La expropiación de la empresa Vicentin, anunciada por Alberto Fernández en junio, no llegó a concretarse; sin embargo, el mero intento desató una ola de protestas y despertó la desconfianza del empresariado. “Pensé que iban a salir a festejar”, admitió tiempo después el presidente. El proyecto de estatización aún no había sido discutido en el Congreso (ni siquiera se sabía cuánto le costaría al Estado nacional), pero el gobierno ya soñaba con extender los dominios de YPF, específicamente a través de YPF Agro (el segmento de agronegocios de la compañía petrolera). Aunque la expropiación de Vicentin no se haya consumado, marcó un punto de inflexión. A partir de ese momento, la radicalización fue en aumento, confirmando que efectivamente se trataba este del cuarto gobierno kirchnerista. También dio comienzo a la relación traumática que el sector privado y la administración conducida por Alberto Fernández tienen hoy en día, a solo 10 meses de iniciada su gestión.

Ahora, en el marco del DNU que declaró como servicio esencial a las telecomunicaciones, nace un nuevo anhelo del cuarto kirchnerismo: el gobierno estaría analizando crear un operador estatal de telefonía celular. Todavía no se tomó la decisión de avanzar, pero ya habría un borrador del proyecto. En rigor, se retoma una iniciativa que Cristina Kirchner tuvo en 2012, cuando lanzó Libre.ar, que nunca llegó a concretarse. Libre.ar no iba a ofrecer sus servicios de forma directa, sino que lo haría mediante pymes y cooperativas de todo el país, desempeñando un rol de proveedor mayorista de telefonía móvil e internet. Un sueño trunco que ahora podría cumplirse.

Además, Alberto Fernández junto a los gobernadores que comparten el cauce de la Hidrovía Paraná-Paraguay han acordado conformar una sociedad estatal que administrará el sistema. No queda del todo claro cuál será la función especifica de la nueva empresa, tampoco cómo conseguirá el capital necesario para operar. Si se pretende que realice las tareas de dragado y mantenimiento del río, se requerirá una gran cantidad de recursos, ya que las dragas y los equipos de balizamiento son costosos. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿Se convertirá esta empresa en una nueva carga para las famélicas arcas públicas? El mejoramiento de la hidrovía es fundamental para mejorar la competitividad, especialmente de las industrias exportadoras, críticas en este momento en el que se necesitan divisas, por lo que la tarea debe realizarse de manera profesional y responsable, despejando las suspicacias que ya comienzan a aparecer. En un comunicado, los productores autoconvocados señalaron que la decisión de crear la empresa estatal para la hidrovía “es otro clavo en el ataúd de la competitividad argentina y la promesa de más corrupción”. Las dudas de quienes a futuro deberían verse beneficiados por las acciones que realizará la flamante empresa no dan señales de buenos augurios.

El kirchnerismo tiene una debilidad especial por las empresas públicas, que no representa ninguna novedad. Según datos de GPS del Estado, confeccionado por el programa Gestión Pública de CIPPEC, entre 2003 y 2015 se crearon 15 empresas estatales (sin contabilizar las 4 que pasaron a integrar Ferrocarriles Argentinos y que fueron creadas en ese mismo período). Las incorporaciones realizadas por el kirchnerismo dejaron un universo de sociedades del Estado con un fuerte énfasis en la provisión de servicios de transporte, energía y comunicaciones. Lo que no necesariamente se cristalizó en una mejora de dichos servicios.

El caso YPF

La estatización más recordada es la de YPF, que se transformó en todo un emblema para el kirchnerismo. La política energética del gobierno de Cristina Kirchner (con Julio De Vido a la cabeza) había llevado a la desinversión de la industria y a la necesidad de importar hidrocarburos. En 2012, el asunto quedó en manos de Axel Kicillof, por aquel entonces viceministro de Economía, que con el beneplácito de Cristina decidió estatizar el 51% de YPF. La Argentina indemnizó a Repsol con USD 5.000 millones en títulos públicos, aunque el costo final de la operación aún está por verse, dado que existen demandas multimillonarias abiertas en la justicia de Nueva York. Sin embargo, la estatización de la empresa no logró revertir la decadencia del kirchnerismo en materia energética: según datos de la Secretaría de Energía, el balance comercial de la industria pasó de tener un saldo positivo de USD 6.100 millones en 2006 a uno deficitario de 4.600 millones en 2015 (en 2013 se obtuvo el peor resultado, con un déficit de USD 6.900 millones).

A pesar de que YPF ha sido controlada tradicionalmente por un management profesional (el primer CEO de la empresa ya estatizada fue Miguel Galuccio, hoy la lidera Guillermo Nielsen), el resultado en términos de su cotización bursátil ha sido calamitoso. A comienzos de 2011, las acciones de la compañía (que cotizan en la bolsa de Nueva York) costaban aproximadamente USD 45, mientras que a fines de 2012, tras la estatización, pasaron a valer menos de USD 12. En la actualidad, como consecuencia de la pandemia por coronavirus, el derrumbe del precio internacional del petróleo y una política macroeconómica incongruente con las necesidades de la industria, las acciones de YPF valen menos de USD 4. La petrolera de bandera tiene hoy una capitalización bursátil total de USD 2.800 millones, mucho menos que los USD 5.000 millones que el Estado argentino pagó en 2012 por tan sólo el 51% de la compañía. En comparación, MercadoLibre, la empresa fundada por Marcos Galperin en 1999, tiene una capitalización 18 veces superior (USD 52.790 millones).

Aerolíneas Argentinas

Es otro caso emblemático. La empresa se estatizó en 2008 bajo el argumento de que el grupo español Marsans había desfinanciado a la aerolínea. Además, el control en manos del Estado favorecería la interconexión local, volando a destinos del interior menos rentables. Desde entonces, la empresa se ha transformado en un pesado lastre para las arcas públicas. No logró nunca ser superavitaria y se mantuvo en funcionamiento gracias a las transferencias realizadas por el tesoro nacional. En 12 años, perdió el equivalente a USD 7.300 millones y el Presupuesto 2021, que se discutirá pronto en el Congreso, ya estima un déficit para el próximo año de $ 44.997 millones (si se hiciera la conversión a dólares, serían USD 564 millones).

La política aerocomercial del kirchnerismo históricamente ha favorecido a Aerolíneas Argentinas, en desmedro de otras aerolíneas privadas. Antes de que estallara la pandemia por Covid-19, el ministro Mario Meoni aseguraba que les exigirían a las aerolíneas low cost que cubran las rutas menos rentables, algo que sin duda resulta más fácil cuando se puede permanecer en constante déficit y bajo el auxilio de recursos externos, un privilegio que no poseen las compañías privadas. El cierre de LATAM Argentina se dio como consecuencia de las complicaciones financieras de la compañía a nivel global, pero tambien por culpa de la política aerocomercial que desarrolla el kirchnerismo. Esta semana, Gonzalo Perez Corral, CEO de JetSMART, brindó una entrevista a Los Andes de Mendoza donde advirtió que “probablemente nos van a querer empujar a que nos vayamos”. Sus declaraciones deberían ser una señal de alarma. El fuerte favoritismo que existe por Aerolíneas Argentinas no logra compensar los problemas de competitividad que hace años arrastra la empresa, por lo que previsiblemente siga siendo una aspiradora de recursos públicos.

¿Qué pasará si el gobierno nacional decide avanzar en su idea de crear una empresa pública de telefonía celular? ¿Favorecerá a la nueva compañía estatal por sobre el resto? El Estado debe velar por regular las actividades económicas, pero sin favoritísimos, ya que no puede constituirse en juez y parte al mismo tiempo, tal como pasa en la actividad aerocomercial, con resultados que son adversos tanto para Aerolíneas Argentinas como para el resto de las empresas.

Las empresas que desarrollan sus actividades bajo una lógica de competencia de mercado, priorizando mantener la eficiencia y cumpliendo con las mismas reglas de juego que el resto de las compañías, pueden servir para mejorar a una sociedad y a su entorno de negocios. Sin embargo, aquellas que nacen producto de fantasías, intereses meramente políticos o estatizaciones mal planificadas o que son mal administradas, bajo criterios poco transparentes, se terminan transformando en una pesada carga para los contribuyentes y un engaño para los consumidores.