Seis de las principales empresas argentinas aparecieron en los radares antilavado del gobierno de Estados Unidos durante los últimos años por varias alertas que enviaron los bancos internacionales. ¿Por qué? Porque las compañías locales registraban investigaciones por supuestos pagos de sobornos o habían operado con socios establecidos en países considerados de alto riesgo global.

La información surge de los FinCEN Files, la filtración de 2100 documentos ultrasecretos que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que integra diario La Nación. Esos reportes muestran que la unidad de delitos financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus siglas en inglés) recibió alertas sobre Pan American Energy (PAE); el Grupo Techint; los laboratorios Insud Pharma, de Hugo Sigman; y Bagó, y otras firmas grandes como Nidera y Petroquímica Comodoro Rivadavia.

Los reportes de actividades sospechosas no son conclusivos de conductas criminales o malas prácticas. Sí reflejan las alertas que emitieron bancos y otras entidades cuando las operaciones involucraron a jurisdicciones que Estados Unidos considera riesgosas o a personas bajo investigación judicial, o cuando abarcó volúmenes inusuales de dinero no justificado, entre otros posibles motivos.

En tres casos puntuales, las alarmas de los bancos se encendieron por los antecedentes de las empresas argentinas. El Grupo Techint arrastraba un episodio de sobornos en Uzbekistán, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y pagó una multa para cerrar ese capítulo. PAE fue denunciada por corrupción por la extensión de la concesión de un pozo petrolero en la Argentina, aunque las investigaciones en Washington y en la Argentina quedaron archivadas. Y Petroquímica Comodoro Rivadavia fue apuntada por los antecedentes de dos de sus dueños, que fueron denunciados por el kirchnerismo en la filtración de información sobre cuentas suizas conocida como SwissLeaks, un caso también cerrado en tribunales.

Pan American Energy

PAE terminó en la mira de la FinCEN por un reporte de operación sospechosa del Deutsche Bank justificado por “información negativa” por el proceso que la petrolera mantenía por entonces abierto ante la Comisión de Valores de ese país (SEC, por sus siglas en inglés) por una investigación por presunto pago de sobornos para extender la concesión del yacimiento de Cerro Dragón.

El Deutsche Bank identificó 46 transferencias que consideró riesgosas por US$265 millones entre junio de 2016 y marzo de 2017. Estimó que las contrapartes de PAE “operaban en industrias acordes” a la petrolera, pero que “el propósito de las transacciones en buena parte no fue identificado”.

Los oficiales de cumplimiento del Deutsche Bank identificaron, entre otros, flujos con petroleras como Mocoh SA (por US$64 millones) o Trafigura (por US$40 millones), junto a giros cruzados con la financiera francesa Natixis, que recibió US$ 63 millones de PAE durante el último cuatrimestre de 2016 y, a su vez, envió a la petrolera US$ 44 millones. “Estas transferencias no tienen transparencia”, plantearon desde el Deutsche Bank y explicaron que no pudieron verificar el propósito comercial de esas operaciones.

Ante la consulta, desde PAE explicaron: “El reporte se refiere a transacciones que corresponden al normal y habitual curso de las actividades de la compañía. Las transacciones detalladas son operaciones de compraventa de crudo; venta de gas licuado; pago a proveedores de sistemas informáticos, turbinas y equipamiento; préstamos bancarios, colocaciones en plazo fijo y prefinanciación de exportaciones”. Agregaron que todas las investigaciones judiciales sobre la prórroga de Cerro Dragón están cerradas, sin condenas o sanciones.

Por su parte, los investigadores de la FinCEN precisaron en su informe que PAE, integrada por Bridas Corporation de la familia Bulgheroni y British Petroleum, consiguió en 2007 una prórroga por 30 años para explotar Cerro Dragón, en Chubut, con posibilidad de extender por 10 años más, hasta el 2037. La empresa fue denunciada por el supuesto pago de US$300 millones en sobornos a las autoridades provinciales y nacionales para obtener la extensión hasta 2047. La investigación local quedó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que sobreseyó a la mayoría de los imputados. En Estados Unidos, British Petroleum se autodenunció ante la SEC por presuntos sobornos y PAE negó los cargos. Con el paso del tiempo se archivaron las actuaciones.

Techint

Techint encendió las alertas de la FinCEN en 2013 debido a sus antecedentes en Uzbekistán. Según documentos de la SEC, “un tercero” no identificado denunció en 2009 una maniobra de Tenaris para obtener contratos en ese país de Asia Central mediante sobornos. Dos años después, el holding de los Rocca llegó a un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia, tras admitir el ilícito y pagar US$8,9 millones de multa.

Dado ese antecedente, el Deutsche Bank identificó 56 transacciones de Tenaris Global Services SA, una subsidiaria registrada en Uruguay que sumó flujos por US$88,5 entre julio y septiembre de 2013 que los analistas consideraron sospechosos. “Motiva este reporte la falta de un propósito comercial de las transacciones y que la relación entre las partes no estaba determinada. Había información negativa vinculada a Tenaris Global Services, que está involucrada en un pago de sobornos a funcionarios extranjeros para ganar una licitación”, detallaron.

El informe describió transferencias a empresas de Rusia, Ucrania, Angola y otros países de Asia y Europa, y alertó sobre pagos a personas físicas. Entre ellas, a un residente angoleño y a otra persona cuya nacionalidad no pudieron detectar. Ante la consulta, desde Techint replicaron que “las operaciones corresponden a la venta de bienes como material tubular a clientes de Tenaris Global Services o a servicios de logística prestados. Son operaciones comerciales hechas en el curso ordinario de negocios”, remarcaron.

“No se comprende la relación que se hace entre las operaciones en las que habría intervenido el Deutsche Bank en 2013 con el acuerdo alcanzado con la SEC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dos años antes, en 2011. No existe conexión fáctica alguna”, indicaron desde la empresa.

Insud Pharma

Insud Pharma, el laboratorio que fabrica en la Argentina una vacuna contra el Covid19, quedó bajo la lupa de Estados Unidos por sus operaciones con uno de los principales laboratorios de la India, que fue protagonista de casos de corrupción.

El holding de Hugo Sigman aparece mencionado por su antiguo nombre –“Chemo Group AG” en seis reportes de operaciones sospechosas porque recibió 113 transferencias del laboratorio indio Aurobindo Pharma Ltd por un total de US$10,5 millones entre 2012 y 2014, que fueron reportadas por el Deutsche Bank.

“Este informe es generado por la información negativa que encontramos sobre Aurobindo Pharma vinculada al pago de sobornos a funcionarios públicos. Además, el propósito comercial de las transacciones no pudo ser confirmado”, se indica en el informe de la FinCEN. En esos documentos oficiales, Chemo Group AG figura con una dirección registrada en la ciudad de Lugano, Suiza.

Ante la consulta, desde Insud Pharma respondieron que “existe una relación comercial desde hace muchos años con Aurobindo que se limita exclusivamente a la compraventa de principios activos farmacéuticos que son utilizados para el desarrollo de medicamentos”. Y añadieron que las compras de materias primas farmacéuticas al laboratorio de India nunca representaron más del 2% de los insumos adquiridos por la compañía en esos años.

Laboratorios Bagó

Los negocios del laboratorio Bagó llegaron a la FinCEN por dos reportes de operaciones sospechosas vinculadas a una farmacéutica de Pakistán, considerado un país de alto riesgo en la lucha contra el terrorismo. Bagó instaló allí, junto a un socio local, la firma BF Biosciences Limited. Esta empresa encendió las alarmas al enviarle giros a un proveedor de insumos pakistaní que Estados Unidos considera potencialmente peligroso.

Según reportó el Standard Chartered Bank, BF Biosciences envió 13 transferencias por un total de US$ 2 millones a la firma pakistaní Westmor Biotech Pharm Limited, entre junio de 2014 y febrero de 2015, desde una cuenta de la sucursal en Karachi del Habib Bank con destino a una cuenta en Nueva York. ¿El propósito declarado de los giros? “Pago de importaciones”.

“Las transferencias son sospechosas de lavado de dinero con el posible uso de sociedades offshore, cuyo propósito es inverificable y en una jurisdicción de alto riesgo”, afirma el documento oficial elaborado por la FinCEN. La preocupación de los sabuesos de Estados Unidos se concentró en Westmore Biotech, la proveedora de BF Biosciences.

La FinCEN enumeró que ese proveedor pakistaní no sólo era riesgoso por hacer negocios en Irán, Siria, Sudán y Myanmar, sino porque además su fundador era el chipriota Paul Kythreotis, supuesto cómplice del banquero Mukhtar Ablyazov, condenado a su vez por la fuga de US$ 6000 millones del Bank Turan Alem de Kazajistán.

Dado este contexto, la FinCEN redactó un memo inusualmente largo y lo remitió a las autoridades de Kazajistán para seguirle los pasos al banquero. Pero la unidad antilavado estadounidense también precisó que su alerta era preventiva ya que el chipriota Kythreotis y el kazaco Ablyazov no aparecían involucrados directamente en la operación y ya no formaban parte de Westmore Biotech.

Desde Bagó, en tanto, reafirmaron la legalidad de esas operaciones ante la consulta: “Todas las transferencias mencionadas de BF Biosciences corresponden a pagos por importaciones de materias primas biotecnológicas e insumos para la producción en la planta industrial ubicada en Lahore, Pakistán”.

Por último, la FinCEN también hurgó en Gemabiotech, otra farmacéutica argentina proveedora de Bagó, que recibió US$ 8,7 millones de los pakistaníes entre junio y noviembre de 2014 en una cuenta argentina del Santander Río. Ante la consulta de La Nación, desde la compañía argentina replicaron que se trataron de operaciones comerciales habituales en la venta de insumos biológicos.

Petroquímica Comodoro Rivadavia

El Standard Chartered Bank emitió un reporte en diciembre de 2016 sobre Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) tras evaluar como potencialmente peligrosos los antecedentes judiciales de dos de sus dueños, Martín y Gustavo Brandi, quienes fueron denunciados por la AFIP de Ricardo Echegaray por presunta evasión en la Argentina por cuentas bancarias no declaradas en la filial suiza del HSBC, en 2014, el escándalo conocido como SwissLeaks que publicó La Nación. El caso se cerró en los tribunales locales, pero en Estados Unidos fue tomado como un antecedente.

La sucursal de Nueva York, que actuó como banco intermediario, detectó 275 transacciones de PCR por más de US$ 50 millones entre 2009 y 2016, la mayoría concretada a través del Banco Itaú. Controlada por las familias Brandi y Cavallo, PCR se dedica al cemento, petróleo, gas y energía eólica. Controla el 50% del mercado de despachos de cemento de la Patagonia. Martin Brandi, el presidente de la compañía, aportó $ 1 millón a la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2019.

Ante la consulta, desde la empresa aclararon que la cuenta en Suiza estaba declarada: “Teníamos muchas facilidades al mercado internacional, a través de distintos bancos, como el HSBC y el Banco Itaú. Después de la devaluación de 2002, la deuda que teníamos en dólares, que era importante, se incrementó fuertemente en pesos. Le dijimos a los bancos que íbamos a pagarla, pero que nos esperen. La deuda estaba bajo jurisdicción de Nueva York y se nos ocurrió poner los activos financieros en el HSBC de Suiza, pero fue declarado”.

Las transacciones reportadas por la unidad antilavado de Estados Unidos, añadieron, “pueden haber obedecido al pago de deuda contraída y al envío de dinero a Suiza” o por la compra de un pozo petrolero en Ecuador, operación que se hizo con una empresa que también cotizaba en la bolsa suiza.

Nidera

Nidera encendió las alarmas del Deutsche Bank por un alto volumen de operaciones registradas entre enero y octubre de 2016. El banco reportó a la firma por 2922 transacciones por un total de US$ 5372 millones que se desarrollaron a través de distintos bancos. El reporte se emitió debido a que, durante la “guerra” que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Ricardo Echegaray libró contra las cerealeras en 2011, Nidera figuró en un listado de empresas agrícolas investigadas por supuesta evasión. En aquel momento, el organismo tributario había suspendido a Nidera del registro de exportadores, aunque esa medida se levantó tras el pago de una multa.

Según el reporte del Deutsche Bank, Nidera BV recibió US$ 24 millones de una firma de Hong Kong, Maoling Limited, y envió diez giros por un total de US$ 13,7 millones a una comercializadora de Ginebra, Tradefield SA. También remitió otros US$ 8,4 millones a una firma de Rusia, Agronefteproduct Llc, y otros US$ 5,1 millones a una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, Vilavi Union Enterprises Limited.

“Este reporte se presenta porque el propósito comercial de las transacciones no se pudo determinar. Existe, además, información negativa sobre Nidera por denuncias de evasión fiscal. Sin embargo, algunas de estas acusaciones eran infundadas”, precisó el Deutsche Bank en el reporte que remitió a la FinCEN.

Nidera es una unidad de negocios de la gigante internacional Syngenta desde febrero de 2018, cuando le compró la empresa a COFCO International. En otras palabras, cuando el Deutsche Bank reportó esas transacciones, COFCO controlaba el 51% de Nidera, adquisición que completó en febrero de 2017, según afirmaron desde ese holding.

Consultados, desde COFCO respondieron que no harían comentarios “sobre información obtenida ilegalmente", en alusión a los FinCEN Files. “No tenemos conocimiento de ninguna transacción que haya infringido las reglas antilavado, ni ahora ni en 2016”, sostuvieron.