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El chavismo montó el domingo una farsa electoral para apoderarse del parlamento, la única isla institucional que le faltaba anexar.
Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Turquía e Irán reconocieron la validez de los comicios. Todas, dictaduras o regímenes con credenciales democráticas adulteradas.
La mayoría de la comunidad internacional condenó el fraude de Maduro. Estados Unidos, las potencias europeas y 16 países de América latina reclamaron anular las elecciones.
Argentina optó por aislarse en un silencio cómplice.
Se rehusó a firmar el documento del Grupo americano de Lima, que integra pero cuestiona por su aval al bloqueo norteamericano al régimen de Caracas.
Tampoco rubricó la declaración del Grupo de Contacto Internacional, al que Argentina se incorporó con vocación manifiesta de protagonismo hace apenas cuatro meses. Allí participan la Unión Europea y algunos países de la región, entre ellos Costa Rica, Ecuador y Uruguay.
Este conglomerado promueve una salida democrática negociada con el oficialismo y la oposición de Venezuela. El intento, bendecido por el Papa Francisco, ofrecía una salida honorable a Maduro para viabilizar la restauración pacífica de una democracia plena. Naufragó por la intransigencia del chavismo, que avanzó sobre los escombros del sistema institucional y se sumergió en una borrachera de represión y violencia.
Asesinatos, torturas, cárcel a los disidentes, todo tipo de violaciones a los derechos humanos fueron documentadas en el lapidario informe que las Naciones Unidas encargaron a la socialista chilena Michel Bachelet.
El cordobés Daniel Zovatto, director de IDEA internacional –una ONG que integran expresidentes progresistas de la región–, detalló los mecanismos de la trampa electoral: ausencia de árbitro independiente, padrón irregular y desactualizado, partidos intervenidos por la justicia adicta al poder, violaciones al secreto del sufragio, voto automático con máquinas no auditadas, impedimento de acceso a observadores internacionales.
El Estado volcó además recursos económicos cuantiosos a favor del dispositivo eleccionario oficialista. Y presionó hasta la extorsión a la impresionante legión de ciudadanos que dependen de los bolsones alimentarios que distribuye el gobierno. “El que no nos vota no come”, amenazó en público el número dos del régimen, Diosdado Cabello.
El gobierno informó que sufragaron seis millones de venezolanos, el 30% del padrón. Los opositores estimaron que sólo lo hicieron 4 millones, el 20%.
Otros cuatro millones de venezolanos ya habían votado estos años con los pies –emigrando o buscando asilo–, según datos del ACNUR, organismo de las Naciones Unidas para los refugiados.
El silencio del gobierno argentino encubre este desastre institucional y humanitario, que destruye a Venezuela. Configura una autosegregación de la comunidad de países democráticos. Y también un distanciamiento de la futura administración norteamericana de Joe Biden, intransigente en su condena a Maduro.
La diplomacia de Alberto Fernández ha sido fiel a su estilo. Practicó un insólito slalom, entre el apoyo, la condena con reservas y ahora el mutismo disfrazado de neutralidad.
En el fondo, es otro acto de subordinación a la jefatura política de Cristina Kirchner, cuyo alineamiento con Caracas sigue inalterable.
