El impuesto “a los ricos” recaudará poco, unos 300.000 millones de pesos según la previsión optimista de los autores. El déficit de los primeros ocho meses del año –último dato consolidado– fue de 1 billón 340 mil millones de pesos. El nuevo tributo no moverá las agujas de la penuria fiscal.

Los diputados oficialistas lo defendieron como un acto de justicia distributiva. No es lo que indica el texto que votaron.

Sólo la cuarta parte tendrá una finalidad social. El 20% se destinará al programa de becas educativas Progresar. Y el 15%, a mejoras en las villas miseria.

La porción más generosa –el 25% – se aplicará a planes gasíferos que las estatales Enarsa e YPF, en rojo intenso, no pueden fondear. El resto se repartirá entre la compra de insumos sanitarios críticos y subsidios de créditos a pymes, que ya existen.

Los expertos alertan que el nuevo impuesto es inconstitucional. Descuentan una catarata de pleitos judiciales que terminará en la Corte.

Las personas con mayor capacidad contributiva deben pagar más. Es un imperativo ético obvio.

Sin embargo, no debe soslayarse el contexto. El 40% de la economía opera en negro. El 60% restante debe pagar, por todos, 165 impuestos. La presión tributaria es del 24% del producto bruto, de la riqueza que genera el país. Para los que pagan, es del 40% en promedio.

Un informe del Banco Mundial señala a la Argentina como el país más gravoso para las empresas. Su carga tributaria llega al 106% de las ganancias. Un extraordinario estímulo a la evasión, que agrava la inequidad del esquema.

El proyecto con media sanción grava a personas físicas. Pero no excluye a los bienes de producción. Castiga a la inversión.

Está mal diseñado, su legalidad es al menos dudosa, carece de los efectos redistributivos que le atribuye el discurso oficialista, penaliza la producción y acentúa la desconfianza. Obstaculiza la reactivación, sin la cual es imposible una mejora social. Es, ante todo, un hecho político.

Sostiene un relato compensatorio ante los efectos del ajuste, que el kirchnerismo tolera –al menos hasta ahora—pero demoniza.

La confrontación con “los ricos” sirve para contener a la militancia. Aunque no, como vimos, para rescatar a los pobres, cada vez más pobres.

La canasta alimentaria básica, la que marca la línea de indigencia, acumula este año un aumento del 46%, casi 20 puntos más que la inflación. Testimonio demoledor de una redistribución negativa de los ingresos que aumenta la exclusión.

En el juego de las internas, la media sanción de anoche es una reafirmación de poder del kirchnerismo duro. Y de Máximo Kirchner en particular, en tu triple condición de autoridad parlamentaria del oficialismo, jefe de La Cámpora y príncipe heredero.

Máximo alineó a gobernadores y aliados legislativos –Schiaretti y Lavagna incluidos— detrás de un impuesto que critican en privado, entre otras causas, por no se coparticipa. E hizo comparecer en el recinto a Martín Guzmán. Lo llamó él mismo para que fuera. El ministro le había prometido a la cúpula empresaria de AEA que la iniciativa que ahora avanza seguiría en el freezer