A pesar de la extraordinaria difusión del acuerdo de la Universidad de Oxford y el laboratorio británico-sueco AstraZeneca con un laboratorio argentino y otro mexicano para la producción de una vacuna contra el Covid-19, los detalles de esa operación presentan más incógnitas que certezas. Entre estas últimas, asoma una con bastante claridad: para el eventual suministro de esta vacuna se repite un modelo de gestión en el que la línea divisoria entre el interés general y los beneficios privados aparece muy borrosa. Nada que sorprenda: el kirchnerismo insiste en una concepción muy controvertida de la relación entre el Estado y algunos amigos empresarios.

Alberto Fernández celebró que Oxford y AstraZeneca contrataran al laboratorio mAbxience, que pertenece a Hugo Sigman, para la fabricación de la vacuna que todavía se está investigando. Al día siguiente, Sigman explicó que se trata de un acuerdo entre privados, en el que el Estado carece de participación. Sin embargo, el ministro Ginés González García adelantó que el Estado adquirirá 11 millones de dosis de la vacuna. "El que la necesite la va a tener, pagada por el Estado", aseguró.

La afirmación de González García inspira un rosario de preguntas. Ahora se sabe que, contra lo que había aclarado Sigman, el Estado interviene en el negocio: garantiza a una empresa privada la compra de lo que produce. Cabe, entonces, la pregunta: ¿por qué esa vacuna y no otra? Si bien el desarrollo de Oxford-AstraZeneca es uno de los más promisorios, en la actualidad existen 18 investigaciones avanzadas. Otra duda: ¿y si, en esa carrera, otro laboratorio adelantara un hallazgo o apareciera un producto más efectivo? ¿El Estado argentino seguiría atado a la vacuna inglesa?

En el emprendimiento participan también la fundación Slim y la farmacéutica Liomont, ambas mexicanas. Por eso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, habló de la vacuna. Dijo que había dado instrucciones al organismo de control sanitario para evitar la burocracia en su aprobación. Aun así, cuando le preguntaron qué sucedería si aparecía una solución distinta, aseguró: "Si en Rusia, en China, se tiene primero la vacuna y se demuestra que es eficaz para salvar vidas, de inmediato establecemos comunicación; yo hablaría personalmente con el presidente de China, con el presidente Putin para que se tenga la vacuna y lo mismo en el caso de Estados Unidos". ¿Alberto Fernández haría lo mismo? No está claro. A pesar de que, horas antes de festejar el acuerdo de Sigman, había festejado también la dudosa vacuna de Vladimir Putin.

Otro enigma tiene que ver con el precio de lo que se va a comprar. Ginés González García habló de entre 3 y 4 dólares. Una brecha del 30%. AMLO, en cambio, apostó a 4. El mexicano también dijo que se pagará con "dinero del pueblo". ¿Quién fijó ese precio? Misterio. Nadie aclara tampoco si se refiere a una o dos dosis. Sería pertinente, porque González García dijo que "con una dosis el 91% de los pacientes obtienen inmunidad; con dos, el 100%". El principal interrogante se refiere a si estas promesas de compra, estimaciones de costos, cantidad de aplicaciones y adquisición monopólica forman parte de alguna negociación documentada. Es decir: cuáles son los actos administrativos que se corresponden con esas palabras. Es importante, entre otras razones, porque el vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca, Ruud Dobber, aclaró hace dos semanas que "el laboratorio no puede tomar el riesgo de que, de aquí a cuatro años, la vacuna pueda mostrar efectos secundarios". Dobber aclaró que ese riesgo penal lo deben correr los Estados, "porque es de su interés nacional". ¿Quién pondría la cara en la Argentina? ¿El Estado o Sigman? Otra zona gris del "acuerdo entre privados".

Alberto Fernández agrega confusión. Cuando habló del contrato entre Oxford/AstraZeneca y Sigman, refunfuñó: "Cuando nos decían 'no se ocupan de la vacuna, por qué no miran a Oxford, que es el más desarrollado' silenciosamente estábamos trabajando". Más allá de que, si es un acuerdo entre privados, no se entiende la primera persona del plural, la refutación a esos reclamos también es incorrecta. Brasil, por ejemplo, llegó a Oxford mucho antes que Sigman. Y muchísimo antes que Fernández, que, al parecer, nunca pretendió llegar. Pero lo importante no es la velocidad, sino el modo. En Brasil, el convenio con Oxford/AstraZeneca lo realizó el Estado. Y la vacuna será producida por dos laboratorios públicos. La fundación Oswaldo Cruz y Bio-Manguinhos. El equivalente a lo que aquí sería el Instituto Malbrán. El sector privado tiene, es cierto, una participación. Pero muy distinta de la de Sigman: cinco grandes empresas donarán al Estado la tecnología para que esos laboratorios fabriquen la vacuna en gran escala.

Es una paradoja llamativa. El gobierno nacional y popular delega la solución en un empresario privado al que le garantiza la compra monopólica de su producto a un precio incierto y con riesgos peligrosos. Y el cuasi fascista Bolsonaro, apoyado por el neoliberal Paulo Guedes, pone al Estado como el principal actor de la respuesta sanitaria, recibiendo donación de los privados.

Estados Unidos adoptó otro método. Donald Trump financió a varios laboratorios privados, entre ellos, AstraZeneca, para el desarrollo de la vacuna. Megalómano, denominó a su programa Warp Speed (velocidad de la luz). En él participan varias agencias del Estado y un grupo de laboratorios. Los demócratas levantaron algunas sospechas, sobre todo porque el líder del proyecto, Moncef Slaoui, tuvo responsabilidades en Moderna, uno de los laboratorios cuya investigación de la vacuna está más avanzada. El mexicano AMLO mantiene también esta estrategia, negociando con cuatro firmas internacionales. La Unión Europea acordó con varios laboratorios que estudian la vacuna. Y en Australia el Estado acaba de firmar con Oxford/AstraZeneca.

No debe sorprender, sin embargo, que el Estado argentino delegue en Sigman la provisión de la vacuna. Es otra aplicación de lo que este empresario auspicia como cooperación público-privada. Existe un antecedente muy expresivo de lo que se está pactando con la vacuna contra el Covid-19. Durante la gestión de Juan Manzur como ministro de Salud de Cristina Kirchner, a través del decreto 1731/2009, el Estado declaró de interés nacional la instalación de una fábrica de vacunas antigripales del consorcio Sinergium, formado por Novartis, Biogénesis Bagó y Elea. Las dos últimas tienen a Sigman como accionista. La actual vicepresidenta hizo el anuncio con la misma emoción patriótica que embargó a Fernández cuando informó el acuerdo con el laboratorio inglés. El Estado garantizó a Sinergium la compra monopólica de lo que produjera por diez años. Ese convenio está por vencer.

Dos años más tarde, Sigman inauguró una planta para la elaboración de anticuerpos monoclonales. En aquel momento se informó que fue subsidiado con crédito del Bicentenario. Es una de las plantas de mAbxience, la empresa que contrató con Oxford/AstraZeneca. Resumen: con un crédito estatal se construye una fábrica para proveer de manera monopólica un producto que el Estado se compromete a comprar durante una década. Cuánto que aprender. ¿Con la vacuna contra el Covid-19 seguirá esa "relación virtuosa"?

El suministro de vacunas es una actividad opaca. En 2015, se compraron 7,6 millones y se aplicaron 5,3 millones. En 2016, se compraron 7,4 millones y se aplicaron 5,9 millones. En 2017, se compraron 8,4 millones y se aplicaron 5,3 millones. En 2018, se compraron 8,3 millones y se aplicaron 3,7 millones. Ese último año el Estado pagó 1068 millones de pesos. Da la impresión de que se compran muchas más vacunas de las que se necesitan. A propósito: ayer González García se escandalizó porque encontró un cargamento de vacunas vencidas, compradas en 2017. Las cajas decían Sinergium. Léase Sigman. El ministro concluyó: "Al gobierno de Macri no le interesaba la gente". La cuestión es delicada: hasta noviembre de 2016 la directora de Inmunización, encargada de calcular las compras, era Carla Vizzotti, la vice de González García. ¿Quedó gente sin vacunar o se compraron muchas más dosis de las necesarias?

Son las zonas grises de la cooperación público-privada que venera Sigman. Su expresión más nítida encarna en la sagaz doctora Graciela Ciccia. Es directora del grupo Insud, el paraguas de las mil marcas con las que opera este empresario, y es la administradora de la cooperación público-privada en el Conicet. Es decir, en el Estado. Si fuera Slaoui, debería renunciar a uno de los cargos. Pero Fernández no es Trump. Ni Macri es Trump. Porque Ciccia ejerce esa bilocación desde el gobierno de Cambiemos.

Adicto a la transferencia de tecnología, Sigman parece un discípulo de Enrique Eskenazi, el gran "experto en mercados regulados". Tienen más de un punto de contacto. Pero la inserción del farmacéutico en el oficialismo va por otras avenidas. Sus afinidades con Alberto Fernández se remontan a 2003, cuando, en la Jefatura de Gabinete, se firmó el primer acuerdo del kirchnerismo con la industria farmacéutica. En ese entonces, desde los sótanos de la SIDE, se organizaba la declaración de Mario Pontaquarto por las coimas del Senado. Fernández tuvo mucho que ver en ese ataque, para el que Sigman ofreció su revista Txt. Pontaquarto reveló que el empresario le había dado 18.000 dólares para pagar a sus abogados.

Sigman se ató más al kirchnerismo con Manzur como ministro de Salud. Anticuerpos y vacunas. Dos lazos indestructibles. Era lógico que, en septiembre del año pasado, le dijera a Jorge Fontevecchia: "Me pondría contento que Manzur tuviera un rol importante en el gobierno". En el mismo club de amigos participa el sindicalista de la Salud Héctor Daer, representante de Fernández en la CGT. Una curiosidad. La entrevista con Fontevecchia se tituló: "No veo a Alberto expropiando empresas". La semana pasada Sigman despidió en un aviso fúnebre a Sergio Nardelli, el titular de Vicentin.

Las relaciones de Sigman con Cristina Kirchner se habrían enfriado. Unos creen que es por su auspicio a Manzur, quien desde Tucumán, con Daer al lado, señaló a Fernández como el nuevo jefe del PJ. Una versión de mayor profundidad cree en otro motivo: la proximidad de Sigman con el tenebroso Antonio Stiuso, otro amigo de Manzur. Ese vínculo, siempre incierto, nació en España. El país de Felipe González, que une a Sigman con Slim. El país donde Sigman fijó su residencia fiscal. El país donde Máximo Kirchner no podrá alcanzarlo con su impuesto a la riqueza.

Sería un error circunscribir al kirchnerismo la gravitación de Sigman. En Cambiemos sostienen que el adversario tucumano de Manzur, José Cano, no fue ministro de Salud por un veto de este empresario. Otra presunción: ¿Lino Barañao, entusiasta mediático de la eventual vacuna, fue ministro a ambos lados de la grieta gracias a ese padrinazgo?

En septiembre de 2016 aparecieron, demorados en la Aduana, tambores de seudoefedrina importados por Sigman desde Suiza. Desde sus empresas aclararon que era una sustancia distinta de la efedrina. Y que él solo importa efedrina para fabricar el Benadryl. El detalle, sin embargo, agitó un fantasma, que Elisa Carrió recogió en octubre del año pasado. Implacable fiscal de Sigman, Carrió le dijo a Federico van Mameren, de La Gaceta de Tucumán, que "Manzur sabe que el mayor importador de efedrina del país es Hugo Sigman y por eso 40% del financiamiento de la campaña (de Fernández) viene de Tucumán". En una geometría imposible, Elisa Carrió y Cristina Kirchner cruzan sus miradas (Diario La Nación).