El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, más conocido como “comisión Beraldi”, le recomendó al presidente Alberto Fernández ampliar y equilibrar las representaciones en el Consejo de la Magistratura, que sus miembros cumplan mandatos de cuatro años sin reelección consecutiva y que sus designaciones sean sometidas a audiencias públicas.

Así se desprende del informe final de más de 1.000 páginas y cuatro capítulos que el comité de 11 expertos terminó de redactar ayer, y que será elevado formalmente en los próximos días al Poder Ejecutivo, según informaron fuentes vinculadas al organismo.

Con distintos grados de adhesión y diferentes fundamentos, el cuerpo propuso que el Consejo de la Magistratura pase de 13 a 16 integrantes, con 4 representantes del sector político, 4 de los jueces, 4 de los abogados y 4 del sector académico.

Además, el dictamen sugiere que cada consejero cumpla un mandato de cuatro años y que pueda renovar “mediando un intervalo” de manera de garantizar “el principio de periodicidad de los mandatos”.

El documento también recomienda “una instancia pública durante la cual la comunidad interesada pueda conocer a quienes integrarán el Consejo de la Magistratura de la Nación”, para lo que solicita “la realización de una audiencia pública”.

En relación a la nueva integración del Consejo, el informe contiene posturas que van desde la necesidad de sancionar una ley especial, hasta quienes, en minoría, se opusieron a “aumentar el número de representantes de personas del ámbito académico y científico en desmedro de la representación que debería tener el Poder Ejecutivo”.

Por otra parte, el comité de especialistas aconsejó que la presidencia de la Magistratura sea ejercida “de forma rotativa entre todas las representaciones, por plazo de un año y con alternancia de género”, y que las representaciones sean designadas respetando la paridad de género y el federalismo.

Según el dictamen, los representantes políticos deberían surgir de “la mayoría y minoría parlamentaria”, mientras que los abogados deberían integrarse con miembros de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

En tanto, los académicos deberían provenir “no sólo del ámbito del Derecho sino también de otras profesiones y especialidades, sin que sea necesario para los últimos contar con el título de abogado”.

En cuanto a la administración presupuestaria, los consejeros sugirieron la sanción de una ley que “ponga fin a los insostenibles debates y pujas en torno al manejo del presupuesto y funcionamiento administrativo del Poder Judicial de la Nación, entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura”.

En esa línea, mencionaron que como “posible solución” para “lograr esta armonía”, la incorporación, dentro del estamento de los jueces que integran el Consejo, de un juez de la Corte Suprema.

A propósito del funcionamiento administrativo del organismo, los expertos recomendaron “limitar la cantidad de asesores por consejero”, e incluso “reducir -y reasignar en caso de corresponder- la planta permanente” del cuerpo.

Otro apartado del informe final del Consejo Consultivo se refiere a los procesos de selección y remoción de magistrados, y allí se recomienda “establecer plazos razonables para la duración de los procesos de selección, incluyendo la remisión de ternas y el envío de pliegos al Senado”.

Los especialistas propusieron la implementación de “acciones positivas” para garantizar la igualdad de género en el acceso a los cargos de jueces y juezas, como “estimular la inscripción de mujeres y otras identidades” e inclusive suspender concursos cuando no exista una representación paritaria.

Por su parte, el consejo asesor sugirió que los procesos disciplinarios “deberían tener un plazo de un 1 año” y no de 3 como ocurre en la actualidad, garantizándose una “mayor participación de los denunciantes en el proceso”, menciona el informe.