Cuando la vicepresidenta mencionó en su tan comentada carta pública a “los funcionarios y funcionarias que no funcionan”, comenzaron a circular listas con los nombres que podía incluir semejante referencia. En todos figuraba María Eugenia Bielsa, la ya renunciada ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. Propios y extraños pensaban en ella, más allá de ser muy ponderada por el propio presidente, al que le dolió mucho eyectarla.

Pero cuando en los días previos a esa salida quien esto escribe le preguntó a una figura del Gobierno sobre los funcionarios que funcionan, nuestro interlocutor dijo que para él la manera de verificarlo es siempre analizar el gasto del presupuesto de cada área.

Era innegable de quién estaba hablando, pues a la hermana del técnico del Leeds le reprochaban la falta de ejecución de sus partidas presupuestarias, lo que es decir que un área clave como es vivienda no estaba rindiendo lo esperado. Hay explicaciones para semejante mora, la mayoría atribuibles a la pandemia, que entre otras cosas puso un freno a la construcción. Pero la suerte de la exvicegobernadora de Santa Fe estaba echada, para muchos desde que la carta de Cristina Kirchner vio la luz.

En su lugar asume Jorge Ferraresi, quien es intendente de Avellaneda, pero a partir de que se confirmó que era el elegido para reemplazar a Bielsa se hizo más hincapié en su cargo cuasi honorífico: vicepresidente del Instituto Patria. Pareciera entonces una regla no escrita que todo funcionario renunciante sea reemplazado por un cristinista. En efecto, a Alejandro Vanoli lo sucedió al frente de la ANSeS la camporista Fernanda Raverta; a Sergio Lanziani lo reemplazó en la Secretaría de Energía Darío Martínez, primer denunciante de Mauricio Macri por los Panamá Papers.

¿En quién pensará Cristina si terminara yéndose Marcela Losardo?… La referencia encuentra un rechazo rotundo en Olivos  -donde el presidente cumple riguroso aislamiento luego de que el positivo de Gustavo Beliz dejara fuera de circulación a medio gabinete-, pues la ministra de Justicia es socia y amiga de Alberto Fernández y entregar su cabeza sería una capitulación que no está dispuesto a conceder. Pero lo cierto es que cerca del mandatario tomaron como una señal muy negativa la fuerte crítica que días pasados lanzó otro muy allegado a CFK como Leopoldo Moreau, que le reprochó a la ministra que “haya aparecido solamente para esto”, en referencia a su defensa de la postulación de Daniel Rafecas, cuando “hace seis meses estamos debatiendo cuestiones judiciales como el caso de Stornelli, la situación del procurador Casal y la reforma de la Justicia, nada más y nada menos”.

A propósito, salvo esa referencia, casi no se habla ya de la reforma judicial. El presidente ha dicho que sigue esperando que la Cámara de Diputados “se digne” a tratarla, pero no sonó como un reproche hacia Sergio Massa, sino a una oposición que en este caso logró reunir una masa crítica suficiente para que el oficialismo no se arriesgue a tratarla y perder. “Estamos esperando una propuesta de la oposición respecto de qué cosas está dispuesta a reformar y qué no, entendiendo que la justicia está en deuda con la sociedad argentina”, señaló a este medio alguien del Gobierno. El problema, razonó, es que “no hay una oposición… hay cada vez más oposiciones. Hay falta de personería jurídica en la oposición”, ironizó la fuente.

Esa propuesta no llegará, como tampoco quieren en Juntos por el Cambio complicarse con el tema Rafecas: “Hace 8 meses que el pliego está en el Senado y no lo mueven, así que es el Gobierno el que debe resolver qué quieren hacer con él”, explicó a este medio uno de los jefes de la oposición parlamentaria.

Precisamente en el plano legislativo es donde los últimos días el oficialismo mostró fisuras. Son conocidas las diferencias entre los presidentes de ambas cámaras, preexistentes a la llegada del Frente de Todos al poder. Así y todo conviven. Pero la vicepresidenta no es de olvidar rencores, y lo dejó escrito en la carta del 26 de octubre en la que recordó lo que su par de Diputados decía de ella en el pasado. La crítica esta vez no la expresó ella, sino los senadores, que se quejaron en privado del jefe de la Cámara baja y el papel que tuvo con el Presupuesto, en cuyo debate -recordemos- no hubo discurso de cierre de Máximo Kirchner. En la sesión del jueves no fue CFK la que hizo público el error al omitir el envío de un anexo con planillas de obras proyectadas, sino el miembro informante por el oficialismo, que al concluir su exposición sorprendió al anunciar que el proyecto volvería en revisión a Diputados.

¿Le habrán avisado al ministro de Economía que la sanción del Presupuesto se iba a retrasar, o se enteró al escucharlo desde uno de los palcos del Senado?

Pero aún faltaba una sorpresa más para ese jueves cargado. Cuando el debate por la ley de leyes llegaba a su fin, desde el propio Senado el kirchnerismo anunció que el oficialismo de la otra Cámara había pedido una sesión especial para el martes venidero, para tratar el postergado impuesto a la riqueza. El proyecto de “aporte solidario” estará acompañado por otro proyecto de Máximo Kirchner no menos polémico: el que prohíbe por 60 años los desarrollos inmobiliarios en tierras incendiadas, y también cualquier uso diferente al que tenía antes de un incendio.

El tema es que el proyecto conocido como “impuesto a la riqueza”, anunciado a poco de iniciada la pandemia por el periodista Horacio Verbitsky en un reportaje que le hizo al presidente -quien puso cara de enterarse ahí-, sufrió mil postergaciones. Su presentación se fue dilatando, y su dictamen se alcanzó recién a fines de septiembre; pasaron casi dos meses sin que llegara al recinto. Es que Alberto Fernández nunca estuvo convencido de esa iniciativa de Máximo K que redactó Carlos Heller, y todo indica que prefería cajonearla. La semana anterior una encumbrada fuente del oficialismo había confiado a este medio que la demora en el tratamiento del proyecto tenía que ver con la necesidad de aguardar a la presentación de la reforma tributaria, “para que no se pisen” en sus artículos. “Lo mejor para trabajar es tener terminado el proyecto de reforma tributaria y ahí Heller y Máximo puedan comparar y ver entre especialistas tributaristas que no se produzca ninguna distorsión en el sistema”, confiaba nuestra fuente.

Toda una sorpresa debe haber sido para el presidente, Martín Guzmán y Sergio Massa, enterarse el jueves del pedido para tratar en sesión especial ese tema este martes. Una señal muy impactante respecto de lo parcelado que está el poder dentro de la coalición gobernante, con intereses que se contraponen entre los propios poderes.

En tren de dar señales, la sanción del Presupuesto tuvo una demora imprevista ante los ojos de los representantes del Fondo que por estos días nos visitan, y será aprobado el mismo día en que se trate un proyecto que es visto con preocupación por los inversores. Cierto es que al FMI no le incomoda que el Estado recaude más con nuevos impuestos, pero sí que haga los ajustes a los que se comprometa.

Comenzó a cumplir el Gobierno con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se anunció esta semana y se debatirá en los  próximos días en el Congreso. A diferencia de la fórmula aprobada bajo catorce toneladas de piedras, esta no contempla a la inflación, aunque sus auspiciantes aseguren que “es absolutamente reparadora”. Cálculos que expuso el diputado Luciano Laspina (PRO) en el debate en comisión determinan que el Gobierno se ahorró 100 mil millones con el cambio de fórmula.

Y en este marco es que el Gobierno anunció a través de Vilma Ibarra que mandará antes de fin de mes el proyecto para legalizar el aborto. Fue una verdadera sorpresa para propios y extraños, aunque no faltan quienes vinculen su impulso con el ajuste en ciernes. Cerca de Massa confiaban hace pocos días que al menos este año el tema sería postergado: en medio del estrés sanitario que representó la pandemia, poner otro tema de política sanitaria en discusión sería cuanto menos complejo, razonaban.

Pero los problemas para aprobarlo no están en esa Cámara, sino en el Senado, donde el rechazo se impuso 38 a 31 hace dos años y desde entonces la composición del cuerpo no ha variado sustancialmente. Se juega mucho el Gobierno, que apuesta a la aprobación. Dependerá de Cristina Kirchner, que manda en la Cámara alta y en cierta forma será su responsabilidad conseguir los votos.

¿O acaso es una devolución de atenciones para con la exmandataria, que se ha mostrado ajena a cualquier responsabilidad en esta coyuntura crítica? ¿Tendrá que ver que el anuncio lo haya hecho Vilma Ibarra, otra de las apuntadas en la carta pública de la vicepresidenta?