Existen decisiones del gobierno nacional que evidencian ya, no sólo el doble discurso que todos conocemos, sino la falta de criterio a la hora de evaluar las medidas “correctas” ante esos “problemas” que, por sí solos, terminan con el discurso elaborado para la masa.
    El conflicto gremial docente de Río Gallegos -en la provincia del mismísimo matrimonio K- amenaza con terminar en un escándalo no sólo social, sino mediático a pesar de que muchos medios, si es que se los puede catalogar así, no escriban una sola línea al respecto.
    Pero este no es un reclamo más. En este, los ánimos son variados en ambas partes, por un lado, los peticionantes llevan sobre sus espaldas años de promesas no cumplidas, conocen muy bien el "actuar oficialista" por haberlo padecido y, por el otro lado, desde el gobierno nacional sienten la preocupación de que esta gente sabe muy bien de qué habla. Tal vez por ese motivo, antes de recibir un golpe que no puedan digerir o responder dignamente, algunos de los títeres provinciales, han hecho circular el rumor de que todo el reclamo no es más que una campaña política por la proximidad de las elecciones.
    La provincia que durante años gobernara nuestro señor Presidente, está plagada de casos de corrupción y de mala gestión de gobierno. De no haber sido por los recursos de la provincia y la asistencia del gobierno nacional en su momento (presidencia de Carlos Menem), seguramente la realidad de la misma hubiera sido muy similar a la de otras provincias en cuanto a panorama social se refiere, pero todo tiene un final, y esto se evidencia cuando las medidas son tan efímeras como las promesas de los responsables políticos.
    La imprudencia de haber “mostrado” como logro de gestión un aumento salarial a todos los docentes del país, tiene consecuencias que aún no las apreciamos pero que darán más de un dolor de cabeza a algún gobernador. En medio de la campaña política iniciada por el propio oficialismo, se movieron las piezas de la gran maquinaria denominada “militancia”.
    Así las cosas, el gobierno nacional ha hecho todas las gestiones necesarias para contener los diferentes reclamos sociales, ha pactado con los dirigentes sindicales más permeables a acuerdos que no son más que ingresos personales para ellos, pero que en definitiva no representan los intereses de los afiliados o del resto de los trabajadores.
    Esto indudablemente ha generado que en varios sindicatos, surjan “grupos” rebeldes que no reconocen los acuerdos y por fuera del propio sindicato realizan sus propias medidas de fuerza. Hasta acá, esto no causaba preocupación al oficialismo, ya que en estos casos la fuerza de los trabajadores se encuentra dividida.
    Otro cantar es lo que ocurre en Santa Cruz, allí el gremio apoya el reclamo, y en busca de un punto de acuerdo en común, incluso recurrieron a la mediación del Obispo Juan Carlos Romanín. A pesar de ello, el oficialismo no ha demostrado un real compromiso de llegar a una solución del conflicto, sino que por el contrario, ha preferido realizar campañas de desprestigio para con los sectores que reclaman mejoras. Obviamente con la ayuda de todo el aparato político, la prensa mercenaria, los grupos de choque y la fuerza "oficial", es decir, las fuerzas de seguridad, incluido el envío de tropas de la Gendarmería Nacional. 
    Esto, que no se justifica, es un papelón mayúsculo. Se pretende “coaccionar” a los manifestantes y, en ese marco, uno no puede dejar de compararlo con lo ocurrido en la Comisaría 24 de la Policía Federal por parte de piqueteros encabezados por Luis D'elía. Las medidas adoptadas en uno y otro caso demuestra que no hay igualdad ante la Ley ni ante el propio Estado.
    La profesora Milagros Pierini, un referente de los derechos humanos en la provincia, en una carta abierta, ha culpado directamente al Presidente de la Nación de lo que pudiera ocurrir, y de utilizar además de forma espuria los derechos humanos en beneficio propio, cuando en la provincia no ha sabido manejar adecuadamente esa sensible parte institucional de todo Estado.
    El envío de gendarmes a cubrir la marcha es una clara evidencia de que este reclamo molesta y mucho, el sorpresivo anuncio de un aumento del 15%, pero que no incluye la modificación del básico es otra muestra de la necesidad de poner orden en la provincia (Ver recibo haberes al pie).
    Al buscar información al respecto, debo confesar que sentí asco, sobre todo de algunos medios de la provincia, por la forma en que relataban el conflicto. Resulta gracioso, por así llamarlo, el ver publicidad oficial y pretender citar frases de ocasionales entrevistados, obviamente todas contra la marcha y la medida. Semejante muestra de servilismo, hacen cada vez más lejana la credibilidad de los medios de información.
    En este punto, debo destacar la cobertura de la Agencio de Noticias OPI, con variados artículos e imágenes, a ellos mis saludos y respeto, no es fácil escribir con independencia y mucho menos en una provincia controlada con la billetera y las presiones.
    También destacar la actuación mediadora y objetiva del Obispo Juan Carlos Romanín, personalmente me siento orgulloso del sacerdote en que se ha convertido, siempre demostró tener cualidades y condiciones para representar el verdadero camino de un representante de la obra de Cristo y de Don Bosco, pero su participación ciudadana, lo ha puesto en el lugar que debía ocupar, al frente de su rebaño. Tanto él como los sacerdotes que lo acompañan en su gestión, merecen de mi parte el más alto reconocimiento, en especial por impulsar a la gente a no temer expresarse.


Concluyendo

    La política oficial encuentra en sus actos desesperados su propio enemigo, muestra su lado más débil, y hasta se muestra incoherente, a días de que se conmemore en todo el país con distintos actos el repudio del 24 de marzo de 1976, es el propio gobierno nacional el que toma la decisión de “amedrentar” con la saturación de efectivos las calles de Río Gallegos, y más aún, “blindar” la casa del propio Kirchner.
    ¿Qué hizo el presidente en su gestión municipal y provincial para solucionar un conflicto que tiene más de 15 años de duración?
    ¿Quién paga las movilizaciones de efectivos y de “mercenarios” en este tipo de operaciones?
    ¿Qué preocupa tanto al oficialismo, como para callar en los medios las acusaciones de los manifestantes?
    ¿Hasta cuándo seguirán mintiéndonos en la cara minimizando la cantidad de manifestantes y sus reclamos?
    ¿Cuándo terminará esa obsesión de controlar todo que tiene el Ejecutivo?
    ¿Sentirán vergüenza algún día los medios y periodistas que hoy escriben mentiras en sus páginas?
    ¿Estamos tan bien en materia de seguridad como para enviar tropas a una marcha y no hacer nada por controlar la escalada de robos y ataques a jubilados que el Ministro del Interior prometió públicamente combatir?
    Dicen que perro que ladra no muerde pero, por las dudas, vacúnese.
    Me queda una reflexión relacionada con el tema. El oficialismo no ha aprendido nada, pero lo peor es que con sus acciones nos quieren enseñar algo, algo que se llama “temor”: temor a reclamar, temor a exigir, temor a unirse.

Marcelo Hawrylciw
Diario El sindical

Recibo de sueldo trabajador Santa Cruz (Gentileza Agencia OPI)