La página Correo Compras es la nueva plataforma de comercio electrónico del gobierno nacional.

A través de ella se puede acceder a productos de almacén, perfumería y salud.

Además, existe lugar para los electrodomésticos y productos para deportes.

La página competirá con los grandes jugadores del sector como Mercado Libre.

En la práctica, más de lo mismo. Nada novedoso.

¿Y por casa, cómo andamos?

A diferencia de las familias, que consultan una y otra vez en la red antes de hacer una compra, los municipios, gobernaciones y la Casa Rosada adquieren productos y servicios con una Ley de Compras que es de 1947.

Por supuesto, cuando Juan Domingo Perón la impulsó no existía internet. Ni siquiera había computadoras en la Argentina.

Gracias a esta norma, completamente desactualizada, cada ministerio, secretaría, dirección, o bien pequeña oficina, tiene su propio testaferro, su “palo blanco”, su Lázaro Báez personal.

No importa cuánto suban los impuestos, Argentina es un barril que está perforado por completo, nunca se llenará.

La OCDE (Organización Mundial de Comercio) estableció que tres de cada cuatro actos de corrupción administrativa estatal se producen en el momento de las contrataciones públicas.

Este mal le cuesta a nuestro paìs varios puntos de su PBI según datos de la World Compliance Association (WCA), una entidad con sede en España y vinculada a la Universidad de Salamanca.

A dos horas de avión de Buenos Aires, nuestros hermanos trasandinos pulverizaron la corrupción de este tipo hace ya quince años.

Los gobiernos de derecha e izquierda de la vecina Nación mantuvieron a rajatabla un sistema de adquisiciones que les permitió bajar varios puntos del PBI en el gasto.

Esta exitosa plataforma es obligatoria para la burocracia de las distintas esferas de competencia con excepción de carabineros y fuerzas armadas, por cuestiones de seguridad.

En Chile-compras cotizan más de cien mil oferentes.

Gracias a esta operatoria transparente, casi el sesenta por ciento de los ganadores son Pymes (cuatro veces más que en Argentina).

También, la mitad de los adjudicatarios son firmas manejadas por mujeres, las que se muestran mucho más hábiles que los varones a la hora de manejarse en las redes.

Resumiendo: gracias al avance de la tecnología, por primera vez en la historia es posible terminar con el flagelo de la corrupción.

La trazabilidad nos permitiría saber hasta dónde marchó cada centavo gastado/invertido por el erario público.

Nuestros gobernantes usan tecnología del siglo XXI para controlar a los suyos:

-Drones y fotos satelitales para detectar nuevas construcciones.

-Lectoras lásers de patentes de autos.

-Videocámaras de última generación para comprobar excesos de velocidad.

-Reconocimiento facial de posibles contraventores o delincuentes.

Sin embargo, lleva más de siete décadas de atraso en materia de normas de transparencia y se niega a aggiornarlas.

Completa el círculo que el año próximo nuestro Código Penal cumplirá nada menos que un siglo. En 18 oportunidades se lo quiso modificar para endurecer las penas por corrupción y malversación de caudales públicos.

Nunca se pudo lograr esa modificación.

Nunca la clase política argentina quiso “encorsetarse” con una legislación más actualizada como tienen Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia o Francia en esta conflictiva materia.

Ni oficialismo ni oposición tienen al tema en su agenda, en su radar.

Gobernaron estas décadas (todos) mirando para otro lado.

Ah, pero tenemos Correo Compras.

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