En el día de hoy, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1012/2020, por el cual el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, aceptó la renuncia del titular del organismo de control que se ocupa –entre otras cosas- de que la información pública llegue a manos de quienes la solicitan.

En los últimos años, la Agencia de Acceso a la Información Pública fue de gran ayuda para que muchos ciudadanos, organizaciones de todo tipo y periodistas, accedieran a esos datos que los funcionarios siempre quieren ocultar.

En este contexto, la Agencia en cuestión dictó importantes resoluciones fijando criterios favorables a una mayor transparencia. En muchos casos, dichas decisiones fueron aceptadas y acatadas, aunque a regañadientes, por las autoridades públicas.

Desde ya que la gestión de Bertoni careció de la osadía necesaria, en un país donde el ocultamiento suele ser la regla, si la transparencia afecta seriamente al poder. En efecto, el ahora renunciante no impulsó amparos o denuncias penales, en aquellos casos en que los funcionarios del anterior y del actual gobierno desobedecían sus decisiones, y persistían en la negativa de entregar información pública a los ciudadanos que la reclamaban.

Así, omitió utilizar facultades que la ley le otorgaba, y dejó en soledad a los ciudadanos reclamantes que, no en todos los casos, continuaron por la vía judicial.

No obstante lo dicho, el ente exhibió independencia de criterio, aún respecto de aquel gobierno que había designado al funcionario saliente.

Ahora bien, la renuncia de Bertoni abre una vacante que será llenada con un funcionario designado por el oficialismo; es decir, por un gobierno que, reiteradamente, se niega a brindar la información que le solicitan los ciudadanos, y que tiene un claro sesgo autoritario. Dicha designación, tendrá lugar luego de una audiencia pública donde el candidato podrá recibir observaciones o adhesiones por parte de la ciudadanía, que de ningún modo serán vinculantes para el Poder Ejecutivo.

El riesgo de que la Agencia de Acceso a la Información Pública siga los pasos de la Oficina Anticorrupción y se transforme en un ente de control que no molesta al poder es inminente. Sin lugar a dudas, la renuncia que fue aceptada hoy constituye un grave daño a la República.

© Tribuna de Periodistas, todos los derechos reservados