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Hay cuestiones como el deterioro de la educación o el crecimiento de la pobreza que no pueden faltar en un discurso políticamente correcto. Nos da patente de personas preocupadas por los grandes problemas del país y apariencia de cercanía con los perjudicados. En fin, nos tranquiliza la conciencia. ¿Pero realmente nos importan estos problemas? Porque, si analizamos lo que efectivamente hacemos para revertirlos, la respuesta es categóricamente “no”.
Como todos sabemos, la pérdida de la calidad educativa y el aumento en la cantidad de pobres lleva, digamos, medio siglo. Y, por supuesto, todos los gobiernos asumen que son una prioridad y que van a ocuparse de subsanarlos. Pero nada de eso termina pasando. Un comparativo de una de estas problemáticas es revelador: a comienzos de los ’70 la pobreza rondaba el 4 % y, según la reciente medición de la UCA, alcanza actualmente al 44,2 %.
Detengámonos en los últimos gobiernos. El kirchnerismo tuvo como una de los principales banderas la justicia social y durante la presidencia de Néstor Kirchner las condiciones económicas mundiales fueron excepcionalmente buenas. Pero Cristina dejó el cargo con casi un 30% de pobres. Mauricio Macri tuvo la osadía de proponerse alcanzar “pobreza cero” y no solo no pudo bajarla, sino que se fue de la Casa Rosada dejando más pobres.
A poco de asumir Alberto Fernández estalló la pandemia y los indicadores sociales se agravaron por la parálisis de la economía. Si se quitan todas las ayudas que se dieron en estos meses para paliar la situación, la pobreza superaría el 50%. Más del 60% de los niños y adolescentes viven en hogares pobres y el 16 % de ellos, en la indigencia. Por no hablar de los niveles de deserción educativa, superiores al 50 % en la escuela secundaria.
Los datos están allí. Son elocuentes. Y no hay analista que no diga que para revertir semejante situación se requieren políticas de Estado, o sea, acciones de mediano y largo plazo fruto de grandes consensos entre todas las fuerzas políticas con el acompañamiento de todos los sectores de la sociedad civil. Pero ningún gobierno avanza en esa línea. De hecho, Mauricio y Alberto se comprometieron en campaña y no cumplieron.
En los últimos años no solo no se avanzó en la búsqueda de grandes acuerdos, sino que se hizo todo lo contrario. Macri trató de aprovechar la tristemente famosa grieta para sacar rédito electoral. Fernández -que había puesto como uno de los tres objetivos de su gestión la unidad de los argentinos- se la pasa criticando a la oposición y últimamente tratando de acorralar económicamente a Horacio Rodríguez Larreta.
Evidentemente, el embate del kirchnerismo hacia la Justicia que no le es dócil frente a las causas de corrupción –particularmente las que involucran a Cristina- abroquela a la oposición y a buena parte de la ciudadanía constituyéndose en otro obstáculo para buscar acuerdos. Hasta rechaza un entendimiento sobre el nuevo procurador general que fue propuesto por el mismísimo presidente de la nación.
Más aún: el presidente envía al Congreso un proyecto para la legalización del aborto que, si bien tiene todo el derecho de hacerlo, es otro factor más de desunión. Y de hacerlo en medio de una pandemia. De hecho, ambos aspectos fueron objetados tanto por la Iglesia católica como la mayoría de las iglesias evangélicas. Máxime si se tiene en cuenta que un proyecto similar ya se trató en 2018.
Más allá de estar a favor o en contra de la legalización del aborto, viene a cuento el contraste entre el drama social y la actitud de cierta dirigencia, que marcó el padre Pepe, el conocido cura villero. Dijo: “Cierta indignación produce, porque estamos trabajando para que la gente tenga un plato de comida, que nos vengan con esta ley que no tiene nada que ver, menos en este tiempo”.
