Hace apenas una semana, desde Tribuna de Periodistas, quien escribe estas líneas publicó un artículo titulado: El país se incendia. 7 días después parece que los focos de incendio se duplicaron y la escena “catastrófica” planteada el pasado 11 de septiembre, recrudeció con mayor profundidad.

Por empezar es dable señalar que esta semana se avanzó un paso más hacia la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández. Logró que se apruebe el rechazo del traslado de los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, realizado durante la presidencia de Mauricio Macri.

La Cámara Federal de Casación Penal falló en contra de estos tres y dispuso que regresen a los puestos que ostentaban antes del traslado aprobado por Macri.

La esperanza se encontraba en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde los magistrados habían presentado inicialmente un per saltum. Sin embargo, el máximo órgano judicial dijo que no intervendría hasta que los magistrados hayan vuelto a sus cargos anteriores.

En otras palabras: esperan que el hecho suceda para determinar si es un delito o no en vez de utilizar los recursos disponibles para tratar de prevenir el presunto delito... ¡Terrible!

Algo que resulta ser verdaderamente llamativo es que los pliegos a revisar al principio eran 10, sin embargo se trataron solamente los de estos tres jueces que participaron de forma directa en imputaciones hacia la expresidenta.

¿Cómo dice el refrán? ¿Para esconder un elefante en un bazar hay que llenarlo de elefantes? Es enfermizo escuchar que aún sigan negando que se busca la impunidad de Cristina. Los hechos hablan por sí solos.

Ahora, si algo ha demostrado el oficialismo en estos meses de Gobierno es la sordera selectiva. ¿No oyeron a los ciudadanos pidiendo que no toquen a Bruglia, Bertuzzi y Castelli? ¿Desconocen el reclamo como el presidente Alberto Fernández reconoció desconocer el caso de Solange Musse? No sorprendería.

En otro orden de cosas, se intenta instalar con crudeza el narcotráfico en el país, pero no por parte de guerrillas o asociaciones delictivas renegadas socialmente. No. Es el propio Gobierno el que está avanzando en ese sentido.

Pero si hay algo que no se puede decir es que no habían avisado de antemano. ¿Cómo olvidar cuando el entonces candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el 6 de octubre pasado, aseveró que “hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”?

A pesar de las disidencias constantes entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni y la titular de la misma Cartera a nivel nacional, Sabina Frederic, ambos han hecho público de una u otra manera su apoyo al tráfico de estupefacientes.

Por caso, Berni supo manifestar cuestiones tales como que “la consecuencia del narcotráfico no es el consumo”.

También argumentó que “detener a una persona no punible es tiempo, plata y esfuerzo que se pierde. Si ese esfuerzo se implementa en la mejor acción para tratar la adicción, que es la prevención, los resultados serían mejores”. En otras palabras, no hay que avanzar contra el consumo (que sí es consecuencia del narcotráfico), sino que enfocarse en las adicciones.

Pero lo más preocupante refiere a una declaración en la que asevera que “una cosa es legalizar el consumo y otra cosa es legalizar la comercialización. Si vamos a legalizar la comercialización de una droga ilícita, ¿por qué hablamos de marihuana y no de todas las drogas? Es una hipocresía”.

Por su parte es dable rememorar que no bien asumida al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic no dudó en eliminar la Subsecretaria de Lucha Contra el Narcotráfico. ¿Se puede ser más elocuente?

El propio presidente, Alberto Fernández, mientras se encontraba alistándose para lo que luego sería una victoria electoral, el 19 de junio del 2019, consideró que habría que “revisar” las prohibiciones contra el consumo de marihuana ya que resulta ser “un fracaso” la “guerra contra la droga”. Si no puedes contra ellos, úneteles.

Pero hay otros elementos no palpables que dan cuenta del apoyo a la comercialización de estupefacientes. ¿Por qué nadie –ni del Gobierno provincial, ni del nacional- le pidió explicaciones a Mario Ishii, el intendente de José C. Paz, cuando se sinceró respecto de la protección que le brinda a las ambulancias cuando salen a repartir “falopa”?

¿Por qué se mantiene al ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y se lo designa como embajador en Israel a pesar de estar involucrado en tramas de tráfico de drogas?

¿Cómo puede ser que el propio jefe de Estado etiquete a Hugo Moyano de “ejemplar” e “inmenso” cuando éste también se ha encontrado vinculado a tramas narco?

¿Por qué se quiere poner a Aníbal Fernández en el Gabinete nacional siendo éste uno de los mayores comercializadores de narcóticos del país?

Con respecto a Aníbal Fernández, Diario Clarín publicó una terrible operación de prensa con el objetivo de desvincularlo del apodo de “Morsa”. No sólo es una vergüenza al trabajo de prensa, sino que además no se logró el objetivo. De hecho, no se lo puede –ni se lo podrá- despegar de sus vínculos narcos.

Pero, lamentablemente, hay más. Quien crea que la Reforma Judicial está diseñada únicamente para “zafar” a Cristina de la cárcel, es porque aún no tuvo la posibilidad de observar el otro gran problema que tiene ese proyecto

Teniendo en cuenta que la Justicia Federal, además de ser la encargada de investigar al poder, avanza sobre los delitos del narcotráfico, la trata de personas y el contrabando ¿Quién podría creer que no se le brindará protección a los Moyano, los Urribarri, los Aníbal o los Ishii?

Una pregunta al respecto ¿De qué sirve mayor cantidad de policías -tal como patrocina el Gobierno- si la delincuencia estará siendo protegida, avalada e incluso ejercida desde las más altas esferas del poder?

Más allá de todo lo aquí expuesto, una de las mayores preocupaciones de la población refiere a la economía. Esta semana hubo un importante aumento del dólar (35%) por obra y gracia del presidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce.

A ello se le puede sumar el éxodo de un gran puñado de empresas que ofrecían empleo genuino y, por tanto, generaban aportes que iban destinados a engrosar la caja de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

También se han frenado inversiones. Antes del endurecimiento del cepo ya de por sí Telecom lo había hecho por un total de 600 millones de dólares.

Luego del anuncio del miércoles pasado, también se paralizó una inversión de 25 mil millones de dólares en oro, plata, cobre y litio.

La pregunta es elocuente: ¿Cómo piensa el Gobierno mantener los ingentes gastos que genera el faraónico Estado? ¿Le seguirán dando a la maquinita hasta generar una hiperinflación descomunal?

Otra incógnita más: Teniendo en cuenta que el Banco Central ostenta el 20% de los recursos monetarios mínimos que necesita la Argentina para alcanzar la solides económica ¿Cómo hará para aumentar el volumen de la divisa norteamericana con un cepo tan restrictivo?

Para colmo, las empresas que no se fueron del país están destinadas, en gran medida, a quebrar. Con el nuevo impuesto al dólar oficial, las empresas que habían tomado deuda en el exterior se verán obligadas a pagarlas con montos realmente caros o a reestructurarlas.

Nuevamente la AFIP sale perdiendo y, como consecuencia de ello, el país profundizará los déficits y, muy probablemente, a fin de año no habrá un 52% de pobreza como había indicado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), sino que ese número sería aún mayor dados ciertos factores.

Menor valor del peso, menor posibilidad de ahorro, perdida de empleo, encarecimiento de precios, profundización impositiva, entre otros elementos.

La solución se puede encontrar en la reorganización del Estado, cuyos ingresos superen los egresos y con ello lograr superávit paralelo.

Ello desembocaría en un menor costo impositivo, probabilidad de darle incentivo a empresas y emprendimientos, generación de empleo, enriquecimiento del PBI per cápita, merma o estabilidad de los precios que con el tiempo estén a la altura de los haberes, mayor empleo en blanco, mayor recaudación y mayor probabilidad de inversiones que traerían consigo dólares frescos que ayuden a edificar un buen colchón monetario en el Banco Central.

Es decir, en definitiva que al país le vaya mal –y por ende a todos sus habitantes- es de los distintos Gobiernos que no redujeron el gasto público y, como era de esperar, el actual no sólo no lo va a hacer, sino que generará mayor gasto.

La prueba férrea de ello está en el proyecto de reforma judicial que costaría unos 6 mil millones de pesos. Pero así estamos, con el país en llamas y todo a punto de explotar.

© Tribuna de Periodistas, todos los derechos reservados