Quedó demostrado una vez más en los últimos días que no le resulta sencillo al Gobierno hablar sobre seguridad.

Ya sea por motivos ideológicos o posturas dogmáticas, le genera cierta incomodidad tener que expresarse acerca de comportamientos claramente tipificados como "delitos" en las leyes vigentes.

Incluso incurre en contradicciones, de las que luego debe retractarse, como sucedió con la ministra Sabina Frederic, que nuevamente se empantanó al referirse a las tomas de tierras que se registran en distintas zonas del país.

Dijo Frederic que no se trataba de un asunto de seguridad, antes de recular y "aclarar" en una conferencia de prensa que sí eran "ilegales" -más allá de que puedan relacionarse con necesidades habitacionales insatisfechas-.

Hace meses que se desarrolla una enorme toma en cercanías de Guernica, en el partido de Presidente Perón, en la zona sur del Gran Buenos Aires, y las usurpaciones de terrenos proliferan en distintas localidades de la Provincia.

Desde hace una semana que trenes de la Línea Mitre no funcionan debido a una ocupación en una playa de maniobras, en el norte del Conurbano, y dueños no residentes de propiedades en la Costa Atlántica tuvieron que forzar su ingreso a municipios de la región ante la preocupación generada por una ola de robos a casas, departamentos y tomas de terrenos.

El avance de la problemática obligó al Gobierno a tener que pronunciarse al respecto y a "reconocer", casi con la voz temblorosa, que las tomas son, en efecto, un delito.

"Debemos garantizar el derecho a la propiedad privada", enfatizó el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, antes de que su colega de la Nación, Frederic, coincidiera con él acerca de la ilegalidad de las usurpaciones.

La discusión sobre las tomas, que incluye un problema con ribetes más violentos que se registra en la Patagonia, en la zona de Villa Mascardi, en cercanías de San Carlos de Bariloche, con un grupo de supuestos mapuches que ocupan terrenos y provocan destrozos, fue ganando volumen en los últimos días y logró finalmente instalarse en la agenda del oficialismo.

Así las cosas, jefes comunales bonaerense decidieron unirse para reclamar la intervención del gobernador Axel Kicillof, que al igual que el presidente Alberto Fernández salió a condenar las tomas, ¡semanas después! de que se iniciara el problema en distritos provinciales.

Hasta el momento, de todos modos, el Gobierno se pronunció al respecto, pero no dispuso resolución alguna con relación a este asunto, más allá de haber lanzado en las últimas horas un plan tendiente a fortalecer las medidas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Conurbano.

Miradas contrapuestas

Claramente, la discusión sobre las tomas y el tratamiento del delito en general divide aguas dentro del oficialismo y genera internas viscerales, como quedó en evidencia días atrás con el cruce televisivo que mantuvieron Berni y Fernando "Chino" Navarro, que tildó al ministro de "charlatán de feria" después de que el funcionario deslizara que el Movimiento Evita promovía la ocupación de terrenos.

Esta "grieta", de todas maneras, no debería sorprender tomando en cuenta que en la amplia coalición de Gobierno que comanda los destinos del país conviven dirigentes con miradas sociales que se contrapusieron en la antigüedad y que evidentemente mantienen sus diferentes puntos de vista en estos días, más allá de la alianza electoral que conformaron el año pasado.

Algunos referentes del oficialismo incluso consideran a los delincuentes como "víctimas" de las desigualdades que caracterizan a la sociedad argentina.

El componente ideológico y/o dogmático evidentemente está presente en este tipo de discusiones casi litúrgicas, pero cuando se trata de problemáticas concretas vinculadas con la inseguridad, como las que afectan al populoso Conurbano bonaerense, quienes administran el poder territorial saben que no se pueden dar el lujo de abandonar el camino del pragmatismo.

Por ese motivo los intendentes fueron a golpearle las puertas de la Gobernación a Kicillof para que reaccione frente a las tomas, al tiempo que demandaban medidas concretas para combatir el delito en medio de la pandemia de Covid-19.

En este sentido, el plan de 10.000 millones de pesos lanzado recientemente por el presidente Fernández fue recibido con beneplácito por los jefes comunales del Gran Buenos Aires, aunque existe cierta "preocupación" en torno a la metodología de distribución del dinero.

Fuentes cercanas a un intendente del Conurbano dijeron a la agencia Noticias Argentinas que "aún no está claro" si los recursos llegarán en forma directa desde la Nación a los municipios o si los recibirá primero la Provincia y luego los repartirá.

"La inseguridad es un problema que nos golpea a todos y el plan es ambicioso, pero no sabemos cuándo se va a hacer efectivo", indicaron las fuentes consultadas, que agregaron: "Muchas veces se comprometen de palabra y después los recursos no llegan".

Dijeron también que la Gobernación ya comenzó a distribuir imágenes en las que se detalla cómo deberán plotearse los nuevos patrulleros de la Provincia, por más que el proceso de licitación, compra y puesta en funcionamiento de esas unidades demande entre dos y tres meses.

"Si todos los municipios salimos al mismo tiempo a comprar patrulleros, es probable que se produzca un cuello de botella y que haya un faltante de patrulleros", indicaron. "Estimamos que hasta diciembre o enero del año próximo no habrá nuevas unidades en las calles", completaron.