La tensión entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta aumenta cada día más. Esta semana, con el sorpresivo apoyo de los legisladores que responden al gobernador Juan Schiaretti, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que le quita fondos a la Ciudad de Buenos Aires para dárselos a la provincia gobernada por Kicillof y que así pueda solventar el aumento salarial de la policía bonaerense. Frente a la arremetida del gobierno nacional, Rodríguez Larreta respondió en duros términos: “Nos quieren hacer arrodillar”. Ayer esta batalla sumó un capítulo más, cuando se firmó el nuevo Pacto Fiscal entre el presidente Fernández y todos los gobernadores, pero con la destacada ausencia del jefe de gobierno porteño.

Más allá de las cuestiones fiscales, detrás de la quita de recursos a la ciudad hay una clara intencionalidad política. Rodríguez Larreta se ha transformado en uno de los máximos líderes de la oposición (¿presidenciable de cara a 2023?) y en el dirigente con mejor imagen del país (según datos de D’Alessio IROL – Berensztein su imagen positiva en noviembre fue del 52%). Por eso, el presidente Fernández lo percibe como una potencial amenaza.

La relación histórica entre oficialismo y oposición no siempre ha mostrado este alto nivel de confrontación. Vale la pena realizar un breve repaso histórico para poner en contexto el actual enfrentamiento y comprender la estrategia de Alberto Fernández, que se enmarca en una lógica de confrontación propia del kirchnerismo.

En el retorno a la democracia, el presidente Alfonsín estableció un vínculo de colaboración y respeto mutuo con los gobernadores. Por ese entonces había más gobernadores radicales, esto equilibraba en parte el escenario político (en Chubut, Río Negro, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Misiones había gobernadores de la UCR), pero a la vez, la CGT, de fuerte raigambre peronista, asumió una actitud muy obstruccionista que limitaba enormemente el margen de acción con el que contaba el gobierno (Alfonsín sufrió los tristemente célebres 13 paros generales organizados por Saúl Ubaldini). No obstante, en momentos decisivos como en la semana santa de 1987, los dirigentes radicales se entremezclaron con los peronistas en el balcón de la Casa Rosada. Esto pone de manifiesto que, a pesar del obstruccionismo de la CGT, prevalecía un espíritu de dialogo a la hora de garantizar la gobernabilidad.

Alfonsín formó sobre todo con el ala más “cafierista” del peronismo un lazo de cooperación. Es innegable que también existieron algunos movimientos político-electorales por parte de los radicales: a medida que se aproximaban las elecciones presidenciales de 1989, el gobierno nacional de la UCR se acercó a Carlos Menem, buscando que este venciera en la interna peronista, presumiendo (de forma errada) que el riojano sería un adversario menos competitivo. A pesar de esto, durante todo el gobierno de Alfonsín el vínculo entre gobierno y oposición se vio caracterizado en términos generales por una cooperación responsable.

Durante los noventa, a pesar de que Menem fue un presidente tendiente a concentrar el poder, se lograron construir instancias de dialogo fluido entre oficialismo y oposición. Este dialogo de tinte cooperativo se materializó en el Pacto de Olivos, que devino en la reforma constitucional de 1994. Hoy sería utópico pensar en una reforma de tal magnitud, fruto de un gran acuerdo político entre las principales fuerzas. A nivel subnacional, también la administración bonaerense de Eduardo Duhalde estableció un pacto de gobernabilidad con el radicalismo. Había confrontaciones y disputas, como en todo proceso político, y momentos de desencuentro en el que el menemismo avanzaba haciendo valer sus mayorías, pero muchos de los objetivos que se propuso el PJ durante esos años fueron producto del consenso con el radicalismo. En este sentido, hubo una continuidad con la dinámica previa desplegada por Alfonsín.

La llegada de Néstor Kirchner al poder implicó una actitud distinta hacia la oposición, pero no necesariamente una profundización de las tensiones. La estrategia desplegada por Kirchner fue la de intentar cooptar a la oposición. Fueron los tiempos en los que nació la transversalidad, la Concertación Plural y el radicalismo K. Néstor Kirchner creía que la incorporación de otras agrupaciones lo dotaría de una mayor profundidad política y podría crecer hacia los sectores medios del electorado. Ciertamente esta estrategia obtuvo un relativo éxito: muchos dirigentes radicales o de otras fuerzas (Pechi Quiroga, Gerardo Zamora, Leopoldo Moreau, o el propio Julio Cobos, entre otros) pactaron con gobierno nacional, algunos siguen hasta hoy integrando las filas del Frente de Todos, y otros se han alejado luego de la radicalización kirchnerista. Este movimiento de Néstor Kirchner debilitó a la oposición que quedó desdibujada ante la fuga de muchos de sus dirigentes.

Durante la presidencia de Cristina Kirchner, el conflicto con el campo por la Resolución 125 marcó un antes y un después. El gobierno dio un giro hacia la radicalización, la cual abarcó a todas las áreas, incluyendo a la relación con la oposición. A partir de ese momento nació el kirchnerismo como tal y comenzó una actitud de mayor agresividad hacia los adversarios políticos. La confrontación se hizo extensiva también a dirigentes afines, que no representaban a rajatabla la pureza de ese “nuevo kirchnerismo” (como le sucedió a Daniel Scioli, a los Rodríguez Saá y al peronismo cordobés de De la Sota y Schiaretti). Esta dinámica confrontativa caracterizó al segundo gobierno de Cristina entre 2011 y 2015, dilapidando la posibilidad de alcanzar acuerdos transversales entre oficialismo y oposición.

Mauricio Macri retornó a la lógica original de un vínculo cooperativo entre oficialismo y oposición que se había dado con el retorno a la democracia. En buena medida esto se debió a que el Senado estaba en manos peronistas, al igual que muchas provincias, pero sobre todo por la vocación de buscar acuerdos para avanzar en las reformas que intentaba impulsar. El Pacto Fiscal (a partir del cual los gobernadores se obligaban a bajar progresivamente el impuesto a los Ingresos Brutos entre otros compromisos) se inscribió dentro de esta lógica acuerdista. Se haya o no logrado el objetivo, el gobierno de Macri buscaba así crear un federalismo más responsable y previsible.

Lamentablemente el presidente Alberto Fernández decidió retornar a la lógica del kirchnerismo, con la intención de debilitar todo lo posible a la oposición, en especial a los dirigentes que percibe como potenciales amenazas políticas. Dentro de este ataque a Rodríguez Larreta se esconde un componente personal y otro geográfico. El componente en términos personales se vincula directamente con la gestión relativamente exitosa que Rodríguez Larreta puede mostrar en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual a su vez desnuda las deficiencias y los fracasos que acumula el Frente de Todos, tanto a nivel nacional como provincial (principalmente en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante en cantidad de votos). El gobierno nacional intenta quitarle recursos para limitar las capacidades con las que cuenta el jefe de gobierno porteño y no sufrir tanto estas desfavorables comparaciones.

El segundo elemento, el geográfico, está relacionado al hecho de que la Ciudad es un semillero de dirigentes que constantemente amenazan al peronismo (De la Rúa, Macri y ahora Rodríguez Larreta, pero también Lousteau o Carrió -que construyó su carrera política en este distrito). La Ciudad es históricamente un distrito esquivo para el peronismo, al tiempo que la cuna de dirigentes que amenazan su hegemonía, por lo que el daño colateral de quitarle recursos a los porteños se ve compensado por el beneficio relativo de debilitar a los potenciales adversarios de cara al futuro. No obstante, los intentos del peronismo por frenar los avances de la oposición porteña recurrentemente terminaron fracasando: De la Rúa llegó a presidente en 1999 y Macri en 2015; por lo que nada asegura que el freno a los dirigentes porteños (incluyendo a Rodríguez Larreta) tenga éxito esta vez.

Atrás quedaron los tiempos de “mi amigo Horacio” y el Frente de Todos se encarga, como lo hiciera antes el kirchnerismo, de aumentar cada vez más la confrontación y la tensión con la oposición. En este marco, no es posible que la Argentina encare los acuerdo políticos y sociales amplios que necesita para salir de la decadencia (o para ponerlo en palabras de Cristina, para resolver el problema de la economía bimonetaria). La dirigencia argentina ha ido postergando, incluso durante los momentos de mayor dialogo, los debates importantes como el de la coparticipación, ignorando el mandato constitucional de 1994, la reforma laboral o el régimen fiscal. Por la falta de cooperación entre la clase política y los enfrenamientos con meros intereses electorales, los principales perjudicados al final del día son los argentinos.