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Este martes, la Fundación Apolo, a través del Equipo de Activismo Judicial que lidera José Magioncalda, denunció por delito de desobediencia a los senadores oficialistas que no acataron la medida precautelar dictada por la jueza María Alejandra Biotti.
La Magistrada había ordenado que se suspendieran los trámites mediante los cuales el kirchnerismo pretende trasladar a los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, magistrados que “no son del agrado” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su intervención en la causa de los cuadernos.
La denuncia lleva las firmas de Magioncalda y Juan Cruz Vaqueiro y sostiene: “No podemos dejar de advertir el peligro que implica para el orden republicano que uno de los poderes del Estado incumpla con decisiones judiciales”.
Asimismo, en el mismo escrito se manifiesta que “estas conductas ponen a la ciudadanía en un total estado de indefensión y llevan al país, directamente, a una tiranía sostenida en mayorías circunstanciales”.
Vale la pena destacar que, si bien algunos senadores oficialistas han querido distinguir entre los actos de “dar ingreso a los trámites de acuerdo” y de “tramitar los acuerdos”, la realidad es que, en los considerandos de la medida precautelar que dictó la Jueza, se plantea claramente que dichos trámites no debían ingresarse.
Por eso, los abogados entienden que “es necesario abrir una investigación por la posible comisión del delito que prevé el artículo 239 del Código Penal”.
El mismo reza que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.
Según pudo saber Tribuna de Periodistas, la denuncia ha recaído en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 8, a cargo del Juez Marcelo Martínez de Giorgi.
