El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, más conocido como “comisión Beraldi”, trabaja contrarreloj en la redacción del informe final con recomendaciones para la reforma de la Justicia que le presentará este miércoles al presidente Alberto Fernández.

Aunque todavía no está concluida la versión final del dictamen, trascendió de fuentes ligadas al cuerpo que se trata de un documento de 700 páginas, dividido en cuatro capítulos y un anexo, que contendrá propuestas fundamentadas de los consejeros, tanto en versiones de mayoría como de minoría.

Para cada uno de los cinco temas que figuran en el decreto 635 de convocatoria del organismo habrá “dictámenes distintos y diferentes posiciones”, incluyendo el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y los Ministerios Públicos, como así también en relación a los juicios por jurados y la transferencia de las competencias no federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuentes vinculadas al consejo asesor aseguraron a la agencia de noticias Télam que la recomendación para ampliar la Corte Suprema de cinco a nueve miembros “quedó descartada” y solo será avalada por uno de los consejeros “a través de un dictamen de 100 páginas”.

A su vez, el informe mostrará divergencias sobre la posibilidad de crear un tribunal intermedio para descongestionar de causas a la Corte: algunos miembros “postularán la conformación de un tribunal de casación no penal, y otros uno que analice los planteos de arbitrariedad, mientras que también hay consejeros que se oponen a la generación de tribunales intermedios”, señalaron los voceros.

En relación al Procurador General, la recomendación mayoritaria será que su elección se produzca por mayoría absoluta (y no por mayoría agravada) y que su eventual destitución se realice por juicio político.

Los consejeros acordaron que el mandato del procurador debería ser limitado en el tiempo, y no vitalicio, aunque habrá posturas diferentes acerca de cuánto debería durar cada mandato (y si puede ser reelegido) y hay quienes sostienen que ello debe ser resuelto por los miembros del Congreso.

En cuanto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el comité de expertos mostró acuerdo en que debería ampliarse su conformación de 13 a 16 integrantes, y también en que deberían designarse cuatro representantes de los jueces, cuatro de los abogados, cuatro del sector académico y cuatro de los organismos políticos.

La última jornada de deliberaciones del consejo consultivo continuó la tónica de los anteriores encuentros, con “gran diversidad de criterios, muchas divisiones y una enorme dispersión que dificultó el armado del informe definitivo”, contó otra fuente que participó del encuentro.

Una prueba de ello es que la reunión de cierre del comité de especialistas estaba prevista para el pasado sábado 14, pero ante la falta de consenso se programó otro encuentro para hoy, que finalmente tuvo que dividirse en dos partes (la primera de 11 a 13 y la segunda a partir de las 15 y hasta las 18) para poder concluir con el trabajo.

Sobre el debate producido en las últimas horas, las fuentes señalaron que en muchos de los temas hubo mayorías ajustadas, como la de seis votos contra cinco a favor de las modificaciones, tanto en la designación del Procurador General como en el funcionamiento de ese Ministerio Público.

Con el mismo nivel de diferencias y acuerdos se llegó a las recomendaciones vinculadas con la instauración de los juicios por jurado, la transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires y el funcionamiento y composición del Consejo de la Magistratura.

El informe llegará a las manos del presidente Fernández dividido en cuatro capítulos: uno introductorio donde se resumen las conclusiones de las 25 reuniones mantenidas con entidades e instituciones relacionadas al Poder Judicial, y otro con enfoques transversales acerca de cómo implementar el federalismo y las cuestiones de género en el funcionamiento de la Justicia.

El tercer capítulo estará dedicado a los fundamentos de los consejeros sobre los diferentes temas y el último es el que enumerará las recomendaciones.

“En general fue una tarea muy dificultosa. El informe tardó en compaginarse porque hubo posturas cambiantes. El informe refleja esa complejidad de criterios”, concluyó una de las fuentes que participó de las deliberaciones.

El consejo asesor está conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.

Para tratar los cinco temas que componen su objeto de creación, el cuerpo mantuvo reuniones con integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, de los colegios de abogados, de los ministerios públicos (Fiscalía y Defensa) de la Cámara de Casación, de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sociales como Fundejus (Fundación de Estudios para la Justicia), entre otras.

Algunas de las entidades que participaron de los encuentros efectuaron pedidos concretos a la comisión, como la "Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (Jufejus) que planteó la necesidad de limitar el tipo de causas que llegan desde cada jurisdicción a la Suprema Corte, entre otras solicitudes.