Es el día de hoy que el actual oficialismo le sigue facturando a los de Cambiemos la vez en que a la mañana siguiente de la aprobación de un Presupuesto, el Día de los Inocentes de 2017, el gobierno aumentó en un 50% las metas de inflación. Fue en esa conferencia de prensa que dio entonces Marcos Peña, flanqueado por Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne, de la que aún hoy siguen arrepintiéndose los del ahora Juntos por el Cambio.

Esa jornada el dólar tocó los $19,46, cuando el Presupuesto aprobado el día anterior pautaba para el año siguiente un valor de $19,30.

Cuando este Congreso debata el proyecto de Presupuesto 2021, le endilgarán al actual oficialismo que el mismo día en que Martín Guzmán mandó al Parlamento el proyecto de Presupuesto, el gobierno anunció una serie de medidas económicas que el ministro de Economía había descartado dos días antes y que modificarían sustancialmente las variables de ese proyecto. Un texto donde figura un dólar rondando $102,4 para diciembre de 2021. El dólar blue tocaría al día siguiente de los anuncios los $145. Pero bueno, podrán decir desde el Frente de Todos que el Presupuesto no contempla el blue… que es apenas uno de los nueve dólares que coexisten (dólar ahorro, blue, contado con liqui, minorista, mayorista, para industria y servicios, para carne y lácteos, dólar trigo-maíz-girasol, y dólar soja).

“Los dólares no son para guardar, son para producir”, diría el presidente Fernández el primer día de la puesta en vigencia de las nuevas medidas, un desesperado intento para contener las reservas que, de seguir descendiendo, nos pondrían en el peor de los mundos. Las reservas internacionales están en 42.433 millones de dólares, el nivel más bajo desde enero de 2017. En esta materia también hay distintos tipos de mediciones: dicen que el Banco Central tiene apenas 7.600 millones de dólares de libre disponibilidad.

Son los datos con los cuales terminaron de torcerle el brazo a Martín Guzmán, que pedía esperar más antes de adoptar medidas tan drásticas. En rigor, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, sugería eliminar directamente el dólar ahorro, lo cual repercutirá previsiblemente en el valor del blue, se cansó de advertir Guzmán. Para el ministro de Economía, el acuerdo por la deuda daría un marco de certidumbre que permitiría estabilizar la situación. Las dilaciones solo terminaron generando una costosa pérdida de divisas. El efecto del beneficioso acuerdo con los acreedores duró apenas 15 días. ¿La buena estrella de Guzmán también? Se verá.

La Argentina necesita dólares, como dijo el Presidente, pero las medidas lejos están de garantizar su llegada, en un mundo post pandemia que ya ni se sabe cuándo arrancará. El país necesita inversiones que no llegarán, y muchas empresas que están aquí anuncian su salida o piensan en ello. El único productor de dólares que no sufrió los efectos de la crisis sanitaria y que ya salvó a la Argentina una vez, está fastidiado con los anuncios. Con las retenciones al 33%, los productores de soja perciben apenas $40,08 por cada dólar. Los que exportan trigo, maíz y girasol, $50,85, y los que exportan carne y lácteos, $54,84. Hay también un dólar para la industria y servicios: los exportadores de ese rubro reciben $56,83 por cada dólar. El Estado es una aspiradora implacable para los que le generan dólares.

Este momento tan crítico merecería el armado de un consejo de especialistas abocado a elaborar propuestas para esta coyuntura económica tan dramática, pero Alberto Fernández desechó la idea cuando le preguntaron por qué no incorporaba economistas a su equipo asesor de epidemiólogos, teniendo en cuenta que las consecuencias de la crisis sanitaria serán gravísimas en materia económica. La respuesta presidencial fue que a diferencia de los epidemiólogos, no los necesita porque él sí sabe de economía. También sabe de Derecho, pero así y todo armó un consejo de juristas para asesorarlo con reformas al sistema de justicia. Llama la atención el orden de prioridades del gobierno.

En ese orden de prioridades resulta curiosa la postergación de una ley que beneficia a un sector como el tecnológico, gran generador de empleos y de divisas para el país. La ley de Economía del Conocimiento tiene media sanción de Diputados desde junio pasado, cuenta con el respaldo del oficialismo y la oposición, pero en el Senado sigue frenada sin argumentos que lo justifiquen. De hecho, esa ley había sido aprobada durante la gestión Cambiemos, pero el gobierno actual suspendió la ley para modificarla.

En el peor momento de la relación con el oficialismo en esa Cámara, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio viene reiterando su reclamo por la falta de reuniones de Labor Parlamentaria. Son aquellos encuentros previos a las sesiones, donde se acuerdan los temas de cada reunión, de la que toman parte los jefes de bloques y autoridades de la Cámara. En Diputados se hacen, pero en este Senado solo hubo una, en diciembre del año pasado, y después nunca más. Por decisión de la vicepresidenta, le enrostró en plena sesión Luis Naidenoff al presentar una cuestión de privilegio por eso. Si se hicieran, la oposición pediría tratar la ley de Economía del Conocimiento, y la que suspende concursos y quiebras hasta marzo de 2021, aprobada en Diputados en julio.

Tuvo celeridad en cambio la anulación de los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. A tal punto que tras ser votada en el Senado, el Poder Ejecutivo sobreactuó su diligencia para con los deseos de la principal accionista de la sociedad presidencial al publicar los decretos para desplazar a esos magistrados al día siguiente en un anexo del Boletín Oficial publicado al mediodía. Los decretos fueron avalados por la Cámara Federal de Casación Penal esa misma tarde. Lo pedís, lo tenés.

Mientras eso pasaba, la Justicia disponía el allanamiento de la quinta Los Abrojos, donde Mauricio Macri debía realizar cuarentena por haber regresado recientemente del exterior. La noticia generó la inmediata reacción de los dirigentes de Juntos por el Cambio, que condenaron “la desmesura autoritaria” que atribuyeron al gobierno. Pero al día siguiente el PJ bonaerense contraatacó al hablar de un “autoallanamiento” al vincular al juez que lo dispuso, Juan Manuel Culotta, con el macrismo. El texto, cuyo lenguaje orillero no dejó de llamar la atención -”los peronistas no andamos con gorra y uniforme soplándole a la Justicia infracciones o delitos de nuestros oponentes”, reza uno de sus párrafos-, generó la inmediata adhesión de Cristina Kirchner, que habló de “fake allanamiento”. Sin embargo el argumento del PJ de que la denuncia no había sido realizada por la municipalidad de Malvinas Argentinas fue rebatido poco después: en efecto, no fue el intendente Leonardo Nardini quien la hizo, pero sí el secretario de Seguridad del municipio.

Como sea, no deja de generar dudas ese operativo, a partir de haber sido ordenado por el juez federal de Tres de Febrero, un hombre al que se vinculó originalmente al macrismo por ser egresado del Colegio Cardenal Newman, pero más allá de eso, fue promovido en 2017 por el gobierno de Cambiemos para subrogar el estratégico Juzgado Federal de La Plata que controla las elecciones bonaerenses. La movida estuvo envuelta en la polémica, pues una agrupación judicial kirchnerista denunció su inconstitucionalidad, aunque tras una enmarañada discusión judicial Culotta se mantuvo en el cargo durante las elecciones de 2017. Tras ellas, pidió al Consejo de la Magistratura que no le renovaran la subrogancia.

Teñido todo de dudas, mientras para una parte de la grieta el juez de Tres de Febrero aprovechó una torpe denuncia para victimizar al expresidente; para el otro lado es una señal de cómo los jueces se alinean prestamente ante el cambio de los vientos y la intensidad con la que están soplando.

La judicialización de la política lleva a esperar ahora ver el papel que jugará la Corte Suprema, que deberá resolver la situación de los jueces desplazados, pero también la de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, el gobierno nacional no deja de sorprender y envió en la noche del miércoles un proyecto para dar fuerza de ley a la reducción de la coparticipación porteña. En caso de aprobarse, CABA volverá a tener el porcentaje que percibía hasta que Macri llegó a la Rosada. Como para dejar claro de dónde es impulsada esta iniciativa, el proyecto ingresó por el Senado, la Cámara que preside Cristina Kirchner, quien sin demora dispuso dirigirlo a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, que lo tratarán este lunes a partir de las 17. Como para que queden claro cuáles son las prioridades que se manejan en lo más alto del poder.