El recule de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, con el tema de las tomas de tierras es tan notorio que acapara la atención. No es para menos. Hasta hace 48 horas nada menos que la jefa de las fuerzas policiales y de seguridad de la Argentina se negaba a decir con claridad que ocupar propiedades ajenas es un delito. Y todavía nadie le pidió la renuncia. Nuestro país jamás deja de sorprenderte.

Pero en sus declaraciones de ayer hay otra parte notable, que pasó inadvertida. Frederic dijo, muy suelta de cuerpo, que en torno a la muerte de Facundo Castro no hay que esgrimir hipótesis, hay que dejar que la justicia trabaje y tener paciencia.

Y, atención: dice Frederic que “la única persona que tiene derecho a estar ansiosa, a exigir, a pedir y demandar es la madre de Facundo”.

Mirá vos. Qué curiosa concepción que tiene la experta del Centro de Estudios Legales y Sociales, el ente que construye el discurso de los derechos humanos en el país.

Porque si hay algo clave en la defensa de los derechos humanos es su carácter público, solidario. Es precisamente la exposición social lo que permite defenderse a las víctimas cuando un Estado viola derechos elementales. En Argentina lo sabemos desde que las Madres de Plaza de Mayo desafiaron a la Dictadura marchando solas en la Plaza de Mayo.

Pero, además, que en un país se respeten los derechos humanos no es un tema privado. Es un interés esencialmente público, no sólo de la cada víctima. Por definición.

Que con los años los organismos de derechos humanos de Argentina hayan sido escriturados por el kirchnerismo y sean usados en beneficio de esa facción política no cambia esa condición.

Frederic lo sabe mejor que nadie. En 2017, apenas cuatro días después de la desaparición de Santiago Maldonado, el Cels de Frederic ya daba por hecho que se trataba de una desaparición forzada y le había pedido formalmente una “acción urgente” al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Cuatro días.

El Cels jamás tuvo paciencia alguna: adhirió a las decenas de marchas manijeadas por el derechohumanismo K, recusó jueces e hizo la vista gorda con los testigos falsos que plantaron otros organismos.

Con Cristina Castro todo fue muy distinto. La mamá de Facundo tuvo que ir solita a denunciar la desaparición forzada. Dos meses después de sucedida. Facundo estuvo 107 días desaparecido, mucho más que los 77 de Santiago, sin que el derechohumanismo K se sacara una sola selfie preguntándose: “¿Dónde está Facundo?”.

Y Frederic nos da lecciones: la única que tiene derecho a reclamar es la madre de Facundo. Cosa de que el tema siga siendo bien privado; cosa de que a nadie se le ocurra montar una operación como la que ellos montaron con Santiago Maldonado.