Las crisis económicas suelen ser previsibles. O al menos, el monitoreo constante de las variables que hacen los Gobiernos y el sector privado permite inferir su desenlace con relativamente admisibles márgenes de error.

Una crisis pandémica con las características de la que estamos atravesando no parecería “a priori” integrar el mismo universo que las esperables. Y el “a priori” alude a las enormes sospechas generalizadas sobre la naturaleza de su irrupción: ¿Intencional o accidental?

Cuando una crisis de las previsibles sobreviene, la implementación de una serie de estímulos fiscales y monetarios orientados a la inversión de capital, creación de empleo, captación de créditos para reactivar la economía como primera reacción, debiera funcionar. Mientras se empiezan a delinear nuevas estrategias, claro.

El incremento significativo del gasto público fue una de las respuestas que replicaron las autoridades gubernamentales en todo el mundo frente a esta pandemia. Sin embargo, en términos generales, déficit fiscal y mayor endeudamiento destinado a gasto corriente financió preeminentemente a los sectores que viven tradicionalmente del asistencialismo, o que ya contaban con acceso al crédito y al capital, cuyo resultado ulterior es el deterioro sistemático del efecto multiplicador de la economía.

En este punto, el argumento será que acontecimientos de esta magnitud golpean con mucha mayor crudeza a dichos sectores. Pero la realidad tiene ese espantoso hábito de no ser lineal, y ahí viene el razonamiento atribuido a Einstein: “Locura es hacer las mismas cosas una y otra vez, y esperar un resultado diferente”.

Los países que pensaron en sus sectores productivos son los que empezaron a dar señales de reactivación, en oposición a los que optaron por seguir apuntalando con mucho mayor énfasis a los sectores no productivos. Los resultados están indicado que éstos últimos profundizaron sus desequilibrios estructurales, incrementando un gasto público que nunca generó ni generará rentabilidad económica real.

La paradoja entonces es la letalidad de esta forma de ayuda financiera en pandemias o como solución estándar a las crisis económicas, en función del criterio imperante a la hora de implementarlas.

Los sectores productivos de los países que recibieron escasa o nula ayuda de sus respectivos gobiernos colapsaron, despidieron personal, aún cuando se les prohibiera hacerlo, no pudieron cumplir con sus obligaciones fiscales y se endeudaron más o definitivamente quebraron.

La inyección de dinero indiscriminada, o basada exclusivamente en políticas intervencionistas, ha demostrado hasta el cansancio a lo largo de la historia que su utilidad queda circunscripta a intereses políticos particulares, antípodas del crecimiento generalizado y sostenido de un país.

La ayuda económica estatal queda justificada en un contexto como el que atraviesa hoy el mundo, pero no del modo en fue aprovechada por la politiquería retrógrada. De hecho, ya se vivencia el efecto consecuente con la implementación de este tipo de recetas de manual por demás obsoleto.

En la bibliografía sobre la materia existen básicamente dos soluciones aplicables a las crisis económicas, una es bajar los tipos de interés y otra es aumentar el gasto público sin limitaciones. El problema es que estas teorías constituyen la génesis de las crisis recurrentes.

Toda vez que se desencadenan estas crisis, aparece la oportunidad de equilibrar la economía. Pero la lectura distorsionada de las señales del mercado que suele hacer la clase política promueve inversiones equivocadas o antieconómicas que conducen a una nueva crisis, a lo cual, para empeorar el panorama como ahora, pueden agregarse factores externos.

Resumiendo la teoría keynesiana, la idea es que si el sector privado no consume, es decir, baja la demanda, el sector público debe suplirlo gastando en su reemplazo sin restricciones, con la finalidad de mantener el empleo y la producción.

El primer punto a considerar es que para cubrir el gasto público, los gobiernos necesitan recursos que provienen de los impuestos, o en su defecto del endeudamiento, que en definitiva son impuestos futuros.

El incremento de la deuda pública y del déficit fiscal generan desconfianza, y esa desconfianza trae aparejada la contracción de la economía.

Se frenan las inversiones, no se generan puestos de trabajo y se pierden muchos de los existentes, desciende la calificación y asciende la prima de riesgos.

Sin embargo, en un contexto como el descripto de falta de estímulo de las inversiones productivas por encarecimiento de los costos de financiamiento, algunos decisores gubernamentales aumentan los impuestos ya vigentes o inventan nuevos.

Cuando el sector público reemplaza al privado en la demanda, este último puede calcular el volumen de ingresos que podrá tener durante un determinado período. De esta manera sabe que la demanda tiene un límite, y eso lo lleva a desistir de invertir en capital, de ampliar sus instalaciones y de contratar nuevo personal, pero en cambio aprovecha para deshacerse de su inventario.

Por otra parte, en una economía abierta, estimular el gasto público fortalece las importaciones, en claro detrimento del interés general, favoreciendo solo a unos pocos.

La teoría general keynesiana sobre la ocupación, el interés y el dinero, elaborada en 1936 que se sigue aplicando, se sostiene en la interpretación de su autor para ese período particular de depresión y deflación, con exceso de capacidad productiva frente a un gasto insuficiente y alto desempleo, que él interpreta como consecuencia lógica de la degeneración del sistema capitalista, con gasto agregado insuficiente que imposibilita la actividad de todos los factores productivos.

La teoría de Keynes refuta la Ley de Say, la cual plantea que la economía tiende hacia un permanente equilibrio entre oferta y demanda agregada, siendo los desajustes solo eventos temporales. Pero Say nunca dijo que fuera la oferta la que crea su propia demanda, que es lo que muchos economistas repiten como loros interpretando solo la primera parte del postulado, sino que habló de la paradoja en la cual es la producción la que posibilita la demanda de otros productos.

La teoría keynesiana ha demostrado efectos demoledores en términos inflacionarios con un gasto público descontrolado, impuesto que siempre impacta del mismo modo sobre el sector productivo y los de menores recursos, volviendo a repetir el ciclo inducido interminable, esta vez agravado por la pandemia.

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