y lo que hacía el propietario con el dinero. Conjeturalmente Fasana operó en el marco de su firma Rhône Gestion, y Dante Canonica se avocó a las tareas legales de los abogados que representan a extranjeros en la plaza financiera helvética.

Las diligencias preliminares iniciadas por Yves Bertossa, apuntan al delito de blanqueo de dinero. Tal vez se inspiró en su progenitor, Bernard Bertossa, el otrora Fiscal General de Ginebra, quien desencadenó unos 30 años atrás, las revelaciones de trafico de comisiones ocultas que manejaran los personeros españoles del gobierno socialista de Felipe González, y la multinacional alemana Siemens, en torno al tren de gran velocidad Madrid-Sevilla. Al igual que su padre, el motivo de la apertura de los procedimientos por parte de su hijo, resultaron informaciones de prensa.

En efecto, Yves Bertossa tomó conocimiento por los medios de comunicación en 2018, que un policía español jubilado, José Manuel Villarejo, ventilaba el contenido de una conversación mantenida en 2015 con Corinna Larsen, una amante alemana de Juan Carlos, grabación aparentemente registrada sin su consentimiento, en la cual se destapaban indicios de las cuentas suizas y del trasiego de fondos. Destacaban movimientos por 5 millones de dólares aparentemente procedentes de Kuwait, 100 millones de dólares transferidos en 2008 provenientes de una “donación” del Rey de Arabia Saudita, Abdalá Bin Abdelaziz, y cerca de 2 millones de dolares en efectivo, depositados personalmente por Juan Carlos en 2010, supuestamente ofrecidos sin contrapartida por el Rey de Bahrein, Hamad bin Isa Salman al-Khalifa.

El destino ulterior de esos capitales se habrían canalizado mediante el retiro en efectivo de remesas limitadas y periódicas vía los colaboradores designados en Suiza, que luego las transportaban en sus maletas a Madrid, donde Juan Carlos hipotéticamente las utilizaba para cubrir gastos de sus viajes privados y otras actividades al margen de su tarea monárquica. En esa escenografía de goteo regular de haberes hacia España, de pronto se produjo una transacción fuera de lo común. Su Majestad le hizo un “regalo” de 65 millones de euros, a una “amiga entrañable”, la antes mencionada Corinna Larsen. Se los transfirió desde Ginebra a la sucursal Nassau, en Bahamas, del banco Gonet, igualmente de Ginebra. Con ese capital ella habría financiado la compra de apartamentos en Londres, y una chalet en los Alpes suizos.

Así pues, en 2012 coincidieron el accidente de Juan Carlos en Botsuana cazando elefantes, ocasionándole fracturas de cadera, poniéndolo en la picota de la prensa mundial, mientras los españoles sufrían una grave crisis económica; junto a la entrada en vigor de las exigencias internacionales a las personas de notificar al fisco del país originario, o en el que residan permanentemente, de los depósitos en cuentas suizas, lo que Juan Carlos no había hecho, ni aún hizo, en España. En esas circunstancias, las cuentas fueron cerradas, y la relación amorosa tuvo su epilogo, al parecer irrigando un mar de reproches. En 2013 Larsen vendió el duplex de lujo de 300 metros en las montañas helvéticas y hoy reside en Mónaco.

El articulo 305bis del Código Penal suizo castiga a quien haya cometido actos que obstaculicen “la identificación del origen, el descubrimiento o la confiscación de valores patrimoniales de los cuales sabía o debía presumir que provenían de un crimen”, hasta con 5 años de cárcel. Pero Juan Carlos no disimuló sus cuentas sirviéndose de la identidad de otras personas, o de sociedades encubiertas enteramente por prestanombres. Presumiblemente no se disoció de ellas en sus actas constitutivas. Tampoco enmascaró el origen de los depósitos, no obstante la hercúlea tarea pendiente que deberá llevar a cabo la justicia para saber si son ciertos los desinteresados gestos de los gobernantes de Kuwait, Bahrein y Arabia Saudita.

En este último caso es propicio añadir dos agravantes. Primero el fallecimiento del Rey Abdalá Bin Abdelaziz en 2015, quien debería responder por la cuantiosa “donación” efectuada. Y segundo la sospecha del procurador Bertossa, que esos 100 millones de dólares pudieron constituir la inconfesable retribución, por una rebaja diez veces superior a dicha suma en los costos del contrato firmado en 2008 por un consorcio de 12 empresas españolas para hacer una mejor oferta que un conglomerado francés, y ganar la licitación del tren de gran velocidad La Meca-Medina en Arabia Saudita. La obra se inauguró en 2018.

Resta por saber incluso lo que resolverá el Procurador Bertossa sobre el rol de los “intermediarios financieros” (por ejemplo, los anteriormente consignados Arturo Fasana, Dante Canonica, y los tres bancos involucrados). Falta conocer si cumplieron con las disposiciones de la Ley federal contra el blanqueo de dinero de 1998, y demás convenios ulteriores, entre otros, lo recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¿Aclararon exhaustivamente el origen de los fondos, y los motivos de transferencias y operaciones inusuales llevadas cabo por las denominadas Personas Políticamente Expuestas (PPE), siendo obviamente una de las mismas Juan Carlos I de España?

Por lo pronto, todo indica que el dueño de la fortuna, no habría facilitado a los bancos suizos argumentos de haber cumplido con sus deberes respecto al fisco español, quizá porque, con o sin razón justificada, tenía inmunidad también en beneficio de su conducta privada durante el reinado, finalizado en el 2014, cuando abdicara. Es evidente que para acusarlo de una infracción fiscal habría que probar la existencia de un delito continuado, con alcances posteriores al 2014. De cualquier modo, el Tribunal Supremo de España, no se ha pronunciado.

Yves Bertossa, quien suena como uno de los candidatos para reemplazar al dimitido Michael Lauber, a la cabeza del Ministerio Público de la Confederación (MPC), el patrón de los procuradores helvéticos, tomó la iniciativa de personarse en Madrid, acompañando una comisión rogatoria (exhorto), compartiendo con las autoridades competentes españolas la transmisión espontanea de elementos de prueba, sin que aún exista allí una causa penal por delito fiscal u otro, contra Juan Carlos. Con todo, a los 82 años, el Rey Emérito, prosigue con paradero desconocido desde que el domingo pasado, huyera de la Zarzuela.