Resulta interesante, en un contexto político donde el derecho de propiedad está en duda, analizar la importancia de preservar ese derecho, como forma de protección del sistema republicano y democrático.

Muchos argentinos no gozan del derecho de propiedad, ni del derecho a la vivienda digna. Eso es, sin lugar a dudas, una falencia del sistema. Porque la propiedad orienta de modo virtuoso las conductas de las personas, les da solvencia, y con la solvencia, la capacidad de responder frente a la comisión de ilícitos contra otros ciudadanos (obviamente, de existir Justicia). La propiedad es, además, generadora de contribuyentes, y quien contribuye tiene más incentivos para controlar a sus gobernantes, para ejercer plenamente la ciudadanía. La propiedad otorga libertad y progreso, porque quien tiene garantizado el techo, destina el producto de su esfuerzo a mayor consumo y mayor bienestar.

Un país de propietarios nos acerca al capitalismo, mientras que un país de inquilinos, o de meros ocupantes, nos acerca al sistema feudal, rentístico, quitándonos un grado importante de autonomía.

Frente a este problema, el gobierno apoya –no sin contradicciones- las ocupaciones ilegales, siempre bajo el manto protector del déficit habitacional. Ahora bien, aún cuando la apropiación de tierras fuese un método válido y eficaz para otorgarle un techo a cada argentino (que no lo es) ¿cómo se haría, luego, para garantizar el derecho de propiedad en relación aesos nuevos “techos propios”? ¿Quién quedaría autorizado a poner fin a la anarquía ocupa? Si la ley deja el lugar a la fuerza, a la larga perderán los más débiles, aquellos a los que el gobierno dice defender, pero en realidad utiliza.

Contrariamente a esta metodología, quienes gobiernan debieran garantizar condiciones para el acceso a la vivienda digna y propia. Un país estable, la posibilidad de acceder al trabajo y al crédito, la igualdad de oportunidades, el esfuerzo personal, y el mérito, son condiciones necesarias para que Argentina sea un país de propietarios. Lamentablemente, cada vez que enfila hacia el populismo, el gobierno se aparta de estas premisas, y nos condena a un país feudal.

En efecto, el gobierno, o quien dice presidirlo, apoya las ideas de Grabois. El piquetero pontificio, como bien se sabe, impulsa una reforma agraria que, hasta ahora, consiste en ocupar tierras para plantar perejilesa la sombra (y cuando digo perejiles hablo de los vegetales; que no se ofenda la militancia del “Proyecto Artigas”). Asimismo, en el conurbano, luego de llevarse adelante el demorado desalojo de Guernica, persisten otras ocupaciones impulsadas por distintas mafias. Mientras tanto, en el sur del país, autopercibidos mapuches, bajo control político de ex montoneros,ocupan territorios y, como ya lo han hecho en Chile, no se privan de profanar iglesias.

Los peronistas suelen invocar al Papa Francisco, así como a la doctrina social de la Iglesia, pero no han tenido problema en prenderle fuego a sus templos cuando sintieron la necesidad. Y ya que hablamos de montoneros, podemos afirmar que tampoco han tenidodificultad para matar sacerdotes, aunque fueran tercermundistas.

Dicho sea de paso, el sucesor de Pedro, en su última encíclica “FratelliTutti”, consideró a la propiedad un derecho “secundario”. Ahora bien, cualquiera sea el grado de importancia que el Vaticano le conceda a las propiedades de los demás y a las propias (que son unas cuantas) no parece que esta degradación de un derecho fundamentalpara nuestra Constitución, habilite a “los compañeros” del Santo Padre a apropiarse de lo ajeno. Caso  contrario, la encíclica debiera llamarse “LadriTutti”.

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